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En España no hay un procedimiento específico para las leyes sobre sorteos de loterías y apuestas: se aplica el mismo esquema general que para cualquier ley ordinaria. Por tanto, los “próximos pasos” en la tramitación dependen de en qué punto esté la iniciativa concreta, pero el recorrido estándar es bastante estable y se diferencia ligeramente según sea un proyecto de ley del Gobierno o una proposición de ley de los grupos u otros sujetos legitimados.

1. Presentación de la iniciativa

El punto de partida es que exista un texto de reforma o de nueva regulación:

• Proyecto de ley: lo aprueba el Consejo de Ministros y lo remite al Congreso. Se usa esta vía si es una iniciativa del Gobierno para modificar el marco de juego, loterías o apuestas.
• Proposición de ley: la presentan uno o varios grupos parlamentarios, al menos 15 diputados, el Senado, una asamblea autonómica o, en casos muy tasados, la ciudadanía (iniciativa legislativa popular).

Una vez entra en el Registro del Congreso, pasa a la Mesa del Congreso, que califica la iniciativa y la admite a trámite si cumple los requisitos formales.

2. Toma en consideración (solo para proposiciones de ley)

Si la regulación de loterías y apuestas llegase como proposición de ley, el siguiente paso clave sería el debate de toma en consideración en el Pleno del Congreso:

• Los grupos debaten si quieren o no que esa propuesta siga su tramitación.
• Se vota; si se aprueba, la proposición se “toma en consideración” y continúa como cualquier otra ley.
• Si se rechaza, el texto decae y no se sigue tramitando.

En cambio, un proyecto de ley del Gobierno no pasa por este trámite: se entiende aceptado a trámite por el mero hecho de su remisión al Congreso.

3. Asignación a comisión y fase de enmiendas

Admitida la iniciativa, la Mesa la remite a la comisión competente (probablemente la vinculada a Hacienda, Presupuestos o Consumo, según el reparto vigente), y se abre un plazo de enmiendas:

• Los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas a la totalidad (de devolución o de texto alternativo) y/o enmiendas parciales a artículos concretos.
• En materia de loterías y apuestas es habitual que las enmiendas aborden aspectos fiscales, de protección de consumidores, de publicidad, de juego responsable, etc.

Si se presentan enmiendas a la totalidad, pueden dar lugar a un debate específico en Pleno, en el que se decide si el texto continúa tramitándose o se devuelve al Gobierno.

4. Trabajo en comisión y dictamen

Superada esa fase, la iniciativa se estudia en la comisión parlamentaria:

• En una ponencia técnica (un grupo reducido de diputados) se negocian transacciones y se agrupan enmiendas.
• La comisión debate y vota artículo por artículo, incorporando o rechazando enmiendas.
• El resultado es un dictamen de comisión, que recoge el texto articulado tal como queda tras esa fase.

5. Debate y votación en el Pleno del Congreso

El dictamen pasa al Pleno del Congreso, donde se celebran los debates finales:

• Se discute el conjunto del texto y, en su caso, las enmiendas que se hubieran mantenido para el Pleno.
• Se votan las enmiendas pendientes y, al final, se vota el texto completo.

Si la ley de loterías y apuestas resulta aprobada, el texto se remite al Senado.

6. Tramitación en el Senado

En el Senado el procedimiento se repite en forma abreviada:

• Asignación a comisión y apertura de plazo de enmiendas.
• Debate en comisión y, si procede, en Pleno del Senado.
• El Senado puede:
  • Aprobar el texto tal y como llegó (la ley quedaría lista para su promulgación).
  • Introducir enmiendas, que se remiten de vuelta al Congreso.
  • Acordar un veto (rechazo al conjunto), que también vuelve al Congreso.

7. Retorno al Congreso, sanción y publicación

Si el Senado ha introducido cambios, el Congreso tiene la última palabra:

• Puede aceptar o rechazar las enmiendas del Senado por mayoría simple.
• En caso de veto, puede levantarlo por mayoría absoluta en una primera votación, o por mayoría simple transcurridos dos meses.

Aprobado definitivamente el texto, se remite al Rey para su sanción y promulgación y se publica en el BOE. La ley de loterías y apuestas entrará en vigor en la fecha que ella misma establezca o, en su defecto, a los 20 días de la publicación.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es mucho más que un operador de loterías: el ordenamiento la configura como una corporación de derecho público de carácter social, con funciones de interés general y un régimen específico en materia de juego. A partir de las normas citadas en el BOE, se pueden distinguir claramente sus competencias en la organización de sorteos y sus demás funciones legales.

