El Pleno de las Cortes de Aragón ha manifestado este jueves su respaldo y solidaridad hacia la Ciudad Autónoma de Ceuta tras aprobar dos proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios de PP y Vox, a raíz de la reciente entrada masiva de inmigrantes en situación irregular. Las iniciativas han salido adelante con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo de PSOE, CHA, A-TE e IU.
En su acuerdo, el Parlamento aragonés ha hecho constar su “apoyo, cercanía cercanía y solidaridad con Ceuta, sus instituciones y con todos los ceutíes ante la grave situación de emergencia y colapso que están viviendo debido a la invasión producida el pasado 30 de julio de 2026”.
Igualmente, la Cámara autonómica ha subrayado “la inquebrantable pertenencia de Ceuta a España, sustentada en la historia, el derecho, nuestro orden constitucional y democrático, y de manera inequívoca, en la voluntad libre y manifiesta de sus ciudadanos, así como la indiscutible soberanía española sobre Ceuta y Melilla”, remarcando que su protección “constituye una responsabilidad irrenunciable del Gobierno de España y del conjunto de las instituciones del Estado, ya que su soberanía no se cuestiona, no se negocia y se defiende”.
Los grupos que han apoyado las proposiciones han rechazado “cualquier actuación que dialécticamente o por la vía de los hechos, pretenda cuestionar o menoscabar la soberanía nacional y la integridad territorial de España”.
Del mismo modo, las Cortes han hecho extensivo su reconocimiento a la labor que están desempeñando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, los servicios de emergencias y sanitarios y el conjunto de empleados públicos que actúan “en defensa de la seguridad, la convivencia y los derechos de los ciudadanos de Ceuta”.
Mantener los recursos del Estado en Ceuta
La institución aragonesa ha instado al Gobierno de España a “desplegar y mantener en Ceuta todos los recursos, medios y capacidades del Estado que sean necesarios, incluidos cuantos recursos extraordinarios resulten precisos, hasta garantizar la recuperación plena de la normalidad”.
Asimismo, ha reclamado la identificación “a todas las personas que accedieron de manera irregular en territorio español a través de Ceuta durante estos acontecimientos y llevar a cabo los retornos inmediatos, con carácter inmediato, exigiendo al Reino de Marruecos el cumplimiento efectivo de sus obligaciones con España”.
Otra de las medidas recogidas en las proposiciones es “reforzar de manera permanente la protección y vigilancia de la frontera española en Ceuta y Melilla, prolongando el perímetro mar adentro, reforzando las fronteras con más medio humanos, materiales, tecnológicos y operativos que sean necesarios para prevenir nuevos episodios de entrada irregular masiva y la protección eficaz de nuestras fronteras”.
El Parlamento regional también ha pedido la activación de Frontex en Ceuta, “evitando trasladar a la Ciudad Autónoma de Ceuta las responsabilidades que corresponden al Estado”, así como la puesta en marcha del Reglamento de Crisis de la UE.
Del mismo modo, las Cortes han reclamado al Ejecutivo central “explicaciones inmediatas por los graves hechos ocurridos en Ceuta y por la falta de previsión y coordinación de los ministerios competentes en materia de seguridad, sanidad, educación, servicios sociales y protección de menores”.
Defensa de la soberanía española
En otro bloque de las proposiciones, las Cortes de Aragón han reiterado “la plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África”.
La Cámara ha mostrado su oposición a “cualquier pretensión del Reino de Marruecos sobre Ceuta, Melilla o cualquiera de las plazas y lugares de soberanía española en el norte de África” y ha insistido en que “su soberanía no es susceptible de negociación bilateral ni puede constituir objeto de ningún proceso de diálogo sobre su eventual transferencia a Marruecos ni subterfugios ni fraudes como modelos de soberanía compartida”.
El Parlamento ha censurado de forma expresa las recientes manifestaciones de miembros del Gobierno marroquí “cuestionando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y calificando territorios de plena soberanía española como territorios ocupados”.
En este sentido, han recordado que “la reiteración de reivindicaciones territoriales por miembros del Gobierno marroquí resulta incompatible con los principios sobre los que se fundamenta el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 4 de julio de 1991, singularmente con el compromiso de respeto de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de ambas partes”.
Las Cortes han advertido además de que “ninguna necesidad de cooperación migratoria, ningún interés económico y ninguna conveniencia diplomática pueden justificar la aceptación, el silencio o la ambigüedad del Gobierno de España frente a reivindicaciones extranjeras sobre una parte de nuestro territorio nacional”.
Por ello, la Cámara autonómica ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que exija al Reino de Marruecos “una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto de la soberanía e integridad territorial de España y, específicamente, de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África”.
El acuerdo incluye también la petición al Gobierno de España de convocar al embajador de Marruecos en Madrid para trasladarle la correspondiente queja diplomática y reafirmar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, “así como la voluntad de nuestro país de defender nuestra integridad territorial con todos los instrumentos y medios a disposición del Estado”, además de llamar a consultas al embajador de España en Rabat y, “en el caso de persistir la situación de invasión y de ataque a la soberanía nacional retirar al embajador de España en Rabat y expulsar al embajador de Marruecos en Madrid”.
Asimismo, el Parlamento aragonés ha solicitado la suspensión inmediata del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos, junto con la revisión del conjunto de los instrumentos que rigen las relaciones bilaterales con el país vecino “para garantizar que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática quede presidida por los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de nuestra integridad territorial, procediendo a su denuncia o suspensión de efectos, en cada caso”.
Finalmente, las Cortes de Aragón han reclamado a Marruecos “que acepte, sin excepción ni excusa formal ni material, todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español, de cualquier persona de nacionalidad marroquí, mayor o menor de edad, adoptados administrativa o judicialmente, habilitando de forma inmediata los medios y logística precisos para su entrega y recepción”.