Hazte Oír ha interpuesto una querella ante la Audiencia Nacional contra “agentes de inteligencia marroquíes”, mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos, además de contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, a raíz de la entrada masiva de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma durante el jueves y el viernes a través del espigón del Tarajal.
La asociación lo ha hecho público en una nota de prensa en la que apunta de forma directa a Fouad Ali El Himma, consejero del rey de Marruecos, Mohamed VI, “a quien diferentes informaciones sitúan como presunto cerebro de la operación”.
En su escrito, la entidad solicita que la querella se acumule a las diligencias previas ya abiertas por los hechos ocurridos en Ceuta y pide poder personarse como acusación popular para esclarecer si la entrada masiva de personas “respondió a una operación concertada”.
Según detalla Hazte Oír, la querella se dirige contra “cuatro niveles de responsabilidad”: los “agentes de inteligencia marroquíes que habrían sido identificados como infiltrados en Ceuta”; los mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares; “los organizadores de la operación” y “las autoridades españolas que hubieran dictado, transmitido o ejecutado las órdenes de no intervención”.
La asociación reclama además que se investigue quién dio la orden de “dejarse ver, pero sin intervenir” y “quién envió a los militares sin munición y sin autorización para emplear la fuerza”.
Por otra parte, según han indicado fuentes de la organización a Europa Press, también se han querellado específicamente contra Pérez Triano y han solicitado la comparecencia como testigo del subdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma.
En la querella, Hazte Oír adjunta “documentación gráfica” relativa a “un vehículo observado junto al Tarajal” cuyos ocupantes “prestaban asistencia de diferente clase a determinados ciudadanos marroquíes que cruzaron la frontera, los cuales se dirigían directamente a dicho vehículo”, mientras que los pasajeros “evitaban en todo momento ser grabados”.
Por este motivo, la asociación pide que se proceda a su identificación “y esclarecer si mantenían alguna relación con los servicios del Reino de Marruecos”, según recoge la nota de prensa.
El escrito atribuye a los querellados posibles delitos contra la paz o la independencia del Estado, favorecimiento agravado de la inmigración ilegal, organización criminal, prevaricación, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave. Asimismo, reclama que se conserven de forma urgente las grabaciones de videovigilancia, las comunicaciones policiales y militares, las órdenes operativas y los contactos con Marruecos entre el 27 de julio y el 2 de agosto de 2026.