La Audiencia Nacional ha avalado que se investigue al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un posible delito de tráfico de influencias en Bolivia, después de que la Policía Nacional detectara indicios de que habría cobrado 200.000 euros por realizar gestiones ante las autoridades del país sudamericano en beneficio del grupo empresarial peruano Gloria.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso presentado por la defensa del expresidente, que solicitaba excluir del procedimiento un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre estos pagos. Los magistrados consideran que los hechos investigados guardan relación con la causa y que existen indicios suficientes para mantener esta línea de investigación.
El informe policial, elaborado el pasado mes de junio, apunta a que Zapatero habría recibido una remuneración de 200.000 euros por tratar de mediar en varios litigios millonarios que el Grupo Gloria mantenía con la Administración boliviana.
Los contactos de Zapatero con altos cargos de Bolivia
Según recoge el auto, los investigadores identificaron pagos procedentes de personas vinculadas al conglomerado empresarial peruano cuyo objetivo habría sido conseguir la intervención del expresidente ante responsables políticos bolivianos.
En concreto, la UDEF señala que Zapatero "pudo haberse reunido o contactado con altas esferas políticas de dicho Estado", entre ellas el presidente del país, los ministros de Economía y Justicia o el procurador general del Estado.
Estos posibles contactos se habrían producido durante un viaje del expresidente a La Paz y Sucre en septiembre de 2024, cuando el grupo empresarial mantenía varios conflictos económicos con la Administración boliviana.
La Policía considera que los servicios prestados por Zapatero tenían como finalidad "tratar de mediar o influir" ante las autoridades del país en favor de los intereses del Grupo Gloria.
La Audiencia Nacional rechaza los argumentos de la defensa
La defensa del expresidente había solicitado que el informe policial quedara fuera de la investigación al considerar que los hechos descritos no guardaban relación con el procedimiento original.
Sin embargo, los magistrados han rechazado ese argumento y han recordado que los nuevos indicios surgieron del análisis de las comunicaciones obtenidas en los dispositivos intervenidos durante el registro de la oficina de Zapatero, realizado el pasado mes de mayo.
De acuerdo con el auto, estas comunicaciones permitieron identificar datos que apuntaban a un posible delito de tráfico de influencias ante las autoridades bolivianas en beneficio del grupo empresarial peruano.
"No puede compartirse el criterio de la parte apelante sobre la ausencia de indicios, con anterioridad a la investigación que ahora se cuestiona, de la existencia de una organización presuntamente dedicada a la comisión de delitos de tráfico de influencias", señala la resolución judicial.
La decisión de la Audiencia Nacional permite continuar investigando los pagos y las posibles gestiones realizadas por Zapatero en Bolivia, aunque no supone que los hechos hayan quedado acreditados ni anticipa una eventual responsabilidad penal del expresidente.