Granada llegó a la noche del martes con la fase de emergencia municipal activada, siete calles cortadas y los servicios públicos desplegados para revisar edificios y atender a los vecinos, después de una mañana en la que un nuevo terremoto de magnitud 4,8 y una sucesión de movimientos sísmicos han devuelto el miedo a una provincia que todavía no se había recuperado del temblor del pasado sábado.
Para atender a la emergencia, los responsables políticos andaluces fueron ofreciendo respuestas a medida avanzaba el día en una jornada que dejó su principal seísmo a las 10.37 horas y que alcanzó una magnitud de 4,8, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), con epicentro al noroeste de Gójar y prácticamente en superficie. Después llegaron nuevos movimientos, entre ellos seísmos de magnitud 4 o superior en municipios del área metropolitana como Ogíjares, Churriana de la Vega y Alhendín.
El balance de daños humanos fue de tres personas heridas de carácter leve, además de asistencias sanitarias por ansiedad, mareos y traumatismos, daños en viviendas y edificios públicos y nuevas inspecciones en una ciudad en la que las consecuencias del terremoto del fin de semana todavía estaban siendo evaluadas.
Fuentes de la Junta trasladaron a DEMÓCRATA en las horas posteriores a la emergencia que la prioridad residía en evaluar los daños en las viviendas afectadas, así como atender a la población granadina ante el miedo de que se produjeran nuevos temblores.
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Nivel de emergencia y refuerzo de la presencia policial
La actuación política más visible en Granada correspondió a su Ayuntamiento. Después de los nuevos movimientos, Marifrán Carazo firmó el decreto para elevar el plan municipal a fase de emergencia 1, decisión con la que el Consistorio pudo reforzar medios, atención e información a los ciudadanos.
"No podemos predecir ninguna nueva repetición", señaló la alcaldesa, que pidió "tranquilidad y calma" en una rueda de prensa aplaudida incluso desde fuera de su partido, según ha podido saber DEMÓCRATA.
Al finalizar la jornada, siete calles permanecían cortadas por los daños y desprendimientos: Baden Powell, Navas, Moral de la Magdalena, San Matías, San Rafael, Alóndiga y Puentezuelas. El Ayuntamiento había contabilizado además nueve incidencias de entidad, mientras continuaban las revisiones de fachadas, viviendas y otros inmuebles.
Carazo también ordenó reforzar la Policía Local. Durante la tarde llegaron a desplegarse 16 patrullas y durante la noche se habían previsto hasta diez, con el objetivo de asegurar zonas afectadas, informar a los vecinos y responder a las incidencias. Solo Policía Local y Bomberos recibieron cientos de avisos después de los temblores.
Estas actuaciones correspondieron precisamente al ámbito municipal. Ante un terremoto, el Ayuntamiento era la Administración responsable de movilizar Policía Local, Bomberos y Protección Civil, acordonar calles, actuar frente a fachadas o cornisas peligrosas, inspeccionar inmuebles y ordenar desalojos cuando existiera un riesgo inmediato. Cuando el plan autonómico estaba activado, esos recursos locales quedaban integrados en la estructura de coordinación de la Junta.
La Junta mantuvo la dirección autonómica de la emergencia
Por encima de la respuesta municipal, la Junta de Andalucía continuó dirigiendo la emergencia autonómica. El Plan de Emergencia de Andalucía ante el Riesgo Sísmico permaneció en fase de emergencia, situación operativa 1, nivel que ya había sido activado después del terremoto del fin de semana.
Esa situación significaba que la emergencia seguía pudiendo gestionarse con los medios disponibles en Andalucía sin que el Estado tuviera que asumir la dirección. Correspondía a la Junta coordinar recursos, el 112 y los servicios sanitarios, distribuir medios entre los municipios, supervisar infraestructuras esenciales y solicitar apoyo estatal en caso de que resultara necesario. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, confirmó durante la jornada que tres personas habían resultado heridas de carácter leve, una de ellas menor de edad y trasladada a un centro hospitalario.

Por otro lado, el Servicio Andaluz de Salud suspendió de manera preventiva la actividad asistencial programada en Granada, manteniendo la atención urgente, oncológica y esencial, mientras se revisaban las instalaciones sanitarias. La medida formó parte de las competencias autonómicas de coordinación de servicios esenciales durante una emergencia.
Moreno pide "máxima prudencia"
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, concentró su mensaje en reclamar prudencia ante la posibilidad de que la actividad sísmica continuara. "Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona", advirtió, antes de pedir a los ciudadanos que siguieran las recomendaciones de los servicios de emergencia y mantuvieran la serenidad.
Moreno reclamó "máxima prudencia" mientras los técnicos continuaban analizando una secuencia sísmica que todavía no podía darse por terminada.
Sanz trasladó un mensaje similar, pero lo hizo poniendo el acento en cómo debía comportarse la población durante un nuevo temblor. El consejero advirtió de que "salir corriendo a la calle no es la opción más segura" y recordó las recomendaciones de agacharse, cubrirse y agarrarse, alejarse de ventanas, lámparas y muebles y no utilizar ascensores.
