La Audiencia Nacional rechaza paralizar de urgencia el campamento de migrantes del Puerto de Ceuta

En España no existe, a día de hoy, una “ley de campamentos para migrantes” tramitándose como tal en las Cortes. La regulación de los dispositivos de acogida (centros, macrocentros, campamentos de emergencia) se articula principalmente a través de la Ley de Extranjería, la normativa de asilo y su desarrollo reglamentario, y buena parte de las decisiones concretas sobre campamentos se están adoptando por vía gubernativa y reglamentaria, sin una norma parlamentaria específica. En el plano estrictamente parlamentario, la pieza clave en tramitación es el proyecto de ley que convierte en ley ordinaria el Real Decreto‑ley 2/2025 sobre reparto de menores migrantes no acompañados.

1. Proyecto de Ley derivado del Real Decreto‑ley 2/2025

El Real Decreto‑ley 2/2025, de 18 de marzo, aprueba “medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias”, con especial foco en el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Fue convalidado por el Congreso y se acordó su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, generando el Proyecto de Ley 121/000055 en el Congreso de los Diputados.

Según la ficha parlamentaria, este proyecto de ley se encuentra en fase de enmiendas en el Congreso, con sucesivas ampliaciones de plazo; la última prórroga sitúa el fin del periodo de presentación de enmiendas el 23 de septiembre de 2026 (estado: tramitación activa, todavía en la Cámara Baja). Es decir, aún no se ha pasado al trabajo de ponencia y comisión ni, por tanto, al Senado.

Esta norma no regula directamente un tipo concreto de “campamento”, pero sí el marco estructural de acogida de menores migrantes: introduce nuevos artículos (35 bis, 35 ter, 35 quáter, 35 quinquies) en la Ley de Extranjería para definir la “contingencia migratoria extraordinaria”, los criterios de reparto entre comunidades y el plan de respuesta solidaria, con impacto directo sobre la carga que asumen territorios como Canarias, Ceuta y Melilla y, por tanto, sobre la necesidad de dispositivos de acogida y campamentos vinculados a menores migrantes.

2. Reformas de Extranjería y de Asilo en fase de anteproyecto

Más allá de este proyecto ya dentro de las Cortes, el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros varios anteproyectos que pueden incidir en la regulación del sistema de acogida y, de forma indirecta, de los campamentos, pero que aún no han llegado al Parlamento:

• El Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 4/2000 (Ley de Extranjería), aprobado en Consejo de Ministros el 25 de agosto de 2026, para adaptar el ordenamiento español al Pacto Europeo de Migración y Asilo (referencia oficial).
• El Anteproyecto de Ley de Asilo, también aprobado el 25 de agosto de 2026, que prevé una nueva ley integral de asilo, con procedimientos acelerados y regulación del procedimiento fronterizo (referencia oficial).

Ambos textos siguen en fase gubernamental (art. 26.4 de la Ley del Gobierno). Hasta que no se remitan a las Cortes como proyectos de ley, no forman parte de la tramitación parlamentaria, aunque previsiblemente tendrán un impacto relevante sobre la gestión de fronteras, los procedimientos en puestos de control y los requisitos de “capacidad adecuada” de acogida que, en la práctica, condicionan la instalación y funcionamiento de centros y campamentos.

3. Otras normas relevantes ya aprobadas (no en tramitación)

En el ámbito reglamentario, que no implica tramitación parlamentaria ordinaria, destacan:

• El Real Decreto 1155/2024, que aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería, y su modificación por el Real Decreto 316/2026, ya publicados en el BOE y en vigor, tras pasar por consultas y audiencias públicas entre 2024 y 2026.
• El Real Decreto 220/2022 y su actualización en preparación, que regulan el sistema de acogida en materia de protección internacional; el Ministerio de Inclusión ha abierto consultas para su revisión en 2026, pero esto se tramita como reglamento, no como ley parlamentaria.
• Distintos reales decretos y resoluciones que fijan la planificación estructural de plazas de acogida y acción concertada en el sistema de protección internacional y de atención humanitaria, publicados en el BOE en 2026.

Todas estas piezas ordenan el funcionamiento y la financiación de los centros de acogida y recursos de emergencia, pero son normas del Ejecutivo ya aprobadas, sin tramitación en curso en Congreso o Senado.

4. Iniciativas parlamentarias no legislativas y contexto político

En paralelo, hay varias proposiciones no de ley (PNL) sobre derechos de las personas migrantes, acogida de menores no acompañados o la crisis migratoria en Canarias, registradas en la actual legislatura y en estado pendiente de debate o aprobación. Estas PNL instan al Gobierno, por ejemplo, a cerrar los CIE, reforzar la acogida de solicitantes de asilo o mejorar los recursos en Canarias, pero no crean por sí mismas un marco jurídico vinculante sobre campamentos.

