Igualdad prepara una Unidad Multidisciplinar en violencia para proteger a mujeres y niñas en Ceuta

A fecha de 31 de agosto de 2026 no consta en las Cortes Generales ninguna iniciativa formal titulada explícitamente “Estrategia estatal contra la violencia de género” en tramitación como ley o como resolución parlamentaria. Lo que existe es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017) y sus estrategias de desarrollo, renovados políticamente y financiados, pero articulados mediante acuerdos de Gobierno, Conferencia Sectorial e instrumentos de planificación, no como una ley singular que deba “aprobarse” por el Congreso y el Senado.

En los documentos oficiales recientes se ve que:

• El Pacto de Estado fue renovado por el Congreso el 26 de febrero de 2025, con amplia mayoría, ampliando las medidas de 290 a 461 y con una dotación de 1.500 millones de euros para cinco años, según distintas resoluciones del Ministerio de Igualdad publicadas en el BOE.
• En la Cámara Alta funciona una Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que aprueba mociones e informes y que ha pedido, por ejemplo, planes específicos para víctimas afectadas por la ley del “solo sí es sí” (moción aprobada en junio de 2026, según Demócrata).
• En 2025 la propia Secretaría de Estado de Igualdad recuerda que Senado y Congreso aprobaron en 2017 los informes de las ponencias para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, pero esos textos son bases para la acción de Gobierno, no leyes en tramitación (BOE-A-2025-26121).

Además, el Gobierno y los grupos están impulsando varias normas que desarrollan y actualizan ese marco estratégico (violencia vicaria, violencias sexuales, reforma de la LO 1/2004, refuerzo del sistema judicial, etc.), pero siempre como leyes sectoriales concretas, no como una “estrategia estatal” única:

• Proposición de Ley Orgánica para modificar la LO 1/2004 y convertirla en una verdadera ley marco que incorpore todas las formas de violencia contra las mujeres (económica, digital, vicaria, etc.), presentada por el Grupo Mixto en el Congreso (122/000066). Está admitida a trámite y pendiente de que el Pleno decida sobre su toma en consideración.
• Proposición de Ley Orgánica para el impulso de la aplicación de la LO 10/2022 y protección de las víctimas de violencias sexuales (122/000068), igualmente admitida y pendiente de toma en consideración.
• Proposición de Ley Orgánica sobre secciones judiciales en materia de violencia sobre la mujer y especialización de jueces, remitida por el Senado al Congreso (124/000025), en fase de plazo de enmiendas abierto y sucesivamente ampliado hasta al menos el 2 de septiembre de 2026.

Todo ello forma parte de una agenda legislativa y política en torno al Pacto de Estado y sus estrategias, pero no se ha materializado en una “Estrategia estatal contra la violencia de género” sometida a aprobación parlamentaria como tal documento único.

¿Qué trámites quedarían si se presentara una estrategia como ley?

Si en el futuro el Gobierno decidiera traducir esa estrategia en una ley específica o en una resolución parlamentaria, los pasos serían los habituales:

• En el Congreso: calificación por la Mesa, publicación y apertura de plazo de enmiendas; debate de toma en consideración en Pleno (si es proposición) o de totalidad (si es proyecto); trabajo en Comisión de Igualdad y ponencia, con aprobación de un dictamen; debate y votación final en Pleno.
• En el Senado: recepción del texto, plazo de enmiendas y posibles vetos; dictamen de la comisión correspondiente (normalmente Igualdad o similar) y votación en Pleno.
• Vuelta al Congreso para levantar vetos o pronunciarse sobre las enmiendas del Senado, si las hubiera, y finalmente sanción real, promulgación y publicación en el BOE.

En resumen, hoy la política estatal contra la violencia de género se articula a través del Pacto de Estado renovado, las estrategias que de él derivan y un conjunto de leyes y reformas en curso, pero no existe una “estrategia estatal” concreta en una fase parlamentaria definida ni con un paquete cerrado de trámites pendientes de aprobación.

Las competencias de la Ministra de Igualdad en protección de mujeres víctimas de violencia en Ceuta se apoyan, sobre todo, en la normativa básica estatal y en su papel como máximo órgano político del departamento que dirige la política pública contra la violencia de género. La protección directa y la gestión de servicios sociales en Ceuta corresponden a la Ciudad Autónoma y al resto de administraciones competentes, pero la Ministra fija el marco normativo básico, coordina, financia e impulsa las políticas que esas administraciones deben aplicar.

