La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha planteado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la necesidad de consensuar una postura común ante el Cuestionario de la PAC post 2027, reclamando que el nuevo modelo sitúe en el centro la viabilidad de las explotaciones familiares agrarias, que suponen alrededor del 80% del tejido agrario en España.
En la reunión han participado el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, y la secretaria de Organización, Elisa Fernández, junto al viceconsejero de la PAC y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio, además de representantes de otras organizaciones como Asaja Castilla-La Mancha y Cooperativas Agroalimentarias.
Aunque el debate europeo sobre la futura PAC se encuentra todavía en una fase embrionaria, sin un presupuesto cerrado ni acuerdos definitivos, la organización insiste en que es imprescindible empezar ya a diseñar un marco que garantice la continuidad de las explotaciones familiares, que concentran el grueso del sector, tal y como ha remarcado UPA en una nota de prensa.
“Es la herramienta más eficaz para vertebrar el territorio, fijar población y luchar contra la España vaciada”, ha indicado Morcillo.
Con el objetivo de lograr un reparto más equitativo y que realmente incentive la actividad agraria, UPA Castilla-La Mancha ha presentado a la Junta sus principales propuestas, entre ellas una nueva definición de la figura de 'Agricultor Activo'.
UPA propone reforzar esta figura y clarificar los requisitos para percibir las ayudas.
Así, se defiende que, como mínimo, el 25% de los ingresos totales del beneficiario procedan de la actividad agraria.
Además de que las ventas de producción puedan suponer como mínimo un 20% de estos ingresos agrarios, garantizando que la ayuda decreciente a la renta por superficie no supere el 80% de los mismos.
En relación con el límite de ayudas por explotación y la exclusión de los fondos de inversión, la organización reclama una redistribución más intensa de los recursos y recortes a los grandes perceptores.
UPA plantea establecer un límite máximo de 60.000 euros por explotación, de ayuda decreciente a la renta por superficie (ampliable hasta un máximo de 100.000 euros adicionales, si se justifican costes salariales), lo que liberaría recursos para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones.
Asimismo, UPA exige un reparto eficiente que excluya a los fondos de inversión del sistema de apoyo público y condicione las ayudas a las industrias agroalimentarias al cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Apoyos específicos a cultivos estratégicos en Castilla-La Mancha
Ante el impacto del cambio climático y la escalada de los costes de producción, que ponen en riesgo la rentabilidad de producciones como el secano, la organización reclama dedicar el máximo porcentaje posible a ayudas asociadas, con margen para adaptarlas a sectores en crisis.
En esta línea, UPA solicita que se contemplen apoyos concretos al viñedo de secano, la apicultura, el girasol, las plantas aromáticas y el azafrán.
Además de modificar y mejorar la ayuda asociada a otros cultivos como el olivar tradicional.
“Desde UPA CLM consideramos que para el gobierno de Castilla La Mancha debe ser prioritario exigir que el sector vitivinícola siga contando en la próxima PAC con una intervención sectorial a nivel del Estado”, han señalado.
UPA Castilla-La Mancha plantea también elevar hasta 5.000 euros el umbral del régimen de pequeños productores, “lo que facilitaría mucho la gestión de las ayudas, y una relajación de las exigencias normativas de condicionalidad para las explotaciones que reciben menos ayuda y que además representan un porcentaje muy pequeño de la superficie agraria”.
Por último, la organización valora de forma positiva la eliminación de los derechos históricos prevista en el nuevo reglamento europeo y apuesta por avanzar hacia una región única, con el fin de corregir las distorsiones derivadas del actual sistema de regionalización. “Desde UPA CLM creemos que es necesario avanzar hacia una convergencia con la mayoría de los países europeos que ya aplican una tasa plana por hectárea a nivel nacional”, han señalado en este sentido.