La investigación judicial sobre dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) acusados de sustraer información secreta y facilitarla presuntamente a Estados Unidos ha entrado en una nueva fase. El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha concluido las pesquisas y ha remitido el sumario a la Audiencia Provincial, que deberá tramitar ahora los pasos previos a un eventual juicio. La Fiscalía y la Abogacía del Estado todavía tienen que presentar sus escritos de acusación. Los dos investigados fueron detenidos en 2023, quedaron posteriormente en libertad y niegan las acusaciones.
Las pesquisas comenzaron después de que los controles internos del CNI detectaran accesos a documentación que no correspondía a las funciones de uno de los agentes. La revisión de esos movimientos condujo hasta el otro investigado, antiguo responsable del área de Rusia, que también habría consultado información ajena a su ámbito de trabajo, según la reconstrucción de El País.
El análisis de los dispositivos y de la documentación permitió contabilizar 288 archivos extraídos del organismo. De acuerdo con el periódico, entre ellos había información sobre fuentes humanas, actividad operativa, despliegues en el extranjero, estructura interna y conexiones de personas relacionadas con delegaciones diplomáticas. Los documentos afectaban a ámbitos como la Unión Europea, la OTAN, China, Venezuela, Marruecos y el estrecho de Gibraltar.
El CNI consideró que la extracción podía comprometer años de trabajo de contrainteligencia y poner en peligro la identidad y la seguridad de algunas de sus fuentes. La investigación apunta a una posible entrega de información a servicios estadounidenses, extremo que los investigados niegan y que deberá acreditarse durante el procedimiento.
Qué queda por resolver en la Audiencia Provincial
La conclusión de la instrucción abre la fase intermedia del procedimiento. La Fiscalía y la Abogacía del Estado deberán presentar sus escritos para concretar los hechos que atribuyen a cada investigado, la calificación jurídica y las penas que solicitan. Después, la Audiencia Provincial tendrá que resolver las cuestiones procesales pendientes y decidir sobre la apertura del juicio oral.
Las defensas niegan que sus clientes hayan cometido los delitos que se les atribuyen. Según El País, cuestionan la naturaleza secreta de parte de los archivos y sostienen que no se ha demostrado que la información llegara a manos de otro país ni que los agentes recibieran dinero por facilitarla.
La investigación también tuvo consecuencias en el ámbito diplomático. Según la información publicada por El País, el Gobierno español pidió explicaciones a la embajadora de Estados Unidos y al menos dos agentes estadounidenses destinados en Madrid fueron expulsados por su presunta implicación en la captación.
Por qué la información del CNI está protegida como secreto
La Ley 11/2002, reguladora del CNI, establece que tienen carácter secreto sus actividades, organización, estructura, medios, procedimientos, personal, instalaciones, bases de datos y fuentes de información. La protección alcanza también a los datos que permitan conocer cualquiera de esos elementos.
La norma atribuye al CNI la misión de proporcionar al Gobierno información y análisis para prevenir y evitar amenazas contra la independencia y la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho. Para cumplir esa función, el organismo obtiene y evalúa información tanto dentro como fuera del territorio nacional.
El delito de traición que se investiga está recogido en el artículo 584 del Código Penal. Este precepto establece penas de seis a doce años de prisión para el español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, una asociación o una organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta que pueda perjudicar la seguridad o la defensa nacional.
La aplicación de este artículo exige acreditar tanto la conducta atribuida como la finalidad de favorecer a una potencia extranjera. La existencia de archivos extraídos no demuestra por sí sola que fueran entregados a otro país ni que concurrieran todos los elementos del delito. Esas cuestiones deberán resolverse en el procedimiento judicial.
El precedente de Roberto Flórez, condenado por traición
El caso tiene un antecedente en la condena al antiguo agente del CNI Roberto Flórez, considerado el primer miembro de los servicios de Inteligencia españoles condenado por traición. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid le impuso inicialmente doce años de prisión por hacerse con documentación secreta con la intención de ofrecérsela a los servicios de Inteligencia rusos.
La resolución consideró probado que Flórez había reunido información clasificada y había expresado su disposición a colaborar con Rusia, aunque no quedó acreditado que llegara a materializarse la entrega. El Tribunal Supremo confirmó la condena por traición, pero rebajó la pena de doce a nueve años.