1. Competencias de la ONCE en la organización de sorteos y loterías

Las principales bases jurídicas de la actividad de juego de la ONCE son:

• Disposición adicional vigésima de la Ley 46/1985, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, que abrió el camino a la reserva y autorizaciones en favor de la ONCE en materia de loterías.
• Ley 13/2011, de regulación del juego, cuyo artículo 4 y disposición adicional primera reservan las loterías de ámbito estatal a dos operadores y designan expresamente a la ONCE como uno de ellos, habilitándola para “comercializar productos de loterías de ámbito estatal”.
• Disposición adicional tercera de la Ley 5/2011, de Economía Social, que declara a la ONCE “organización singular de economía social” y reconoce que, para financiar sus fines sociales, “goza de un conjunto de autorizaciones públicas en materia de juego”.
• Real Decreto 358/1991, de reordenación de la ONCE, y sus modificaciones, que concretan que la entidad “se financia, principalmente, a través de los recursos obtenidos en la explotación de las modalidades de juego” que le son reservadas o autorizadas.
• Real Decreto 1336/2005, por el que se autoriza a la ONCE la explotación de la modalidad de “lotería instantánea o presorteada”.
• Los sucesivos Acuerdos Generales Gobierno–ONCE (el vigente para 2022‑2031, aprobado por el Consejo de Ministros el 2/11/2021), que desarrollan los límites, condiciones y herramientas comerciales de esas loterías.

Sobre esa base, las competencias concretas de la ONCE en sorteos y loterías, tal y como se desprende de las resoluciones recientes de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales (BOE-A-2025-23043, BOE-A-2024-12936, BOE-A-2024-12855), son, en síntesis:

• Ser titular y explotar varias modalidades de lotería de ámbito estatal: el “Cupón de la ONCE”, la “Lotería Instantánea de boletos de la ONCE” y los juegos del “Juego Activo de la ONCE” (como Triplex, Super Once, etc.), todos ellos amparados por la reserva de loterías de la Ley 13/2011.
• Diseñar y aprobar los reglamentos de cada modalidad y de sus productos (por ejemplo, las mecánicas de los boletos instantáneos o la estructura de premios de sorteos extraordinarios), mediante acuerdos del Consejo General o de la Comisión Ejecutiva de la ONCE.
• Implantar, modificar y extinguir productos concretos de lotería (nuevos “rasca”, cambios de precios, modificación del “Cuponazo”, “Sueldazo”, etc.), dentro del marco general fijado por el Estado.
• Comunicar al Consejo de Protectorado todas las condiciones de sus loterías y las modificaciones de los reglamentos, para:
  • Verificar que se ajustan a los términos de la concesión estatal y a la normativa general de juego.
  • Publicarlas en el BOE como garantía de los consumidores.
• Organizar sorteos extraordinarios específicos (por ejemplo, el “Sorteo 11/11 de la ONCE” de 2024), cuyas normas también se publican en el BOE junto con precio del cupón, estructura de premios, etc.
• Adaptar su actividad a las exigencias de juego responsable y control público fijadas en la legislación de juego y en los reales decretos modificativos (prevención de juego de menores, lucha contra fraude y blanqueo, límites comerciales, supervisión del Consejo de Protectorado y del Consejo de Ministros).

Todo ello configura a la ONCE como un operador público de loterías de ámbito estatal, sometido a autorización y control del Estado, pero con un amplio margen de autoorganización interna en diseño y gestión de sus productos.

2. Otras funciones legales de la ONCE como corporación de derecho público

El Real Decreto 358/1991 y, más recientemente, el Real Decreto 394/2011, el Real Decreto 1152/2015 y el Real Decreto 1127/2021 (modificativos), así como los Estatutos refundidos de la ONCE publicados por Orden SCB/1240/2019, definen su condición y funciones generales:

• La ONCE es una corporación de derecho público de carácter social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y de autoorganización.
• Está integrada por sus afiliados, personas con ceguera o deficiencia visual grave que cumplen los requisitos estatutarios.
• Sus fines sociales se orientan a:
  • La autonomía personal y plena inclusión social de las personas ciegas o con deficiencia visual grave.
  • La prestación de servicios sociales en materias como inclusión educativa, formación e inserción laboral, rehabilitación integral, autonomía personal, accesibilidad universal y diseño para todos, I+D+i en tiflotecnología, cultura y deporte, entre otras (artículo 2 del RD 358/1991 tras su reforma).
• Ejerce funciones públicas delegadas de las administraciones en todo el territorio español, bajo el protectorado del Estado, especialmente en el ámbito de los servicios sociales para personas con discapacidad visual.
• Colabora en régimen de complementariedad con las administraciones en la ejecución de políticas de discapacidad, inclusión y empleo protegido, a menudo a través de la Fundación ONCE y del Grupo Social ONCE.
• Es reconocida como entidad de economía social y del Tercer Sector de Acción Social, colaboradora de la Administración General del Estado, reforzando su papel como agente de interés general más allá del juego.

