El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado a PP y Vox en las Cortes regionales que disponen de “una oportunidad de oro” a finales de este año para formular alegaciones al proyecto de planes hidrológicos que presente el Estado.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido esta idea durante el debate sobre la regularización de pozos, recordando que el Ejecutivo autonómico ya ha registrado alegaciones en todas y cada una de las cuencas hidrográficas dentro de la planificación hidrológica 2028-2033, abierta tras la publicación del esquema provisional de temas importantes.
En este contexto, ha subrayado que “ya que se empeñan en que el Pacto Regional del Agua parece que no existe, pues precisamente se cumple en toda su extensión, en todas y cada una de las alegaciones que hemos presentado como Gobierno de Castilla-La Mancha”.
Por ello, ha interpelado a los diputados de PP y Vox para saber si en las alegaciones “que en teoría estarían dispuestos a presentar” volverán a respaldar el Pacto Regional del Agua.
“Desde luego nosotros sí que creemos en ese pacto y trabajamos todos los días precisamente por hacerlo. Y evidentemente las medidas que tenemos que aportar siempre van a ir encaminadas a proteger a nuestros agricultores”, ha manifestado la consejera.
Propuesta del PSOE sobre el Alto Guadiana
En el capítulo de iniciativas, el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado instar al Gobierno de España a mantener en vigor el plan especial del Alto Guadiana más allá del 31 de diciembre de 2027 e incluir esta prórroga en el próximo plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadiana.
Asimismo, reclama pedir al Gobierno central que garantice la continuidad y aceleración de la tramitación de los expedientes para el reconocimiento efectivo de los derechos de agua asociados a los pozos prioritarios del Alto Guadiana.
El texto también solicita al Ejecutivo autonómico reforzar la coordinación con las administraciones competentes para impulsar la encomienda de gestión que permita agilizar y resolver los expedientes pendientes, así como instar a la Junta a proseguir y culminar los trabajos de creación de una red piezométrica propia.
El diputado socialista Francisco José Barato ha reclamado al PP una “posición unánime de defensa del plan especial del Alto Guadiana, como piden los agricultores”.
“El compromiso del gobierno de Emiliano García-Page es claro, es seguir trabajando para que ningún agricultor pierda ni una gota de los derechos de riego que le corresponden”, ha asegurado.
El parlamentario socialista ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado en la planificación de las distintas cuencas cerca de un centenar de propuestas elaboradas junto al sector, de las que 30 se refieren al Guadiana y se centran en el futuro de esta problemática, alegaciones “bastante claras con lo que defendemos garantizar el presente y futuro de las explotaciones del Alto Guadiana”.
“En eso es en lo que trabaja el gobierno de Castilla-La Mancha, mientras ustedes no proponen nada”, ha reprochado a la oposición.
Vox pide soluciones reales para los expedientes
Por parte de Vox, su diputado Luis Juan Blázquez ha mostrado su apoyo a la creación de una oficina, pero no destinada a “trasladar papeles de una administración a otra”, sino a que cualquier agricultor pueda acudir a “un técnico que conozca su expediente” y reciba “una respuesta concreta”.
Desde esta formación reclaman “una solución definitiva para esos expedientes pendientes de las explotaciones prioritarias del Alto Guadiana”, una coordinación efectiva entre la Junta, el Ministerio y las confederaciones, asistencia técnica real al agricultor y un Plan Nacional del Agua con nuevas infraestructuras, modernización y reutilización de aguas depuradas “siempre que sea posible”.
“Necesitamos que los territorios españoles dejen ya de una vez por todas de enfrentarse entre sí, porque hay agua absolutamente para todos en España”, ha añadido.
El PP rechaza una oficina de colocación
En nombre del PP, el diputado Santiago Lucas-Torres ha reclamado que se proceda a la regularización de los pozos, se impulse una auditoría del agua y se articule una encomienda de gestión que no se convierta en “una oficina de colocación de gente”, sino en una herramienta que realmente ayude a los agricultores a reducir cargas burocráticas.
Ha advertido de que los regantes de la región “ya tienen poca agua” y ha señalado como “problema” no actuar a partir de 2027, cuando podrían “tener menos”.
Además, ha censurado que “la nueva planificación plantee reducciones en dotaciones de superficie, extinción de derechos y transformación de regadíos en secanos”.
“Y Castilla-La Mancha llega a ese momento sin auditoría hídrica propia, sin suficientes infraestructuras y con aquel pacto por el agua, firmado por 43 entidades, convertido prácticamente en una fotografía”, ha criticado.
Desde las filas populares sostienen que “no puede ser que después de años sin inversiones, la solución sea cerrar pozos y reducir los perímetros”. “Y después de años sin alternativas, la solución sea quitar derechos”, ha remachado.
Finalmente, de las iniciativas planteadas por los tres grupos únicamente ha prosperado la del Grupo Parlamentario Socialista, que ha salido adelante con sus votos a favor, el rechazo de Vox y la abstención del PP. Las propuestas de PP y Vox han sido tumbadas por la mayoría socialista.