Asimismo, la actualidad reciente sobre campamentos concretos —como el dispositivo temporal proyectado en el puerto de Ceuta, cuya ejecución ha sido paralizada cautelarmente por la Audiencia Nacional— se está dirimiendo sobre todo en el plano ejecutivo y judicial, más que a través de una ley específica aprobada en las Cortes.

5. Conclusión

En síntesis, a 17 de septiembre de 2026, el único texto con rango de ley directamente conectado con la organización territorial de la acogida que está en tramitación parlamentaria efectiva es el proyecto derivado del Real Decreto‑ley 2/2025, en fase de enmiendas en el Congreso. Las reformas más amplias de Extranjería y Asilo que podrían incidir en la configuración jurídica de los campamentos se encuentran todavía en fase de anteproyecto gubernamental, sin haber iniciado su recorrido parlamentario. El grueso de las reglas operativas sobre campamentos y centros sigue descansando en normas reglamentarias ya vigentes y en decisiones ejecutivas puntuales, sobre las que el Parlamento incide sobre todo a través de control político y PNL, más que mediante nuevas leyes específicas en curso.

Las competencias y funciones del ministro de Transportes en España vienen definidas, con carácter general, por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y, en lo específico, por los reales decretos de estructura orgánica del Gobierno y del propio ministerio (entre ellos, el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, sobre estructura básica de los departamentos ministeriales, y los reales decretos que desarrollan la estructura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana / Transportes y Movilidad Sostenible, y antes Fomento).

1. Funciones generales de cualquier ministro (Ley 50/1997)

Según la Ley 50/1997, los ministros, como titulares de un departamento, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación. En concreto les corresponde:

• Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su departamento, de conformidad con los acuerdos del Consejo de Ministros y las directrices del presidente del Gobierno.
• Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento, lo que se traduce en la aprobación de órdenes ministeriales y otras disposiciones de carácter general, subordinadas a la ley y a los reglamentos aprobados por el Gobierno.
• Ejercer las competencias que les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y demás disposiciones aplicables.
• Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materias de su competencia (por ejemplo, algunos reales decretos relacionados con el departamento).
• Participar como miembro del Consejo de Ministros, deliberando y votando sobre proyectos de ley, reales decretos-ley, reales decretos legislativos y acuerdos de gobierno.
• Dirigir políticamente el ministerio, fijar prioridades, aprobar planes estratégicos y coordinar la actuación de secretarías de Estado, subsecretarías, direcciones generales y demás órganos superiores y directivos.

2. Ámbitos materiales del Ministerio de Transportes

Los reales decretos de estructura orgánica (como el Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, sobre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y sus posteriores modificaciones) distribuyen competencias entre las distintas unidades del ministerio, pero siempre bajo la dirección última del ministro. De forma sintética, el ministro de Transportes concentra la responsabilidad política y de alta dirección sobre:

• Infraestructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal: planificación, programación de inversiones, construcción, conservación y explotación de carreteras del Estado y de la red ferroviaria de interés general, así como la supervisión estratégica de los grandes gestores de infraestructuras.
• Transporte terrestre: ordenación general del transporte por carretera y ferroviario de competencia estatal (servicios interurbanos, mercancías, normativa básica, seguridad operacional).
• Transporte marítimo y puertos de interés general: marco regulador del transporte marítimo, seguridad marítima y coordinación y planificación del sistema portuario estatal, junto con la tutela de las entidades públicas dependientes del ministerio que gestionan puertos e infraestructuras logísticas.
• Transporte aéreo y aeropuertos de interés general: política general de transporte aéreo, seguridad y navegación aérea en lo que corresponde a la Administración General del Estado, y encuadre del régimen de los aeropuertos de competencia estatal.
• Movilidad sostenible y logística: diseño de políticas de movilidad urbana e interurbana sostenible, impulso del transporte sostenible y digital, interoperabilidad de sistemas, intermodalidad y cadenas logísticas, incluidas líneas de ayudas y programas de apoyo regulados mediante órdenes y reales decretos sectoriales.
• Vivienda y suelo: en etapas recientes, la política de vivienda y suelo ha estado adscrita al mismo ministerio (como «Movilidad y Agenda Urbana»), aunque las reestructuraciones de departamentos pueden desplazar estas competencias a otro ministerio. Cuando la vivienda se integra en su ámbito, el ministro dirige la política estatal de vivienda, rehabilitación y suelo a través de la correspondiente secretaría de Estado o secretaría general.

