El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido, a propuesta de las consejerías de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, declarar desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario y forestal el incendio iniciado el 6 de agosto de 2026 en la provincia de Huelva, que posteriormente se extendió hasta la provincia de Sevilla.
Según ha explicado la Junta en un comunicado, esta declaración se adopta como paso previo para activar distintas actuaciones y medidas urgentes que garanticen la supervivencia socioeconómica y la viabilidad futura de las comarcas dañadas en Huelva y Sevilla.
En este marco, se encomienda a ambas consejerías que pongan en marcha medidas de flexibilización en la gestión de las ayudas aplicables a los titulares de las explotaciones afectadas por el fuego. Este reconocimiento institucional se considera “crucial” para permitir de forma inmediata la flexibilización en la concesión y justificación de las ayudas, como las del Feaga y Feader, “impidiendo que los titulares afectados pierdan fondos esenciales o sean penalizados por incumplir requisitos técnicos debido a una causa de fuerza mayor”.
En la provincia de Huelva se han visto dañados los términos municipales de Berrocal, El Campillo, Niebla, Escacena del Campo, La Palma del Condado, Paterna del Campo, Valverde del Camino, Villalba del Alcor, Villarrasa y Zalamea la Real; mientras que en la provincia de Sevilla el municipio afectado ha sido Aznalcóllar.
La Administración andaluza subraya que este incendio ha supuesto una emergencia “de extraordinaria magnitud y complejidad”, tanto por la superficie alcanzada como por las condiciones extremas en las que se desarrollaron los trabajos de extinción. El fuego llegó a abarcar los términos municipales mencionados, con un perímetro cercano a los 210 kilómetros, y una medición definitiva, elaborada mediante el programa europeo Copernicus, que cifra la superficie calcinada en torno a 33.000 hectáreas.
El siniestro ha devastado amplias masas forestales formadas por pinares y zonas críticas de dehesa y monte mediterráneo “de alto valor ecológico”. Se confirma igualmente la destrucción del potencial maderero y, de forma “muy severa”, una pérdida “drástica” en la producción de corcho y bellota en los montes públicos y privados de la zona --con especial incidencia en Berrocal--, además de eucaliptales en explotación, tanto en uso como abandonados.
La desaparición del estrato vegetal deja, además, los suelos desprotegidos frente a una erosión “inminente” ante las próximas lluvias otoñales, lo que hace “indispensables” obras hidrotecnias de emergencia para salvaguardar las cuencas fluviales. Al mismo tiempo, la fauna silvestre ha sufrido una fragmentación de hábitats “sin precedentes”.
Los cotos de caza mayor y menor de los municipios afectados presentan una pérdida “absoluta” de refugio, encames y alimento, “provocando una alta mortalidad directa y el desplazamiento forzoso de poblaciones”. En total, se han visto afectados 34 cotos; 27 situados en la provincia de Huelva y siete en la de Sevilla.
Impacto en la ganadería extensiva y el sector apícola
En el ámbito agrario, el daño se concentra sobre todo en la ganadería extensiva. El incendio ha supuesto un perjuicio agrario directo al eliminar o reducir la cubierta herbácea y arbustiva que sirve de alimento al ganado y ha “comprometido” la campaña de montanera del cerdo ibérico, así como la disponibilidad de sombra para los animales.
El fuego también ha generado costes extraordinarios por la evacuación y la alimentación de emergencia de animales y colmenas. Se tiene constancia de que se han visto afectadas 38 explotaciones de bovino y equino, además de explotaciones de pequeños rumiantes y porcino. El sector apícola de la zona se enfrenta igualmente a un escenario “muy desfavorable” por la calcinación directa de asentamientos de colmenas y la práctica desaparición del soporte floral melífero y arbustivo.
La Junta remarca que la afección es “de tal magnitud” que “se deben buscar soluciones viables para la recolocación de las colmenas en aquellas islas verdes o superficies que no se hayan visto afectadas, siempre que sea posible”. Asimismo, la red viaria de comunicación presenta daños estructurales, con pasos de agua, cunetas y firmes de tierra deteriorados y en parte intransitables.
También se han registrado desperfectos derivados de la apertura de cortafuegos, el corte o retirada de alambradas y daños en instalaciones y cerramientos ganaderos. Por último, la pérdida del potencial productivo forestal-agrario y la destrucción de servicios ecosistémicos esenciales --como la regulación del ciclo hídrico y la fijación de carbono-- hacen necesaria una intervención pública “inmediata”.