El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado en su totalidad las penas fijadas por la Audiencia Provincial de Salamanca contra una pareja, hallada culpable de detención ilegal, delito contra la integridad moral y estafa continuada cometidos contra una mujer con un 79 por ciento de discapacidad psíquica y una dependencia severa.
Por el delito de detención ilegal se mantiene la condena de 7 años y 6 meses de prisión; por el delito contra la integridad moral, un año y 3 meses; y por la estafa continuada, 2 años y 9 meses de cárcel. Asimismo, la resolución confirma que deberán indemnizar a la víctima con 6.000 euros por los daños morales causados y con 2.171,52 euros por las cantidades extraídas de su cuenta bancaria.
La Sala introduce únicamente una modificación parcial respecto al tercer implicado, considerado cómplice, al aplicarle la atenuante de confesión, ya que entiende que su colaboración inicial fue relevante para el esclarecimiento de los hechos. Como consecuencia, reduce la pena por detención ilegal de 2 años y 4 meses a 1 año y 7 meses, y la correspondiente al delito contra la integridad moral de dos meses a un mes y 10 días.
La sentencia detalla las condiciones en las que la víctima fue retenida durante meses. Según el fallo, los principales acusados se aprovecharon de su especial vulnerabilidad para ganarse su confianza y trasladarla a una vivienda ocupada de forma ilegal en Salamanca, donde la mantuvieron encerrada contra su voluntad, sin suministro de agua, luz, calefacción ni servicios sanitarios.
“La mantenían encerrada (...) sin las necesarias condiciones de higiene, habitabilidad y salubridad acordes a la dignidad humana”, recoge la resolución. La mujer dormía en un colchón mugriento y realizaba sus necesidades en un cubo. Su deterioro físico era evidente, ya que había sufrido una notable pérdida de peso", relata.
La situación se descubrió el 18 de diciembre de 2024, cuando un vecino avisó a la Policía tras oír a la mujer pedir auxilio y manifestar que estaba secuestrada. Para poder acceder al inmueble y a la estancia donde se encontraba la víctima, los bomberos tuvieron que forzar dos cerraduras.
Además del encierro, la pareja se sirvió de la tarjeta bancaria de la mujer para efectuar reintegros y pagos sin su autorización, aprovechando que habían obtenido el PIN que ella tenía anotado. La resolución judicial recoge cinco operaciones fraudulentas por un importe total de 2.171,52 euros, con extracciones en cajeros de Plasencia y Salamanca y compras en establecimientos de la zona.
Las mismas fuentes indicaron que los tres condenados recurrieron la sentencia de la Audiencia. La pareja sostuvo que la mujer permanecía en el domicilio de forma voluntaria y que mantenía relación con vecinos y familiares. También negaron la estafa y afirmaron que era la propia víctima quien solicitaba retirar dinero para atender gastos diarios.
El TSJ descarta estos argumentos y respalda la valoración de la prueba realizada por la Audiencia Provincial, subrayando la solidez del testimonio de la mujer, su respaldo por la actuación policial y la situación de extrema vulnerabilidad que impedía exigirle conductas de autoprotección.
Por su parte, el otro acusado, condenado como cómplice, alegó ausencia de dolo, error de tipo y miedo insuperable. La Sala rechaza igualmente estas pretensiones y recuerda que él mismo admitió que la mujer se encontraba encerrada y que le solicitó ayuda para poder salir.