La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (Clygal) ha pedido a la Junta de Extremadura que solicite la intervención del ministro de Agricultura, Luis Planas, ante la Comisión Europea con el fin de suprimir el Régimen de Perfeccionamiento Activo (TPA) aplicado al sector del aceite de oliva.
Este instrumento aduanero, que posibilita la entrada "masiva" de aceite procedente de países terceros sin pagar aranceles para su posterior reexportación, está generando, a su entender, "un impacto devastador en la rentabilidad y la supervivencia del agricultor español", dado que la Unión Europea mantiene un "acuerdo comercial" con Túnez que fija un cupo de 57.700 toneladas libres de aranceles y, gracias al TPA, están accediendo "el doble de toneladas, sólo de este país".
En una nota de prensa, la Comunidad de Labradores sostiene que la TPA funciona como un factor "distorsionador "del mercado porque, al reemplazar el aceite nacional por importaciones de "bajo coste", las grandes envasadoras disminuyen la compra de producto local y ejercen una "presión a la baja asfixiante" sobre las cotizaciones en origen.
Esta coyuntura resulta "insostenible" para las explotaciones españolas, más aún en un escenario marcado por el encarecimiento "crónico" de los costes de producción, como los insumos, la energía y la mano de obra.
Asimismo, apunta que a este "hundimiento" de los precios se añade una "brecha competitiva flagrante", ya que mientras los olivareros extremeños y del resto de España asumen normativas "estrictas" y "costosas" en materia medioambiental, sanitaria y laboral impuestas por la Unión Europea, el aceite que entra mediante la TPA "carece de estas exigencias", lo que, a su juicio, representa una "competencia desleal consentida" que "desmantela" el tejido productivo del olivar tradicional.
Ante la "gravedad" del problema, y en sintonía con las demandas institucionales de comunidades como la Junta de Andalucía, la Clygal reclama a la Junta de Extremadura que impulse un paquete de medidas "contundentes" para aliviar la situación.
Así, además de la eliminación de la TPA para el aceite de oliva, cerrando la puerta al dumping económico de países terceros, solicita la introducción de "cláusulas espejo" para que cualquier aceite que entre en la Unión Europea cumpla "exactamente" los mismos requisitos socio-laborales, medioambientales y fitosanitarios que se exigen a los productores españoles.
El Plan de Choque se completaría con un control aduanero "riguroso", reforzando las inspecciones en puertos y pasos fronterizos para evitar que el aceite importado bajo este régimen se "filtre fraudulentamente" en el mercado comunitario, y con un endurecimiento de la normativa de etiquetado para que el consumidor pueda identificar con "total claridad" el país de origen "real" del producto, vetando el uso de eufemismos legales y marcas que oculten la procedencia del aceite no comunitario.