1. Marco normativo básico estatal

La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE) es la pieza central del sistema. Configura un enfoque integral (prevención, educación, sanidad, servicios sociales, medidas laborales, penales y civiles) y reconoce a las víctimas derechos como:

• El derecho a la asistencia social integral, mediante servicios de atención, emergencia, acogida y recuperación (art. 19 LO 1/2004, en la redacción consultada), cuya organización corresponde a comunidades autónomas y corporaciones locales.
• La consideración de determinados servicios (información, atención psicosocial, acogida, asistencia jurídica, etc.) como servicios esenciales, que las administraciones competentes deben mantener incluso en situaciones excepcionales.

La Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género (BOE) refuerza esta protección en el contexto de la pandemia y desarrolla aspectos financieros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En su preámbulo y articulado se prevé:

• Un fondo finalista para comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, recogido anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, para financiar servicios de asistencia y protección.
• Que la Conferencia Sectorial de Igualdad acuerde los criterios de distribución territorial de estos fondos, que se formalizan mediante instrumentos aprobados por el Ministerio de Igualdad.

2. Competencias del Ministerio de Igualdad y de su titular

La estructura y funciones básicas de los departamentos ministeriales se fijan en el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, y en sus sucesivas modificaciones (RD 808/2021, RD 446/2022, entre otros), mientras que la política específica contra la violencia de género se articula a través de órganos adscritos al ámbito de Igualdad:

• La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, prevista en la LO 1/2004, cuya persona titular ejerce funciones directivas y de coordinación en la materia.
• El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, regulado por el Real Decreto 752/2022, encargado de asesorar, evaluar, elaborar informes y proponer actuaciones en violencia de género, con participación de comunidades autónomas y entidades locales.
• La Conferencia Sectorial de Igualdad, cuyas decisiones sobre acreditación de situaciones de violencia y violencias sexuales se publican mediante resoluciones de la Secretaría de Estado de Igualdad (por ejemplo, las de 2015, 2021 y 2025: protocolo entre centros de acogida; acreditación violencia de género; acreditación violencias sexuales).

Como máxima responsable del departamento, la Ministra de Igualdad ejerce, en este marco:

• Impulso normativo básico: propuesta de reformas legales y reglamentarias en violencia de género que, una vez aprobadas por el Gobierno y las Cortes, obligan en todo el territorio, incluida Ceuta.
• Dirección política y estratégica de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y del resto de órganos del ministerio en esta materia.
• Coordinación interterritorial a través de la Conferencia Sectorial de Igualdad, donde se acuerdan criterios comunes de actuación y distribución de fondos a comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.
• Gestión y canalización de la financiación estatal finalista del Pacto de Estado y otras líneas de subvenciones a la Ciudad de Ceuta para programas de prevención, atención y acogida de víctimas.
• Evaluación y seguimiento de las políticas a través del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y de los informes remitidos por las administraciones territoriales.

3. Qué corresponde a Ceuta

La Ley Orgánica 1/1995, de Estatuto de Autonomía de Ceuta (BOE) atribuye a la Ciudad competencias propias de autogobierno y, además, “todas las competencias que la legislación estatal atribuye a los Ayuntamientos, así como las que actualmente ejerce de las Diputaciones provinciales” (fragmentos en torno a las posiciones 16747‑17913 del texto). Sobre esa base, y de acuerdo con la LO 1/2004, en Ceuta:

• La organización y prestación de los servicios de atención, emergencia, acogida y recuperación integral para las víctimas corresponde a la Ciudad y, en su caso, a otras administraciones competentes en el territorio.
• La Ciudad de Ceuta ejecuta, en su ámbito, la legislación básica estatal de violencia de género (LO 1/2004, LO 1/2021 y demás normas aplicables).
• Participa en los órganos estatales de coordinación (Conferencia Sectorial, Observatorio) y recibe los fondos estatales canalizados por el Ministerio de Igualdad para financiar sus programas.

En síntesis, la Ministra de Igualdad no gestiona directamente los recursos de atención a víctimas en Ceuta, pero sí tiene la competencia legal para definir el marco normativo, coordinar, financiar y evaluar las políticas que la propia Ciudad aplica en su territorio en materia de protección frente a la violencia de género.

