El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha cuantificado en 1.245 los miembros de la Guàrdia Urbana afectados por la filtración de datos personales del cuerpo, a raíz de la difusión de nombres y apellidos en la gaceta municipal.
Batlle lo ha detallado durante una comparecencia en la Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior, convocada a petición de Junts, en la que ha precisado que la publicación más antigua detectada se remonta a septiembre de 2023, mientras que la más reciente corresponde a 2026.
En su intervención, ha reconocido que “Los criterios de publicación aplicados fueron, erróneamente, los mismos que se utilizan para el resto de puestos de trabajo de la organización, incumpliendo los criterios específicos de protección de datos aplicables a este colectivo”, asumiendo así que no se respetaron las particularidades de protección de datos que rigen para este cuerpo policial.
Críticas de Junts por la gravedad del incidente
Desde Junts, su presidente, Jordi Martí, ha subrayado que lo sucedido va mucho más allá de un simple fallo burocrático y ha alertado de que se trata de un “incidente de una gravedad extraordinaria” con consecuencias en distintos ámbitos.
Martí ha insistido en que “No es un problema administrativo cualquiera. Tiene muchas afectaciones a muchos niveles, que afectan a personas físicas, a familias y, especialmente, a un tema tan singular como es la seguridad colectiva de la población de nuestra ciudad”, poniendo el foco en el impacto que esta exposición de datos puede tener tanto en los agentes como en su entorno y en la seguridad del conjunto de la ciudadanía.