La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar el próximo 17 de septiembre a I.E.G., para quien la Fiscalía pide una pena de ocho años y cuatro meses de cárcel por presuntos delitos contra la libertad sexual, agresión sexual y amenazas a un menor que contaba con 14 años en el momento de los hechos.
De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se sitúan entre junio y julio de 2022, cuando el procesado habría iniciado contactos frecuentes a través de WhatsApp con el menor, hijo de una compañera de trabajo.
La Fiscalía detalla que el acusado insistía de manera reiterada en quedarse “a solas” con el adolescente y trataba de ganarse su confianza empleando un tono seductor, mientras que el menor, por miedo a posibles consecuencias negativas en el ámbito laboral para su madre, no le contó inicialmente lo que estaba ocurriendo.
Según la versión de la acusación pública, el 1 de julio de 2022 ambos se citaron en las cercanías de la plaza de toros de una localidad de la comarca de Daimiel.
En ese lugar, el acusado supuestamente ofreció dinero al menor a cambio de que le enseñara sus genitales y se masturbara, propuesta que el chico rechazó.
A continuación, siempre según el relato fiscal, el hombre le habría dado una botella de Coca-Cola, de la que el menor ingirió aproximadamente la mitad, comenzando poco después a sentirse mareado.
El Ministerio Público sostiene que el acusado se habría aprovechado de esa situación para realizarle tocamientos de índole sexual en dos ocasiones, sujetándole e impidiéndole marcharse del lugar.
El escrito de acusación añade que, tras estos hechos, el procesado habría continuado llamando de forma insistente al menor y lanzándole amenazas relacionadas con el trabajo de su madre, hasta el punto de advertirle de que en algún momento podría sufrir “un accidente con la furgoneta del trabajo” en la que se desplazaba.
Por todo ello, la Fiscalía interesa la imposición de tres años de prisión por un delito contra la libertad sexual, cuatro años por un delito de agresión sexual y 16 meses adicionales por un delito de amenazas.
Asimismo, solicita la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, la medida de libertad vigilada durante diez años y la inhabilitación, también por una década, para desempeñar profesiones u oficios que conlleven contacto directo y habitual con menores.