El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha reiterado que el proyecto de explotación minera de la cantera de La Lancha, ubicada entre los términos municipales de Jódar y Bedmar (Jaén), “sigue siendo el mismo que se autorizó hace 35 años” y que la actividad se ha desarrollado “con normalidad” durante todo este periodo.
Paradela ha intervenido este jueves en la comisión parlamentaria para responder a la diputada de Adelante Andalucía María Victoria Serrano, que había preguntado al Ejecutivo autonómico por las actuaciones previstas para “impedir” una explotación que, según ha indicado, ha “levantado en armas” a la ciudadanía de la zona.
La parlamentaria ha recordado que “se lleva explotando desde los años 80, pero tenía concesión hasta el 2025 y el pleno del Ayuntamiento (de Jódar) acordó no renovarla”. No obstante, ha señalado que en enero pasado la Junta “ha concedido la ocupación urgente de los terrenos”, con la firma del acta del proceso de expropiación el 16 de septiembre, y “se fija una nueva concesión por 30 años, prorrogable hasta 90”.
Serrano ha incidido en que la cantera “está en la zona de recarga del acuífero que abastece a estas poblaciones” y que “la nueva actividad pasa de arañar el terreno a profundizar en él”. Ha añadido que “la capa freática está a unos 60 metros actualmente de la explotación” y que “va a ser casi imposible” evitar que se vea afectado dicho acuífero.
En su intervención, ha subrayado que el plan hidrológico vigente otorga “prioridad preservar la calidad para uso urbano y más de 12.000 personas dependen exclusivamente de este acuífero”. Ha sumado, además, el “incumplimiento” de la Directiva de Aguas Potables, que igualmente establece la “prioridad de preservar los recursos de abastecimiento cuando ya se encuentra sobreexplotado y en situación crítica, como es el caso de esta masa de agua”.
Por ello, y aludiendo también a las posibles “afecciones a la salud” por la cercanía de la explotación al casco urbano de Jódar, Serrano ha reclamado al Gobierno andaluz “qué medidas van a adoptar para impedir” la continuidad de la actividad minera.
El consejero ha respondido que “ni se ha autorizado la ampliación de la superficie de explotación de la cantera de La Lancha (que se mantiene en diez hectáreas) ni un nuevo proyecto extractivo”. Ha precisado que la explotación cuenta con autorización desde el 2 de agosto de 1987, “obtenida conforme al procedimiento legal vigente en esa fecha” y que, desde entonces, “este derecho minero y el proyecto de explotación que lo fundamenta han sido objeto de diversas actualizaciones, todas tramitadas igualmente conforme a la normativa vigente en cada momento”.
La Junta habla de cambio de estatus administrativo
En relación con la resolución de 20 de enero de 2026 por la que se otorga la concesión directa de explotación y “que ha generado esa inquietud”, Paradela ha explicado que se trata de un procedimiento que “ha consistido única y exclusivamente en un cambio de estatus administrativo del derecho minero”.
Ha detallado que “la autorización fue otorgada como aprovechamiento de un recurso de la sección A, habitualmente productos de cantera, y ahora, tras ser clasificado el recurso de la sección C, calizas, el derecho ha pasado a ser una concesión de explotación”. En consecuencia, ha defendido que esta “actuación administrativa”, que “se ha hecho conforme a derecho”, “no ha supuesto en ningún caso un cambio de la actividad” que se desarrolla desde hace casi cuatro décadas.
El titular de Universidad, Industria, Energía e Innovación ha señalado, igualmente, que “el proyecto técnico que rige la actividad sigue siendo el que está plenamente vigente desde el 22 de noviembre de 1991 y cuenta, como corresponde, con todas las autorizaciones reglamentarias y ambientales de aplicación de competencia autonómica”.
En este punto, ha recordado que, “para que haya una nueva tramitación de autorización ambiental, la normativa estatal y autonómica exige que se produzca una modificación sustancial del proyecto, un incremento de la superficie autorizada o una modificación de las tecnologías de explotación”.
“Nada de ello concurre en este caso. El cambio del Estatuto Jurídico del Derecho Minero no ha supuesto un cambio del proyecto de explotación minera, que sigue siendo el mismo que se autorizó hace 35 años y que se viene desempeñanado con normalidad desde hace tanto tiempo”, ha concluido Paradela.