La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha instado a abordar la situación migratoria en Ceuta garantizando “el principio de legalidad”, subrayando que ello “no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas”.
Peramato ha lanzado este mensaje durante su intervención en el acto solemne de apertura del año judicial, presidido por el Rey Felipe VI en la sede del Tribunal Supremo, donde también ha trasladado un mensaje de “reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta”, que “ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad”.
“Por ello quiero recordar la necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas”, ha reiterado la fiscal general, insistiendo en que el respeto a la ley y el trato digno a los migrantes deben ir de la mano.
En su intervención, ha expresado igualmente su “reconocimiento a las instituciones, entidades, organizaciones sociales y personas voluntarias que, con profesionalidad, humanidad y entrega, contribuyen cada día a dar respuesta a estas difíciles circunstancias”.
Ha querido resaltar “de manera especial” el trabajo del Ministerio Fiscal en la ciudad autónoma, destacando que la labor de los fiscales de Ceuta “cuya dedicación y compromiso resultan esenciales para garantizar la defensa de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas afectadas”, en particular “de los niños, niñas y adolescentes, especialmente vulnerables en contextos como el actual”.
En este sentido, ha recordado que la protección de la infancia “constituye una de las responsabilidades más sensibles y exigentes del Ministerio Fiscal”, y ha apuntado que durante su visita a Ceuta el pasado 27 de agosto pudo comprobar “el extraordinario esfuerzo, sensibilidad y profesionalidad con que los fiscales desempeñan esta tarea”.
Para reforzar la capacidad de respuesta ante la presión migratoria, Peramato ha señalado que se ha decidido enviar a tres fiscales procedentes de la península a la ciudad autónoma, una medida que se hará efectiva “en próximas fechas”.
INSTA A LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL NARCOTRÁFICO
En otro momento de su discurso, la fiscal general ha puesto el foco en la actuación del Ministerio Fiscal frente a la corrupción, un fenómeno que, ha dicho, “erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones, distorsiona el correcto funcionamiento de los poderes públicos y compromete los principios de integridad y servicio al interés general que deben presidir toda actuación pública”.
Ha advertido de que la persecución de estas conductas exige del Ministerio Fiscal “el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo”.
“Por ello, la lucha contra la corrupción constituye una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía española”, ha subrayado, precisando que la respuesta de la institución busca “garantizar una persecución eficaz de estas conductas” y sostener la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y judiciales.
Peramato ha puesto también el acento en el “combate” contra las formas más sofisticadas de delincuencia organizada, entre ellas el narcotráfico, al que ha descrito como una de “las principales amenazas para la seguridad y el Estado de derecho, debido a la creciente capacidad económica, sofisticación e internacionalización de las organizaciones criminales que operan en este ámbito”.
Ha remarcado que este fenómeno se manifiesta con “especial intensidad” en áreas como el Campo de Gibraltar, donde “la presión ejercida por las redes de narcotráfico plantea desafíos extraordinarios para las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley”.
En este contexto, ha tenido un recuerdo para los agentes fallecidos en actos de servicio: “No puedo dejar de recordar en este punto a los guardias civiles que perdieron la vida en Barbate en el año 2024 y en Huelva en este año 2026, mientras cumplían con su deber, víctimas de la violencia y el desprecio por las normas democráticas que caracterizan a estas organizaciones criminales”, ha señalado, recalcando que su memoria es un “permanente recordatorio” del esfuerzo que exige la lucha contra el narcotráfico y una “deuda de gratitud que la sociedad mantiene con quienes arriesgan su vida para protegerla”.
A su entender, la reacción de los poderes públicos frente al narcotráfico no puede limitarse a la mera incautación de sustancias, sino que es “imprescindible impulsar investigaciones patrimoniales y financieras que permitan identificar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y privarlas de los beneficios obtenidos mediante su actividad ilícita, atacando así la base misma de su poder y capacidad de expansión”.
LAMENTA LA “DESCALIFICACIÓN SISTEMÁTICA” HACIA LA FISCALÍA
Peramato ha afirmado que España “dispone hoy de una oportunidad histórica” para transformar el modelo procesal penal, cuya configuración básica continúa respondiendo a “concepciones del siglo XIX”. Se ha referido así a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en tramitación parlamentaria, que prevé que sean los fiscales quienes asuman la instrucción de las causas penales en lugar de los jueces.
La fiscal general ha expresado el “firme respaldo” del Ministerio Público a esta reforma y ha recordado que cuenta con el “aval” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que también “ha sido respaldada, recientemente, por la Comisión Europea”.
“La atribución de la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal no constituye una reivindicación corporativa. Se trata, ante todo, de una exigencia de racionalidad institucional orientada a reforzar las garantías del proceso penal y, en definitiva, a fortalecer la calidad de nuestro Estado de derecho”, ha defendido, insistiendo en que el objetivo último es “reforzar las garantías de la ciudadanía”.
RECLAMA “MÁS AUTONOMÍA” Y REFUERZO DE PLANTILLA
No obstante, ha advertido de que, “para una asunción exitosa de la investigación penal”, la institución necesita “más autonomía y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal” porque, entre otros aspectos, desvincula el mandato del fiscal general de la duración del Gobierno que lo nombra y “porque atribuye a la Junta de Fiscales de Sala, mediante una mayoría cualificada de sus miembros, capacidad de veto”.
Ha reclamado además que la futura reforma “vaya acompañada de los recursos necesarios para ejercerlas con eficacia”: “Será imprescindible reforzar las plantillas, modernizar los sistemas tecnológicos, consolidar estructuras de apoyo adecuadas y seguir profundizando en la especialización de las y los fiscales”.
En su primer discurso en un acto de apertura del año judicial, Peramato ha remarcado que la ciudadanía exige “transparencia” y “una legítima exigencia de rendición de cuentas” al Ministerio Público.
“El Ministerio Fiscal acepta esa exigencia, pero transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad”, ha advertido, reivindicando que la Fiscalía está formada “por mujeres y hombres altamente cualificados que acceden a la carrera tras superar uno de los procesos selectivos más exigentes de la Administración pública”.