El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha tildado de “salvajismo institucional” la decisión de la Abogacía General de la Generalitat de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra las sentencias dictadas en julio por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que avalaban las delegaciones a los ayuntamientos de las obras del Plan Edificant de infraestructuras escolares aprobadas por el Consell del Botànic cuando estaba en funciones.
En un comunicado, Fullana ha reprobado que la Generalitat haya optado por acudir al Supremo para “intentar paralizar, durante al menos dos años más, estas obras, que ya llevan paralizadas tres años y medio”. “En política no vale todo y, al final, aquí las víctimas son los miles de alumnos que continúan estudiando en una situación deplorable”, ha manifestado.
Desde la coalición han recordado que el TSJCV “dio la razón a los municipios afectados y quedó constatado que la maniobra que llevó a cabo en su momento el gobierno de Carlos Mazón de revocar las 15 obras de Edificant era ilegal”.
“Todos estos centros tienen una situación de máxima necesidad, como ha dicho el TSJ, y estas obras deberían haberse terminado ya, de hecho, a estas alturas”, ha insistido Fullana, que ha acusado a la Conselleria de Educación de “lanzar la piedra para bloquear durante dos años más las obras de forma absolutamente irresponsable, ya que es el tiempo que suele tardar el TS en responder a este tipo de recursos”, con el objetivo, según ha dicho, de “ahorrarse este dinero”.
La formación ha afeado que el ejecutivo del PP liderado por Mazón “culminó un procedimiento de retirada de 15 obras por valor de 63,5 millones de euros en los municipios de Petrer, Burjassot, Casinos, Quartell, Villena, Albalat dels Sorells, Senyera, Sagunt, Mislata, Borriol, Betxí y Benicarló”.
Un proceso “sin precedentes de lesividad”
Asimismo, han criticado que el “Gobierno valenciano del PP envió una carta anunciando un proceso sin precedentes de lesividad”: “Advertía a los ayuntamientos de que, si no renunciaban voluntariamente a la obra, la Conselleria de Educación denunciaría a la propia Conselleria de Educación para anular las obras, que consideraba lesivas para la administración autonómica y que no eran de interés público.
Han recalcado, no obstante, que “en todos los casos había comenzado el trámite de adhesión a Edificant años atrás y contaban con informes que acreditaban la necesidad urgente de llevar a cabo las actuaciones”.
“Ahora sí sabemos que esta Conselleria no está dispuesta ni a construir más escuelas ni está pensando en la educación. Es una Conselleria y un gobierno atrincherado y absolutamente irresponsable, que está insultando absolutamente a la comunidad educativa, porque este acto solo puede ser definido como un intento absoluto de humillación”, ha finalizado Fullana.