El juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el "caso Koldo", Ismael Moreno, ha autorizado la personación de la Abogacía del Estado para que represente a las empresas públicas Ineco y Tragsatec, sociedades en las que fue contratada Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y de las que habría percibido casi 44.000 euros sin acudir a su puesto.
En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado deja constancia de la recepción de los escritos de la Abogacía del Estado en los que comunica que actuará en nombre de dichas entidades públicas y, en consecuencia, "se le tiene por personada en la presente causa", otorgándole acceso al conjunto de la documentación de la investigación.
Moreno ya había imputado a Jéssica Rodríguez por un presunto delito de prevaricación vinculado a su contratación en Ineco y Tragsatec, citándola a declarar el pasado 20 de julio. Ese día, la exnovia de Ábalos decidió acogerse a su derecho a no declarar.
La defensa de Rodríguez recurrió la decisión del instructor, pero el juez ratificó su condición de investigada por presunta prevaricación y remarcó, en un auto al que tuvo acceso esta agencia, que no debería haber cobrado de Ineco y Tragsatec, dado que no realizó "trabajo alguno".
En la sentencia del "caso mascarillas", el Tribunal Supremo (TS) calificó como "prácticas de enchufismo" la contratación de Jéssica Rodríguez en ambas compañías públicas, de las que, según el alto tribunal, percibió 43.950 euros sin acudir al trabajo, después de que Ábalos "activara" su contratación y "facilitara" la "interesada cobertura" para "eludir los controles del desarrollo efectivo de su trabajo", según la resolución del "caso mascarillas".
El Supremo consideró acreditado que Ábalos "activó los mecanismos influyentes para la contratación" de su exnovia y "dispuso de las condiciones para que esta no fuera a trabajar durante todo el desarrollo del plan criminal".
Asimismo, el tribunal subrayó que el exministro "facilitó a la interesada cobertura para eludir o neutralizar los controles del desarrollo efectivo de su trabajo" y "colaboró en la confección falsaria de partes de asistencia", según se recoge en la sentencia.
La resolución añade también que el ex titular de Transportes "transmitió indicaciones para que no se molestara a Jéssica Rodríguez pidiéndole explicaciones sobre el trabajo desarrollado" durante el periodo en el que estuvo contratada, primero en Ineco y posteriormente en Tragsatec, ambas de titularidad pública.