Los decretos leyes en materia de vivienda se someterán este jueves, 12 de noviembre, a su votación definitiva en la Diputación Permanente del Congreso, justo un día después de la huelga general y en la antesala del inicio oficial de la campaña electoral, que comenzará a las cero horas del viernes 13.
Como ocurre con cualquier decreto ley, las normas están vigentes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que en este caso tuvo lugar el pasado 7 de octubre. No obstante, la Constitución obliga a que sean sometidas a convalidación en el Congreso en un plazo máximo de treinta días.
Al estar las Cortes disueltas por el adelanto electoral, es la Diputación Permanente —el único órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución— la que asume la responsabilidad de decidir si mantiene o tumba los decretos.
La fecha escogida para adoptar esta decisión es este jueves, 12 de noviembre. Junto al debate y votación de los decretos, está prevista la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que detallará la planificación de la red eléctrica hasta 2030.
La Diputación Permanente deberá reunirse de nuevo más adelante para pronunciarse sobre otros decretos aún pendientes de votación en el Congreso: uno con medidas de protección social y laboral, otro relativo a las ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y un tercero, aprobado este mismo martes, para articular apoyos específicos a familias monoparentales.
Dos decretos de vivienda con distinto respaldo
En el caso de la vivienda, se trata de dos decretos diferenciados: uno recoge un paquete más amplio de actuaciones para intervenir en el mercado ante el incremento de los precios, y el otro modifica el anterior para obligar al propietario a abonar una indemnización al inquilino si decide rescindir el contrato de alquiler.
El Ejecutivo ya intentó sacar adelante estas normas a comienzos de octubre, pero se topó con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN, fuerzas que sumaban una mayoría absoluta de 178 escaños en ambas votaciones. Además, el PNV y Coalición Canaria también se opusieron al decreto que regulaba la compensación económica al arrendatario.
La caída de aquellos decretos desencadenó el adelanto electoral al 29 de noviembre. Tras la disolución de las Cortes, el Gobierno optó por volver a aprobar los textos introduciendo ligeros cambios para que no fueran idénticos a los anteriores, con la diferencia de que ahora se someten a la decisión de la Diputación Permanente, donde el Ejecutivo sí dispone de apoyos suficientes para sacar adelante al menos el decreto de medidas generales.
Este órgano está formado por 69 diputados. El bloque de izquierdas controla 34, repartidos entre PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, formación que representa al conjunto del Grupo Mixto, frente a los 34 escaños que suman PP, Vox y Junts.
En este escenario, el voto decisivo recae en el PNV, que cuenta con un representante en la Diputación. Los nacionalistas vascos ya han avanzado que, igual que hicieron antes del adelanto electoral, respaldarán el decreto más amplio y se posicionarán en contra del segundo.
De esta forma, el decreto que incluye la prohibición de desahucios, límites a la actuación de los fondos 'buitre' en la compra de vivienda y bonificaciones fiscales tanto para propietarios como para inquilinos podrá salir adelante con 35 votos a favor y 34 en contra. El segundo decreto, el que regula la indemnización a los inquilinos, no dispone de una mayoría suficiente para ser convalidado.
Préstamos de hasta 50.000 euros y veto a desahucios
Entre las medidas del primer decreto figura el mecanismo denominado “Tu Casa”, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que prevé préstamos de hasta 50.000 euros para la adquisición de la primera vivienda. Este programa contará con una dotación de 10.000 millones de euros.
Junto a esta línea del ICO se crea un fondo de impacto social de 400 millones de euros para impulsar la construcción y promoción de vivienda a través de proveedores sociales, al tiempo que se endurecen las condiciones para las operaciones especulativas de compra de inmuebles por parte de los llamados fondos 'buitre', ampliando su definición y ajustando las excepciones respecto al texto anterior.
Asimismo, el primer decreto fija la prohibición de ejecutar desahucios sobre personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y establece una prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028.
En relación con el segundo decreto, se determina que, una vez superados los cinco años de alquiler —siete si el arrendador es una persona jurídica—, el contrato se renueve automáticamente durante otros cinco años y, en caso de que el propietario decida resolverlo, deba abonar al inquilino una indemnización equivalente a un año completo de renta.