Y es que en Gójar, epicentro del seísmo, el miedo marcó buena parte de la jornada. Muchos vecinos permanecieron durante horas en la calle y algunos decidieron incluso abandonar temporalmente la localidad. Las réplicas se sucedieron durante la mañana, aunque por la tarde no se registraron nuevos movimientos, según el balance trasladado desde el municipio. Las autoridades locales indicaron además que no se habían producido daños personales y que los desperfectos materiales detectados eran de carácter leve.
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La presión sobre los servicios de emergencia también quedó reflejada en el volumen de avisos. Los servicios municipales recibieron alrededor de 500 llamadas después del primer terremoto. En el ámbito sanitario se practicaron 14 asistencias: seis por episodios de ansiedad, cinco por mareos y tres por traumatismos leves relacionados con la caída o desprendimiento de elementos arquitectónicos.
Montero apela a la calma
Desde el PSOE andaluz, María Jesús Montero apeló a la "tranquilidad" y trasladó su solidaridad a los afectados y pidió a los ciudadanos que siguieran atentos a las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad mientras los técnicos continuaban monitorizando la actividad sísmica.
Su mensaje coincidió en ese punto con el de la Junta al afirmar que ninguna Administración podía anticipar cuándo se produciría otro terremoto, por lo que la respuesta debía apoyarse en la vigilancia técnica, las inspecciones y las recomendaciones oficiales.
La emergencia, que extiende los seísmos vividos estos días, ha dejado también esta semana espacio para las exigencias de la oposición municipal. El lunes, el PSOE en el Ayuntamiento de Granada había pedido al gobierno de Carazo un plan específico de atención a las personas más vulnerables, una reclamación que adquirió una nueva dimensión después de la sucesión de temblores del martes.
El viceportavoz socialista, Eduardo Castillo, había pedido reforzar el teléfono municipal 010 y los canales de información, incrementar las inspecciones de edificios y prestar una atención particular a personas mayores que vivieran solas y personas sin hogar.

Los socialistas habían reclamado además que Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento "se den la mano" y trabajaran de manera coordinada.
La petición afectaba directamente a algunas de las responsabilidades municipales: la atención a afectados, la habilitación de recursos para personas desalojadas, la inspección de edificios y la protección de colectivos especialmente vulnerables formaban parte de las funciones que debía desarrollar la Administración local, coordinada con la Junta cuando el plan autonómico estuviera activo.
La Alhambra cierra y las inspecciones se multiplican
El impacto institucional del terremoto se extendió también a algunos de los principales servicios e instalaciones de Granada. La Alhambra interrumpió las visitas y cerró preventivamente mientras sus técnicos inspeccionaban el conjunto monumental.
Las revisiones no detectaron daños estructurales significativos, aunque sí algunas incidencias localizadas en elementos no estructurales. También cerraron de forma preventiva instalaciones municipales y edificios de la Diputación, mientras el Metro redujo temporalmente la velocidad de circulación.
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Las inspecciones de edificios volvieron a convertirse en una de las principales tareas de la jornada. Antes incluso de los terremotos del martes, el Ayuntamiento había recibido alrededor de 800 solicitudes para comprobar posibles daños en viviendas y bloques derivados del movimiento del fin de semana.
¿Qué papel juega el Gobierno central?
Como en cualquier emergencia, la responsabilidad se reparte entre los diferentes niveles de la Administración. El sistema español de Protección Civil establece así una respuesta escalonada. Mientras una emergencia pueda gestionarse desde el ámbito autonómico, la comunidad debe asumir el mando. El Estado puede aportar recursos extraordinarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o incluso la Unidad Militar de Emergencias si fueran solicitados, sin que ello signifique necesariamente asumir la dirección.
Solo una declaración de emergencia de interés nacional por parte del Ministerio del Interior habría trasladado la dirección al Estado. Un escenario que no se produjo durante la jornada del martes.
El Gobierno central sí desempeñó una función esencial a través del Instituto Geográfico Nacional, encargado de registrar los movimientos, localizar sus epicentros y calcular magnitud y profundidad. Esos datos fueron los que alimentaron las decisiones posteriores de los responsables de Protección Civil, aunque el IGN no tuviera competencias para ordenar cierres, desalojos o cortes de calles.
Feijóo, el único líder nacional en pronunciarse
La sucesión de terremotos que vivió ayer Granada resultó un fenómeno aparentemente ajeno a ojos de la política en Madrid. Este martes ninguno de los principales líderes nacionales se pronunció sobre los seísmos que hicieron temblar a la región andaluza.
El sureste de España ha sufrido cientos de movimientos sísmicos en la última semana, con epicentros en Granada y su zona metropolitana. Estoy en contacto con @JuanMa_Moreno para conocer de primera mano cómo evoluciona la situación.
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 19, 2026
Los granadinos y habitantes de las zonas…
Ni un comunicado, publicación en X o declaración pública para dejar constancia de su preocupación por los miles de vecinos afectados. Pero ese silencio ya no es unánime. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado en la tarde de este miércoles su solidaridad con los granadinos a través de un mensaje publicado en redes sociales.
La reacción de Feijóo modifica la fotografía política que dejó el martes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal, continúan sin un pronunciamiento sobre los terremotos de Granada hasta la actualización de esta información.