La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha reconocido este jueves que son “conscientes” de que los tiempos para la valoración del grado de discapacidad “se han alargado” y de que “existe actualmente una lista de espera que debemos abordar”. Por ello, ha avanzado la puesta en marcha de un plan de choque específico con el objetivo de “acelerar las valoraciones pendientes y mejorar al mismo tiempo la gestión que hacemos ordinaria de las nuevas solicitudes”.
Durante el pleno del Parlamento de Navarra, en respuesta a una pregunta oral de Geroa Bai sobre los plazos de valoración de la discapacidad y el citado plan, Maeztu ha subrayado que “en absoluto estamos satisfechas con esta situación actual”. Ha recordado que “hemos adoptado distintas medidas para reforzar el centro de valoración, pero debemos reconocer que esas medidas no han permitido reducir la lista de espera en la medida que nos hubiera gustado”, por lo que ha defendido la necesidad de dar “un paso más” con este plan de choque.
Según ha detallado la consejera, “el plan de choque combina actuaciones varias y esperamos que sirva para reducir esta lista”. Entre estas medidas, ha explicado que “vamos a reducir la necesidad de solicitar una valoración de discapacidad en buena parte de los demandantes”. En este sentido, ha avanzado que “ya está a punto de publicarse la orden foral que permitirá que las personas mayores de 65 años que tengan reconocido un grado de dependencia puedan acceder a la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad sin necesidad de pasar previamente por una valoración específica”.
Maeztu ha precisado también que, además, “vamos a reforzar de manera extraordinaria la capacidad de valoración”. Ha indicado que “estamos ya tramitando una licitación para contratar un equipo externo que colaborará durante un periodo concreto en la gestión de expedientes pendientes”, y ha concretado que se prevé “la realización de 6.000 valoraciones en un año, siempre bajo la supervisión y la coordinación del equipo de valoración”.
La titular de Derechos Sociales ha querido dejar claro que “no estamos externalizando la responsabilidad pública de valoración”. Ha remarcado que “el centro de valoración seguirá siendo quien supervise el procedimiento y quien garantice esos criterios”, insistiendo en que el control seguirá en manos de la Administración.
En un tercer bloque de medidas, ha apuntado que van a “consolidar las plazas que ya hemos creado en el propio centro de valoración para atender el flujo ordinario de solicitudes”. Ha añadido que “queremos además mejorar todo lo que tiene que ver con la derivación tanto de salud como de servicios sociales ya que un 20 por ciento de los expedientes que solicitan valoración no alcanzan el 33 por ciento y esto permitirá también mejorar la respuesta”.
Por parte de Geroa Bai, la parlamentaria Isabel Aranburu ha señalado que les “preocupa enormemente” la situación actual de los plazos y ha considerado que “se vienen arrastrando carencias en cómo se ha gestionado este asunto”. Asimismo, ha expresado su “preocupación” respecto a la fórmula elegida para tratar de resolver el problema, al entender que “la medida central del departamento es contratar equipos externos para realizar ese plan de choque; pero externalizar, esto es privatizar un servicio más, para nosotras no es la dirección, es ir justo en la dirección diametralmente opuesta a la que debería tomarse”.
Ante estas críticas, Maeztu ha interpelado a la representante de Geroa Bai sobre “qué diferencia hay entre esto y lo que se hace en Salud para aliviar las listas de espera”. Ha apuntado que “el departamento de Derechos Sociales no es especialmente un sitio atractivo para contratar médicos”, y ha señalado a Aranburu que “no entiendo su planteamiento porque no entiendo que una receta que se utiliza para una política pública de este mismo Gobierno como es la de Salud no sirva para reducir las listas de espera en otro departamento”.