El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha defendido en dos encuentros distintos que la próxima Política Agraria Común (PAC) y la política pesquera comunitaria mantengan e integren de forma clara el principio de insularidad.
Simonet ha intervenido este miércoles en Madrid, junto al resto de consejeros autonómicos, en los consejos consultivos de Política Pesquera y de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, convocados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Según ha detallado la Conselleria en una nota de prensa, estas reuniones han servido para tratar con las comunidades autónomas los asuntos clave que España deberá defender en las próximas negociaciones en la UE y avanzar en la postura que el Ministerio presentará ante Bruselas.
A lo largo de ambas sesiones, el conseller ha expuesto al Ministerio las principales demandas de Baleares para que las políticas europeas compartan objetivos generales pero se ajusten a "realidades territoriales muy diferentes". "En Baleares se defiende que la insularidad sea un criterio efectivo tanto en la política agraria como en la pesquera", ha subrayado.
Gestión de la PAC desde el Ministerio de Agricultura
En el ámbito agrario, una de las peticiones centrales del Govern es que, con el nuevo modelo que propone Bruselas, los fondos de la futura PAC asignados a España se canalicen directamente al Ministerio de Agricultura, y que sea este departamento quien los reparta en coordinación con las consejerías autonómicas competentes.
El Ejecutivo balear sostiene que este esquema permitiría una relación más directa entre las administraciones responsables de la política agraria y evitaría que los recursos tuvieran que pasar primero por el Ministerio de Hacienda y después por las haciendas autonómicas antes de llegar a las consellerias de Agricultura.
"La PAC debe ser una política agraria. Los departamentos que conocen el sector, las explotaciones y las necesidades específicas de cada territorio deben gestionar los recursos destinados a los agricultores y ganaderos", ha manifestado Simonet.
El Govern ha planteado además que el nuevo sistema de ayudas no se base exclusivamente en parámetros como la superficie, la orientación productiva o el tamaño económico de las explotaciones. Baleares propone añadir otros factores, como el número real de trabajadores de cada explotación y, de forma especial, los condicionantes territoriales y la insularidad.
En esta línea, la Conselleria ha remarcado la importancia de mantener en la futura PAC las singularidades territoriales ya reconocidas para Baleares, que han permitido ajustar mejor las ayudas a la estructura productiva del archipiélago.
Respecto a los pagos directos, el Govern aboga por conservar los instrumentos de redistribución de las ayudas, pero incorporando los costes reales de las explotaciones, entre ellos los laborales y energéticos. Al mismo tiempo, defiende que el umbral fijado para el régimen de pequeños agricultores no se convierta en un filtro excluyente que desanime la entrada en ecorregímenes o la adopción de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.
Asimismo, Baleares ha solicitado intervenciones sectoriales específicas para producciones de peso en las islas, como la patata, el ovino y el olivar.
En cuanto a la arquitectura ambiental de la PAC, el Govern apuesta por conservar las medidas que han demostrado ser eficaces y ajustarlas a las particularidades de cada territorio. Entre los ecorregímenes que mejor han funcionado en Baleares, la Conselleria cita las cubiertas vegetales, los pastos extensivos y la rotación de cultivos.
También respalda la continuidad de las ayudas agroambientales ligadas, entre otras, a la producción integrada, las razas autóctonas, las variedades locales y la agricultura ecológica.
En materia de relevo generacional, Simonet ha defendido mantener el sistema de ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores, que ha ofrecido buenos resultados en Baleares, y complementarlo con una línea específica que facilite la sucesión y la continuidad de las explotaciones agrarias.
Defensa de la pesca y la acuicultura en el nuevo marco financiero
En el Consejo Consultivo de Política Pesquera, Simonet ha reiterado ante el Ministerio gran parte de las demandas que el Govern expuso directamente en Bruselas el pasado 3 de septiembre en la reunión con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis.
En lo referente al próximo marco financiero europeo, Baleares ha defendido que la pesca y la acuicultura conserven un instrumento financiero propio y cuenten, "como mínimo", con un volumen de recursos similar al del actual periodo presupuestario.
La Conselleria ha pedido además que el futuro instrumento financiero recoja de forma explícita la insularidad como elemento para compensar los efectos que esta tiene sobre la pesca marítima y la acuicultura en las islas.
"No se puede aplicar exactamente las mismas normas a realidades pesqueras que son muy diferentes. La flota balear es mediterránea, mayoritariamente costera, realiza faenas cortas y tiene unas características muy concretas. Se necesita que Europa tenga en cuenta esta realidad y que la insularidad se traduzca en medidas y recursos específicos", ha afirmado Simonet.
Entre las medidas concretas, Baleares ha reclamado que la normativa europea reconozca jurídicamente la flota costera-litoral mediterránea, con una definición propia para los buques de más de 12 metros y menos de 24 metros de eslora que realizan faenas de menos de 24 horas. A juicio de la Conselleria, esta categoría permitiría ajustar mejor las herramientas de gestión a la realidad de la pesca en el Mediterráneo.
El Govern también ha abogado por suprimir las restricciones que frenan la modernización de la flota, con el fin de favorecer barcos más modernos, eficientes en el uso de la energía y adaptados a la situación actual de la pesca europea. Al mismo tiempo, ha reclamado la inclusión de mecanismos que ayuden a asegurar la viabilidad socioeconómica del sector y el relevo generacional.
Otro de los ejes planteados por Baleares es que la futura política pesquera común incorpore la cogestión como principio básico de gobernanza, con la implicación de las administraciones regionales, el sector pesquero, la comunidad científica y las entidades sociales, avanzando hacia una mayor territorialización de las pesquerías locales mediterráneas.
La Conselleria ha propuesto igualmente revisar el concepto de esfuerzo pesquero para que se calcule sobre la actividad real regulada de las embarcaciones —como las horas efectivas de pesca o el tamaño de las artes— y no solo sobre la potencia instalada.
Por último, Simonet ha solicitado simplificar las obligaciones derivadas del Reglamento europeo de control y establecer un tratamiento diferenciado para la flota mediterránea.
Baleares considera que no es adecuado exigir los mismos requisitos a los grandes buques industriales que a embarcaciones que habitualmente realizan faenas de menos de 16 horas. Por este motivo, ha defendido priorizar los controles en tierra y adaptar las obligaciones de notificación, declaración, clasificación y pesaje a las particularidades de la flota costera-litoral, sin rebajar las garantías de control ni la protección de los recursos marinos.