EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante ha formalizado este lunes en los juzgados una denuncia por un presunto fraccionamiento de contratos en los servicios jurídicos municipales. El escrito se dirige contra el alcalde, Luis Barcala (PP), el vicealcalde y responsable de Asesoría Jurídica y Contratación, Manuel Villar; la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, y el exedil del área, Toni Gallego, quien presentó su dimisión en 2025.
En una nota pública, la coalición explica que con esta iniciativa pretende “que se investigue la contratación, el reconocimiento y el pago de servicios externos de defensa jurídica y procuraduría del Ayuntamiento de Alicante entre 2022 y 2025”.
La denuncia se extiende igualmente a aquellos funcionarios “que pudieran aparecer como responsables en el curso de la investigación” y reclama “se valore la posible comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente corresponda”.
EU-Podem recuerda que ya presentó una primera denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante el 1 de junio de 2026, que fue archivada el 23 de julio. El grupo municipal destaca que, “aunque la Fiscalía apreció” un “quebranto normativo patente” y “calificó el proceder” como “difícilmente justificable”, entendió que “los hechos analizados no alcanzaban entidad penal suficiente conforme al principio de intervención mínima”.
La formación precisa que el escrito remitido ahora al juzgado amplía “sustancialmente” aquella primera denuncia e “incorpora los informes anuales de control interno de 2022, 2023, 2024 y 2025, que reflejan la repetición de reparos por posible fraccionamiento de contratos menores, la omisión del procedimiento legal para resolver las discrepancias con la Intervención y, en distintos ejercicios, la necesidad de acudir a resoluciones judiciales para reconocer la indemnización a los prestadores”.
Importes y reparos de la Intervención
Según EU-Podem, “los importes identificados en los informes ascienden a 18.353,86 euros en 2023, 10.692,27 euros en 2024 y 5.732,03 euros en 2025”, lo que supone “un total de 34.778,16 euros”. Precisa que el ejercicio 2022 “no se incluye en la suma porque el centro gestor desistió de seis expedientes disconformes y la documentación agregada no permite fijar una cantidad abonada” y que “tampoco están cuantificados posibles intereses, costas u otros costes derivados de las reclamaciones”.
La coalición indica que, a la vista de la documentación, “el centro gestor 13, Asesoría Jurídica, tramitó separadamente prestaciones homogéneas de defensa jurídica o procuraduría”. Añade que “la Intervención formuló reparos por posible fraccionamiento contrario al artículo 99.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y señaló que, cuando el área gestora no aceptó el reparo, no se siguió el procedimiento de resolución de discrepancias previsto legalmente”.
EU-Podem subraya además que la denuncia pone de relieve que “la junta de gobierno local acordó en junio de 2023 licitar mediante procedimiento abierto tres lotes de representación procesal por 145.200 euros para dos años”. A juicio de la coalición, ese acuerdo “acredita que los responsables municipales conocían la necesidad de agrupar las prestaciones y someterlas a un procedimiento con publicidad y concurrencia”.
El escrito también pide “investigar la ausencia reiterada del plan de acción corrector previsto en el artículo 38 del Real Decreto 424/2017” y resalta que “los informes de control interno de 2022 a 2025 señalan que no consta su elaboración, pese a que corresponde a la presidencia de la corporación formalizarlo en un máximo de tres meses para corregir las deficiencias detectadas”.
EU-Podem incide en que “la documentación municipal disponible refleja los resultados de fiscalización, los reparos y las resoluciones judiciales indemnizatorias, pero no reproduce íntegramente todos los expedientes”, por lo que solicita al juzgado que “compruebe los hechos e individualice las resoluciones que aprobaron o adjudicaron contratos, reconocieron obligaciones, autorizaron pagos o mantuvieron la tramitación pese a los reparos, así como la intervención y el conocimiento de cada persona”.
El grupo municipal precisa que la denuncia se acompaña de 13 bloques documentales, entre los que se incluyen “las actuaciones de Fiscalía, los informes municipales de control interno de cuatro ejercicios, el informe específico de reparos de 2025, los decretos de delegación de competencias y varios acuerdos de la junta de gobierno local relativos a la licitación de los servicios de procuraduría”.
“VENIMOS A PEDIR QUE SE INVESTIGUE”
En relación con la iniciativa judicial, el portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, ha manifestado: “No venimos a dictar una sentencia a las puertas del juzgado. Venimos a pedir que se investigue por qué una práctica advertida como irregular se repitió durante cuatro ejercicios sin corregirse”.
Copé recuerda que “la Fiscalía archivó, pero no blanqueó lo ocurrido”, y sostiene que “cuando el propio decreto habla de un quebranto normativo patente”, la responsabilidad del grupo municipal “es aportar la visión completa y pedir que el órgano judicial investigue”.
El portavoz remarca que “la gravedad no está únicamente en la cuantía de cada factura. Está en que las advertencias se repitan, los controles se omitan y no consten medidas para corregir la práctica. Las reglas de contratación protegen la igualdad, la transparencia y el dinero público”.
Por último, EU-Podem recalca que “la presentación de la denuncia no prejuzga la culpabilidad de ninguna persona y que corresponde exclusivamente al órgano judicial valorar los indicios, practicar las comprobaciones oportunas y determinar, en su caso, las responsabilidades”.