3. Potestades de dirección y organización del ministerio

A la luz de los reales decretos de estructura orgánica básica (como el Real Decreto 139/2020 y sus modificaciones) y de los reales decretos específicos del ministerio, el titular de Transportes ejerce:

• Dirección superior de los órganos del departamento: propone al Gobierno la creación, modificación y supresión de órganos superiores y directivos de su ámbito, y distribuye internamente funciones y delegaciones de competencias mediante órdenes ministeriales y resoluciones.
• Tutela de las entidades del sector público adscritas: empresas públicas y entidades como administradores de infraestructuras, entes portuarios o de suelo están sujetas a su dirección estratégica, aprobación de planes de actuación, vigilancia de cumplimiento de objetivos y, en su caso, nombramiento o propuesta de nombramiento de órganos rectores.
• Gestión de recursos humanos y presupuestarios del departamento, a través de la subsecretaría, fijando prioridades de gasto, aprobando límites de compromisos, autorizando determinados expedientes y validando las delegaciones de competencias en materia de contratación, subvenciones y gestión económica.

4. Relaciones territoriales e internacionales

Finalmente, la normativa de Gobierno y de organización ministerial atribuye al ministro de Transportes un papel clave en:

• Relaciones con las comunidades autónomas y entidades locales en sus ámbitos materiales: coordinación de redes transeuropeas, convenios de financiación de infraestructuras, acuerdos para zonas de bajas emisiones y actuaciones conjuntas en materia de movilidad y transporte público.
• Representación del Reino de España ante la Unión Europea y organismos internacionales en materias de transporte, infraestructuras, movilidad y, cuando proceda, vivienda y urbanismo, participando en consejos de ministros sectoriales de la UE y foros especializados.
• Relaciones con las Cortes Generales en el ámbito de su competencia: defensa de proyectos de ley y reales decretos-ley del departamento, informes sobre su ejecución y comparecencias para rendir cuentas y explicar la política de transportes e infraestructuras.

En conjunto, la legislación española configura al ministro de Transportes como el responsable político máximo de la política estatal de infraestructuras, transportes y movilidad —y, en su caso, vivienda y agenda urbana— con amplias facultades normativas, de planificación estratégica, de organización administrativa y de tutela del sector público dependiente.

La instalación de un campamento de migrantes en terrenos portuarios en España no se regula por una única norma, sino por un entramado de derecho portuario, extranjería y asilo, protección civil, sanidad y medio ambiente. No existe un “tipo” jurídico específico de campamento portuario, de modo que se aplica el régimen general del dominio público portuario estatal y de los dispositivos de acogida y emergencia.

1. Título jurídico sobre el suelo portuario

Los puertos de interés general y su zona de servicio son dominio público portuario estatal, regulado por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011 (BOE). Para ocupar terrenos portuarios se necesita:

• Concesión o autorización demanial otorgada por la Autoridad Portuaria, que determine superficie, plazo, uso autorizado y condiciones de explotación.
• Compatibilidad con la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios y, en su caso, con el plan especial de la zona de servicio. Las obras deben adaptarse a este planeamiento y someterse a informe de la administración urbanística competente.
• Justificación de que el campamento encaja como uso portuario, complementario o de servicio público (por ejemplo, dispositivo de emergencia o de control fronterizo vinculado al tráfico marítimo de personas).

La ley prevé expresamente la exención de tasas de ocupación para entidades y servicios de carácter humanitario o de seguridad pública situados en el dominio público portuario, lo que da cobertura a instalaciones gestionadas por Cruz Roja u otras entidades similares.

2. Extranjería, asilo y acogida

El trato jurídico a las personas ubicadas en el campamento se rige por:

• Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE), y sus reformas.
• Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, y el Real Decreto 220/2022, que aprueba el Reglamento del sistema de acogida en materia de protección internacional (BOE).

De ahí se derivan requisitos clave:

• Garantía de derechos fundamentales, prohibición de tratos inhumanos o degradantes y respeto a la unidad familiar.
• Acceso efectivo a la solicitud de protección internacional, con identificación, información en lengua comprensible, asistencia letrada e intérprete.
• Coordinación con el Ministerio del Interior (control fronterizo, seguridad) y con el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (red de acogida humanitaria y de protección internacional).

3. Protección civil y situación de emergencia

Si el campamento se configura como dispositivo extraordinario ante llegadas masivas, rige la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil y la Norma Básica de Protección Civil, que obligan a: