La reforma de la financiación autonómica vuelve al centro de la agenda política. El Ministerio de Hacienda ha convocado para el próximo viernes 4 de septiembre al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de someter a votación su propuesta y desbloquear un modelo que lleva pendiente de renovación desde 2014. La reunión debía haberse celebrado en julio, pero fue aplazada a petición de las comunidades gobernadas por el PP.
La reforma no consiste simplemente en entregar más dinero. Cambia qué impuestos se reparten, cómo se calcula cuánto necesita cada territorio y qué mecanismos se utilizan para compensar las diferencias entre comunidades. Hacienda estima que en 2027 el sistema distribuiría 224.507 millones y aportaría 20.975 millones adicionales respecto a mantener el modelo vigente. El proyecto todavía no está aprobado: después del CPFF tendría que pasar por el Consejo de Ministros y posteriormente por las Cortes, donde su viabilidad parlamentaria no está garantizada.
Más IRPF y más IVA para las comunidades
Uno de los cambios más importantes afecta a los impuestos. Actualmente las comunidades reciben el 50% del IRPF y el 50% del IVA. La propuesta eleva la participación autonómica hasta el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, lo que, según Hacienda, supondría cerca de 16.000 millones adicionales en capacidad tributaria durante 2027. También entrarían en el sistema figuras como Patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, determinadas actividades del juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos.
El Gobierno quiere introducir además un mecanismo voluntario vinculado al IVA generado por las pymes. Una comunidad donde el peso relativo del IVA declarado por pequeñas y medianas empresas sea superior a su índice de consumo podría recibir una transferencia adicional. Junto a ello se plantea un sistema de "caja compartida" para que determinados ingresos tributarios lleguen con mayor rapidez a las autonomías y reducir el desfase actual entre las entregas a cuenta y las liquidaciones definitivas.
Cambia la población ajustada: edad, estudiantes, paro y despoblación
La otra gran batalla está en la denominada población ajustada, que no cuenta simplemente cuántos habitantes tiene cada autonomía. Intenta calcular cuánto cuesta prestar sanidad, educación y servicios sociales en función de las características de su población.
La propuesta reserva un 38% del cálculo a las necesidades sanitarias, diferenciando ahora 20 grupos de edad; un 30% a la población general; un 17% a los menores de 18 años y otro 3,5% a población universitaria y movilidad de estudiantes. Los mayores de 65 años pesan un 7% y los parados sin prestación, un 1,5%. También entran superficie, dispersión, insularidad y un nuevo indicador de costes fijos pensado para territorios poco poblados.
El último borrador añade además una corrección para las comunidades que pierden población, tomando como referencia el máximo de su población ajustada de los tres años anteriores. La intención es evitar que una caída demográfica reduzca inmediatamente sus recursos cuando hospitales, colegios o servicios públicos no pueden disminuir sus costes al mismo ritmo.
Qué recibiría cada comunidad
Las cifras publicadas inicialmente por Hacienda permiten observar quién parte como principal beneficiario. Son estimaciones del Gobierno para 2027 respecto a lo que recibiría cada territorio manteniendo el sistema actual y pueden sufrir modificaciones durante la negociación antes de la aprobación definitiva.
Andalucía: 4.846 millones. Es la mayor beneficiaria en euros absolutos y busca corregir su financiación por habitante.
Cataluña: 4.686 millones. Es uno de los grandes ganadores y el modelo incorpora elementos vinculados a la ordinalidad y mayor autonomía fiscal.
Comunitat Valenciana: 3.669 millones. Parte de una de las posiciones más bajas de financiación por habitante y reclama una corrección estructural de su infrafinanciación.
Madrid: 2.555 millones. Aumentaría sus recursos, aunque su elevada capacidad fiscal la convierte también en referencia de los mecanismos de nivelación.
Castilla-La Mancha: 1.248 millones. Obtendría más fondos, pero su Gobierno rechaza el diseño actual y exige mayor igualdad en el reparto.
