El Ejecutivo de Bolivia ha cerrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa económico a 36 meses, sustentado en el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), que persigue la eliminación completa del déficit primario del sector público no financiero.
De acuerdo con el memorando de políticas económicas y financieras difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, este compromiso implicará un ajuste fiscal acumulado cercano al 8,5% del PIB entre 2026 y 2029.
El texto detalla que el presidente Rodrigo Paz ha recibido una economía sometida a “vulnerabilidades sistémicas”, con un desequilibrio presupuestario del 11% y una deuda pública que rebasó el 80% en 2025.
Ante el agotamiento de las reservas internacionales y el ensanchamiento de la brecha cambiaria, se ha vetado que el Banco Central de Bolivia (BCB) continúe financiando el gasto del sector público. Paralelamente, la autoridad monetaria ha pasado a un esquema de tipo de cambio flexible después de unificar las cotizaciones oficial y de referencia.
La hoja de ruta de consolidación fiscal se centra sobre todo en el recorte del gasto, con la previsión de eliminar por completo las subvenciones a los combustibles a partir de 2027 para que los precios cubran los costes.
Al mismo tiempo, el Gobierno boliviano prevé reforzar los programas de asistencia social y enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para crear un registro social unificado.
El plan incluye, además, una reducción de la masa salarial del sector público superior al 1% del PIB durante todo el periodo de aplicación. Las autoridades han fijado la base monetaria como “ancla nominal” para reconducir la inflación, estimada en el 14% para finales de 2026, hacia niveles de un solo dígito en 2028.
El memorando contempla igualmente la realización de pruebas de estrés al sistema bancario y revisiones independientes de la calidad de los activos bajo supervisión. El uso de los fondos que aporte el FMI quedará condicionado a la aprobación del poder legislativo.