El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado este miércoles el visto bueno a un techo de gasto de 15.106,54 millones de euros para 2027. La propuesta ha salido adelante únicamente con los votos favorables de PP y Vox, socios en el Ejecutivo autonómico, mientras que el procurador de Por Ávila se ha abstenido y PSOE, UPL y Soria Ya han mostrado su rechazo en la votación.
Este límite de gasto no financiero, que actúa como punto de partida para elaborar el Presupuesto de la Junta de 2027, vuelve a contar con el respaldo de Vox tras dos ejercicios, 2025 y 2026, en los que esta formación votó en contra después de abandonar el primer gobierno de coalición con el PP, etapa en la que el PSOE optó por la abstención para facilitar la tramitación de las cuentas.
En esta ocasión, con un nuevo Ejecutivo conjunto de PP y Vox ya constituido, los socialistas han pasado al voto negativo. La procuradora del PSOE María Isabel Fernández Rodríguez ha defendido que el documento sometido a debate “debería ser el techo de las oportunidades y es el de la desigualdad”.
Fernández Rodríguez ha calificado el límite de gasto como “injusto, insolidario e ineficaz” y ha apoyado su crítica en el informe de la AIReF, que, según ha señalado, prevé un crecimiento menor al estimado por la Junta, insiste en las advertencias sobre el cumplimiento de las reglas fiscales y la calidad de la planificación presupuestaria y sitúa la deuda de Castilla y León entre las más elevadas.
Con los únicos votos afirmativos de los grupos que sostienen al Gobierno autonómico, el Parlamento ha aprobado un techo de gasto no financiero que supone un incremento del 6,5 por ciento respecto al de 2026 y que toma como referencia un aumento del PIB regional del 2,3 por ciento para el próximo ejercicio.
El cálculo de la cifra se apoya en un escenario macroeconómico para 2027 que contempla un crecimiento del PIB del 2,3 por ciento, un déficit del -0,1 por ciento, una deuda por debajo del 17,3 por ciento del PIB, una tasa de paro prevista del 8,1 por ciento y un avance del 1,5 por ciento en los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
Durante el debate, la portavoz socialista en este punto, María Isabel Fernández Rodríguez, ha reprochado al Ejecutivo la ausencia de una rendición de cuentas clara sobre los resultados alcanzados y ha subrayado que las proyecciones de la AIReF rebajan el crecimiento autonómico al 1,9 por ciento, cuatro décimas menos de lo que calcula la Junta.
Además, ha mostrado inquietud por la evolución de la deuda de la Comunidad y ha definido el marco fiscal planteado como “antisocial”, al tiempo que ha puesto el foco en los problemas de acceso a la vivienda, en la intención de implantar nuevas tasas en dependencia y en la persistencia de la despoblación y la pérdida de tejido empresarial en Castilla y León.
Por parte de Vox, el procurador Mariano Veganzones ha valorado que la aprobación del techo de gasto se haya producido en “tiempo y forma”, lo que, a su juicio, permitirá contar con unos nuevos presupuestos con un déficit del 0,1 por ciento.
Veganzones ha explicado que la cifra responde a un acuerdo político de 324 medidas que contempla el recorte de fondos a sindicatos y patronal, la eliminación de gasto considerado superfluo, una “importante” rebaja fiscal con 36 nuevas deducciones, la supresión de ayudas a ONG que, según ha indicado, favorezcan la inmigración ilegal y el compromiso de destinar al menos 5.000 viviendas protegidas bajo el criterio de “prioridad nacional”. También ha contrapuesto la estabilidad de la Junta con la situación del Gobierno central.
Desde el PP, la procuradora Marta Arroyo ha defendido que el techo de gasto proporciona a la Comunidad la capacidad financiera necesaria para encarar 2027 con solvencia, sostener los servicios públicos esenciales y mantener la política de rebajas de impuestos dirigida a familias y empresas.
En el Grupo Mixto, el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, ha optado por la abstención con el argumento de no bloquear la tramitación de las cuentas autonómicas. Aunque ha reconocido que los 15.106 millones representan una cuantía relevante, ha supeditado su posición definitiva al contenido del proyecto de Presupuestos y al volumen real de inversiones que se consignen para la provincia de Ávila, sobre las que ha anunciado la presentación de enmiendas.
La procuradora de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego González, ha votado en contra al considerar que el techo de gasto es un “traspantojo” derivado de las entregas a cuenta del sistema de financiación estatal y no el resultado de una buena gestión. Ha reprochado a la Junta la ausencia de diálogo previo, el elevado porcentaje de gasto no provincializado, que ha cifrado en el 45 por ciento, los indicadores de pobreza y la baja ejecución presupuestaria en territorios como León.
Por último, el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, ha censurado que la Junta no haya mantenido ningún contacto con su formación antes del Pleno y ha criticado que el Ejecutivo autonómico exhiba “cifras históricas” mientras los proyectos comprometidos con la provincia de Soria siguen sin avances año tras año. Por ello, ha rechazado otorgar un “cheque en blanco” al Gobierno autonómico.