Murcia: 1.188 millones. Una de las autonomías históricamente peor financiadas; tendría una mejora significativa.
Aragón: 629 millones. Reclama que territorio, dispersión y coste de prestar servicios pesen más.
Canarias: 611 millones en el diseño inicial. Las negociaciones posteriores han mejorado su posición y el Gobierno canario cifra ya en torno a 1.300 millones el aumento anual ligado al acuerdo global.
Galicia: 587 millones. El envejecimiento y la dispersión territorial son sus principales reivindicaciones.
Baleares: 412 millones. Busca que la insularidad y su elevada capacidad tributaria queden correctamente reflejadas.
Castilla y León: 271 millones. Considera insuficiente el peso de superficie, dispersión y despoblación.
Asturias: 248 millones. Su Gobierno considera insuficiente la cifra y rechaza actualmente la propuesta.
La Rioja: 25 millones. El pequeño tamaño y los costes fijos son determinantes para su posición.
Cantabria: Hacienda plantea mecanismos complementarios, entre ellos unos 46 millones vinculados al Fondo de Compensación Interterritorial.
Extremadura: El Gobierno plantea aproximadamente 216 millones adicionales a través de mecanismos complementarios.
País Vasco y Navarra no forman parte del sistema de régimen común, ya que cuentan con sus propios modelos forales de concierto y convenio económico. Ceuta y Melilla tienen también un tratamiento específico.
Cataluña: 4.686 millones y la polémica de la ordinalidad
Cataluña constituye el principal foco político de la reforma. La Generalitat calcula que recibiría 4.686 millones adicionales, un incremento del 13,35%, y sostiene que el sistema permitiría aplicar por primera vez el principio de ordinalidad sobre población ajustada: Cataluña mantendría la tercera posición como comunidad aportadora y pasaría también a ocupar la tercera en recepción de recursos según ese indicador.
La ordinalidad pretende evitar que una comunidad que ocupa una determinada posición por capacidad fiscal termine mucho más abajo después de la redistribución. Es precisamente uno de los elementos que genera mayor rechazo en otras autonomías. Castilla-La Mancha considera que puede introducir un trato desigual, mientras Asturias ha fijado la ordinalidad como una de sus líneas rojas.
Valencia y Murcia: las comunidades que buscan salir de la infrafinanciación
La Comunitat Valenciana y Murcia parten de las posiciones más bajas del actual sistema. Según los últimos datos liquidados analizados por Fedea, ambas se situaban en torno al 94,6% de la media de financiación normativa por habitante ajustado, mientras territorios como Cantabria superaban ampliamente la media.
Por eso la reforma tiene para ambas un impacto especialmente importante. Hacienda calcula inicialmente 3.669 millones adicionales para la Comunitat Valenciana y 1.188 millones para Murcia. Sin embargo, el Gobierno valenciano mantiene su oposición política al procedimiento seguido y acusa al Ejecutivo de haber partido de un acuerdo previo con Cataluña.
Andalucía ganaría más dinero que ninguna otra comunidad
En términos absolutos, la mayor beneficiaria sería Andalucía, con 4.846 millones adicionales, incluso ligeramente por encima de Cataluña. Su elevada población y su actual financiación por habitante explican buena parte del resultado.
El Gobierno sostiene que el nuevo mecanismo de nivelación está diseñado precisamente para reducir las diferencias. Su propuesta garantiza que las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado a partir de su capacidad tributaria y añade una aportación estatal de unos 19.000 millones para aproximar a los territorios que están más alejados de los que disponen de más recursos. Hacienda calcula que la distancia entre la comunidad mejor y peor financiada pasaría de unos 1.500 euros por habitante ajustado a aproximadamente 700 después de todas las correcciones.
Galicia, Castilla y León y Asturias quieren más peso para el territorio
Las comunidades envejecidas y con una elevada dispersión de población mantienen otro frente. Galicia, Castilla y León y Asturias sostienen que atender a una población envejecida repartida entre miles de núcleos pequeños encarece hospitales, colegios, transporte sanitario o servicios sociales.
