La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico presentará alegaciones ante la Junta Electoral Central (JEC) con el objetivo de que el censo electoral madrileño solo pueda ampliarse con nuevos electores residentes en el exterior que acrediten documentalmente que su última residencia administrativa estuvo en Madrid, dejando fuera el criterio de “mayor arraigo”.
Ayuso ha realizado este anuncio durante el Debate de Estado de la Región (DER), después de que el Tribunal Supremo acordara suspender de forma cautelar el derecho al voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad mediante la ‘ley de nietos’, salvo en los casos en que prueben que sus familiares padecieron exilio.
La pretensión del Gobierno madrileño es que la instrucción que emita la Junta Electoral a los consulados, a raíz de la decisión del Supremo, precise que el censo únicamente pueda ampliarse con quienes acrediten como última residencia una localidad de la Comunidad de Madrid, descartando el uso del concepto de “mayor arraigo”. Con ello, el Ejecutivo regional busca impedir que el Gobierno central “manipule estas cifras aplicando esta normativa” tras haberse constatado “esa ilegal alteración del censo electoral”.
Desde el Gobierno autonómico detallan que lo que persiguen es que en la instrucción dirigida a las oficinas consulares se recoja de forma expresa que la asignación del municipio de inscripción de las personas que adquieran la nacionalidad española “debe hacerse teniendo en cuenta exclusivamente los criterios que prevé el Estatuto de Autonomía”.
En consecuencia, sostienen que no deben aplicarse otros parámetros distintos, como los fijados por el Acuerdo de la Junta Electoral Central vinculado a la ‘llamada ley de nietos’, que introduce nociones que consideran “indeterminados” como los de “mayor arraigo”.
Para seguir de cerca este proceso, el Gobierno regional constituyó un grupo de trabajo encargado de monitorizar, estudiar y diseñar respuestas legales y políticas ante la aplicación de la ‘ley de nietos’. En este equipo participan juristas, especialistas en procesos electorales, expertos en voto exterior, exdiplomáticos y analistas de datos.
Entre las cuestiones que se están abordando figuran posibles iniciativas judiciales, tareas de control y seguimiento de los expedientes en tramitación, la organización de redes de voluntarios en las áreas consideradas más sensibles donde el Gobierno central estaría acelerando procedimientos e incrementando personal (Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, EE.UU o Reino Unido), así como la supervisión de contratos de externalización, como el suscrito con Tragsatec para la gestión de expedientes de nacionalización.