A partir de la información localizada en las fuentes consultadas, es posible describir de forma parcial la composición actual de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta, pero no se ha encontrado un desglose completo y oficial de los resultados numéricos (votos y escaños por partido) de las últimas elecciones a dicha Asamblea. Por ello, la respuesta combina los datos que sí aparecen explícitamente con una explicación clara de los límites de la información disponible.

1. Qué partidos están representados en la Asamblea de Ceuta

Las fuentes revisadas muestran que en la Asamblea de Ceuta están presentes, al menos, los siguientes partidos:

• Partido Popular (PP). Un artículo de Demócrata sobre la crisis migratoria en Ceuta recoge declaraciones del dirigente de Vox en la ciudad, Juan Sergio Redondo, en las que afirma que en la Asamblea existe una mayoría alternativa sumando nueve diputados del PP y cuatro de Vox. Esa referencia implica que el PP es uno de los grupos con representación destacada en la Asamblea y que cuenta con nueve escaños.
• Vox. El mismo artículo señala que Vox dispone de cuatro diputados en la Asamblea de Ceuta y que con ellos, junto a los nueve del PP, se podría articular una mayoría absoluta alternativa en la cámara. Véase el texto de Demócrata sobre las demandas de Vox para entrar en el gobierno de Ceuta.
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En ese mismo análisis se menciona que existen “acuerdos” del PP con el PSOE en la Asamblea, y se alude explícitamente a la presencia de representantes socialistas en las vicepresidencias de la Asamblea y en otros órganos. Esto indica que el PSOE tiene representación parlamentaria en la cámara ceutí.
• Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC). El texto se refiere además al “partido islamista Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Fátima Hamed” y reclama que sus representantes sean apartados de las vicepresidencias de la Asamblea y del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Ello confirma que MDyC también forma parte de la Asamblea de Ceuta.

Es importante subrayar que las fuentes empleadas sólo garantizan con certeza la presencia de PP, Vox, PSOE y MDyC en la Asamblea. No puede descartarse que exista representación de alguna otra formación, pero dicha información no aparece en los documentos recuperados, por lo que no sería riguroso afirmarlo.

2. Datos conocidos sobre los escaños

De forma explícita, las fuentes permiten afirmar únicamente lo siguiente:

• El Partido Popular dispone de 9 diputados en la Asamblea de Ceuta.
• Vox cuenta con 4 diputados.

Estos datos proceden de la descripción de la “mayoría absoluta alternativa” que, según Vox, podría articularse en Ceuta sumando ambos grupos (nueve diputados del PP y cuatro de Vox) para formar un gobierno de coalición en la ciudad autónoma.

En cambio, las fuentes consultadas no ofrecen:

• El número exacto de diputados del PSOE en la Asamblea.
• El número exacto de diputados de MDyC.
• El porcentaje de voto obtenido por cada partido en las últimas elecciones a la Asamblea.

Es decir, se conoce con precisión la representación de PP y Vox, y se sabe que PSOE y MDyC tienen presencia y ocupan cargos en la Mesa de la Asamblea u otros órganos vinculados, pero no se dispone en estas fuentes del cuadro completo de escaños partido a partido.

3. Sobre los resultados de las últimas elecciones

Ninguno de los documentos revisados —ni las notas institucionales vinculadas a Ceuta ni los artículos periodísticos de Demócrata o de otras entidades— recoge un acta de escrutinio ni un resumen oficial del resultado electoral (con votos emitidos, porcentajes y reparto cerrado de escaños por candidatura) de las últimas elecciones a la Asamblea de Ceuta.

Con la información disponible se puede afirmar, con cautela, que:

• Las últimas elecciones dieron como resultado una Asamblea en la que están representados PP, PSOE, Vox y MDyC.
• El PP es el grupo con mayor número de diputados de los que aparecen cuantificados (9), y Vox es otra fuerza relevante con 4 escaños.
• El resto de la representación se reparte entre PSOE y MDyC, si bien las fuentes utilizadas no concretan cuántos escaños corresponden a cada uno ni si hay alguna otra fuerza con presencia minoritaria.

Para obtener el detalle oficial y completo de los resultados electorales (votos y escaños por candidatura), la vía más segura es acudir directamente a la Junta Electoral competente o al portal de resultados electorales de la Administración General del Estado, donde se publican los escrutinios oficiales y el reparto definitivo de actas para cada proceso electoral.