El nuevo sistema aumenta el detalle de la edad de la población y crea un indicador de costes fijos, pero superficie y dispersión continúan teniendo un peso relativamente reducido: 1,6% y 0,5%, respectivamente. Asturias ya ha anunciado que votará en contra si no hay modificaciones importantes y considera insuficientes los 248 millones que le corresponden en la estimación inicial.
Canarias cambia de posición y apoyará el modelo
Canarias es una de las pocas comunidades que ha pasado del recelo inicial al respaldo. Tras negociar con Hacienda, el Gobierno de Fernando Clavijo ha anunciado que apoyará la reforma después de obtener garantías para que los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF) no se contabilicen como financiación ordinaria. El Ejecutivo canario calcula ahora que el conjunto de acuerdos puede reportarle aproximadamente 1.300 millones adicionales al año, una cifra superior a los 611 millones de la primera simulación publicada en enero.
Esta evolución demuestra también que la tabla inicial no debe interpretarse como el resultado definitivo: Hacienda mantiene abiertas negociaciones sobre aspectos específicos de cada territorio.
Un fondo climático de 1.000 millones
El proyecto incorpora además un fondo climático de unos 1.000 millones de euros. Dos tercios se reservarían para las comunidades del litoral mediterráneo, consideradas especialmente expuestas al calentamiento del mar y a fenómenos meteorológicos extremos, mientras el tercio restante se distribuiría entre los demás territorios según población ajustada.
Esta partida beneficia especialmente a autonomías mediterráneas como Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares, aunque representa una fracción pequeña del conjunto del sistema.
Nadie perderá dinero, según la cláusula de statu quo
Para hacer políticamente más viable la transición, Hacienda introduce una cláusula de statu quo: ninguna comunidad debería comenzar el nuevo modelo recibiendo menos dinero que con el sistema anterior. El Estado aportaría alrededor de 400 millones para cubrir esas compensaciones, especialmente relevantes en Cantabria y Extremadura.
Este mecanismo evita pérdidas inmediatas, pero también ha recibido críticas técnicas. Fedea advierte de que mantener indefinidamente estas compensaciones puede perpetuar las posiciones heredadas del modelo anterior y dificultar que el reparto se aproxime realmente a los criterios objetivos establecidos por la nueva fórmula.
La condonación de deuda es otra reforma distinta
El debate de financiación coincide con la tramitación de la condonación parcial de deuda autonómica, pero son dos asuntos diferentes. El proyecto sobre deuda permitiría al Estado asumir hasta 83.252 millones de euros actualmente soportados por las comunidades de régimen común; la reforma de financiación determina, en cambio, cómo se repartirán los ingresos cada año en el futuro.
Una comunidad puede, por tanto, beneficiarse de una eventual reducción de deuda y al mismo tiempo discutir cuánto recibe con el nuevo sistema.
El 4 de septiembre, primera votación decisiva
El siguiente paso llegará este viernes. Hacienda pretende que el CPFF apruebe la propuesta el 4 de septiembre para elevarla posteriormente al Consejo de Ministros. Cataluña y Canarias han adelantado una posición favorable, mientras las comunidades gobernadas por el PP mantienen fuertes objeciones y gobiernos como los de Asturias o Castilla-La Mancha también rechazan actualmente el diseño.
Superar el CPFF no resolverá la cuestión. La reforma requiere después cambios legales y su aprobación definitiva en el Congreso no está asegurada. El Gobierno mantiene como objetivo que el nuevo sistema pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027, pero para lograrlo deberá resolver una discusión que enfrenta intereses territoriales muy diferentes: las comunidades infrafinanciadas quieren recuperar terreno, las más envejecidas reclaman que se valore el coste de la despoblación y las de mayor capacidad fiscal buscan que la solidaridad no altere excesivamente su posición.
En definitiva, la reforma reparte más dinero, pero la verdadera batalla está en cómo se decide quién necesita más y hasta dónde debe llegar la redistribución entre territorios.