En conjunto, la ONCE combina una posición singular como operador estatal de loterías –con competencias amplias sobre el diseño, organización y explotación de sus sorteos, pero bajo un estricto control público– con un mandato legal de prestación de servicios sociales y promoción de derechos de las personas con discapacidad visual y, por extensión, del conjunto de la discapacidad a través de su grupo institucional.

No se ha encontrado en las fuentes consultadas ninguna información que vincule explícitamente la composición del Consejo General de la ONCE (u órgano de gobierno equivalente) con cuotas formales de partidos políticos, ni listados de “miembros designados por partidos” a los que se les puedan asociar resultados electorales recientes. Tampoco aparecen referencias a repartos de asientos por partidos en ese órgano.

Las resoluciones oficiales localizadas en el Boletín Oficial del Estado que regulan los productos de juego de la ONCE —por ejemplo la Resolución de 14 de junio de 2024 y la Resolución de 14 de junio de 2024 sobre sorteos extraordinarios del Cupón— describen a la ONCE como:

• Una corporación de derecho público de carácter social.
• Regulada por su normativa específica propia, más la normativa estatal sobre juego y el Acuerdo General Gobierno–ONCE para 2022‑2031.
• Sujeta a control del Consejo de Protectorado de la ONCE, órgano en el que participa la Administración General del Estado, que supervisa reglamentos y calendarios de productos de lotería.

En esas normas se detalla el marco jurídico, los procedimientos de control y el papel del Consejo de Protectorado, pero no se menciona que el Consejo General o el órgano rector de la ONCE se reparta entre partidos políticos, ni que los vocales se designen en representación de partidos del arco parlamentario.

Otras referencias institucionales localizadas, como la nota del Gobierno Vasco sobre la ONCE en Euskadi (XXVII Carrera de Cascabeles), describen la estructura territorial de la organización (presidente del Grupo Social ONCE, presidencias y consejeros territoriales), pero de nuevo no ligan esos cargos a partidos, sino a la propia organización y a su grupo social.

Con esta base documental, lo que sí se puede afirmar con seguridad es:

• La ONCE se gobierna mediante órganos internos (Consejo General, consejos territoriales, etc.) que derivan de su condición de corporación de derecho público de economía social.
• La Administración del Estado ejerce funciones de tutela y supervisión a través del Consejo de Protectorado, pero eso no se traduce en un reparto de asientos por partidos dentro de los órganos de gobierno internos de la ONCE.
• No hay en las fuentes consultadas ningún rastro de una “representación por partidos” en el Consejo General equiparable a la que existe, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas, en el Consejo de la CNMC o en algunas comisiones parlamentarias, donde sí se reparte la composición entre grupos políticos y se puede rastrear quién propone a quién.

Esto tiene dos consecuencias directas para la pregunta que planteas:

• No es posible identificar, a partir de la información oficial accesible, un listado de partidos políticos que “formen parte” del Consejo General de la ONCE en cuanto tales partidos (es decir, con vocales que actúen institucionalmente en nombre de un partido).
• En consecuencia, no se puede construir un cuadro fiable de “resultados electorales más recientes” de unos partidos vinculados formalmente a ese Consejo, porque esa relación orgánica partidos–Consejo General no aparece documentada.

Es posible que algunos consejeros o dirigentes de la ONCE tengan trayectorias personales conectadas con partidos o con responsabilidades políticas previas, pero eso sería un dato biográfico individual, no una asignación institucional de asientos por cuotas de partido. Y, en todo caso, las fuentes manejadas en esta investigación no detallan esa información biográfica con el nivel necesario para vincular nombres concretos con siglas en el órgano de gobierno.

Por todo ello, con la documentación disponible, la respuesta más ajustada es que:

No consta en los registros oficiales y en las noticias consultadas que el Consejo General de la ONCE tenga una composición formalmente repartida entre partidos políticos; por tanto, no es posible ofrecer un listado de partidos “que forman parte” de ese órgano ni, en consecuencia, sus resultados electorales más recientes.

Si lo que necesitas es un análisis de cómo la ONCE se relaciona políticamente con el sistema de partidos (por ejemplo, a través del Acuerdo General con el Gobierno o de sus posiciones públicas en determinadas políticas sociales), sí se podría elaborar un informe distinto, centrado en esas interacciones, pero no en una representación orgánica por partidos dentro de su Consejo General.