La Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema) ha señalado que el proyecto de ley agraria aprobado por el Consell de Govern incorpora parte de sus reivindicaciones, aunque insiste en la necesidad de “más garantías” para la producción ecológica y la defensa del suelo rústico.
Según ha detallado la entidad en un comunicado, el texto requiere garantías “más claras” para que la mejora de la rentabilidad de las explotaciones se vincule a una protección real del suelo agrario y a un respaldo “decidido” a la agricultura ecológica.
Entre los puntos en los que el proyecto coincide con sus propuestas, se mantiene el máximo de seis plazas de agroestancia por explotación, descartando así las diez que se contemplaban en un primer borrador.
No obstante, el texto conserva la opción de aumentar hasta un 20 por ciento el volumen de ciertas edificaciones destinadas a actividades complementarias, siempre que no se incremente ni la ocupación ni la edificabilidad de las mismas.
A juicio de Apaema, la ley debería fijar un tope a estas actividades complementarias, de forma que no superen el 30 por ciento de los ingresos o de la renta total de la explotación agraria.
La asociación valora de forma positiva que se haga referencia a los obradores colectivos para pequeñas fincas y al mandato de impulsar medidas de flexibilización higenicosanitaria para las producciones de pequeña escala, siempre bajo garantías de salud pública.
Asimismo, la entidad destaca las previsiones relativas al uso, intercambio y comercialización de semillas propias de variedades locales, así como al impulso de las rotaciones de cultivos, la protección de los polinizadores y la mejora de la fertilidad del suelo.
En materia de producción ecológica, el proyecto no recupera el reconocimiento de su carácter estratégico específico, tal como reclamaba Apaema, y, según denuncia, condiciona el apoyo a que no suponga desventajas para otros modelos productivos.
Por ello, la asociación reclama que la futura ley reconozca de forma explícita esta aportación mediante medidas concretas, que el producto adquirido como ecológico en la compra pública sea también de origen local y que se asegure la exclusividad del Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica en las tareas de control.
Igualmente, Apaema lamenta que no se haya incorporado la prohibición de sembrar transgénicos que había solicitado, ni la supresión de la referencia a determinadas nuevas técnicas genómicas.
En cuanto a la construcción en suelo rústico, el proyecto establece que ciertas nuevas viviendas deberán vincularse a una actividad agraria durante 15 años. La asociación pedía “ir más allá”, aunque reconoce que esta exigencia supone “una mejora” frente a la normativa vigente.
La entidad también critica que el Govern haya dejado fuera otra de sus propuestas, referida a reservar el 50 por ciento de la recaudación anual del impuesto de turismo sostenible para remunerar los servicios ambientales que presta el sector primario.
En cualquier caso, Apaema considera que la tramitación parlamentaria abre una ventana para reforzar estos aspectos y reclama que el texto definitivo incorpore las “garantías pendientes” con el fin de asegurar una payesía “viable, una producción ecológica con apoyo efectivo y una protección duradera de la tierra agraria”.