La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha puesto de relieve “problemas de equidad” en el sistema de financiación autonómica vinculados a las competencias singulares, unos desequilibrios que, según señala, resultan “prácticamente invisibles” para la ciudadanía. El organismo sitúa a Cataluña como la comunidad que más fondos obtuvo para la gestión de estas atribuciones, con 450 euros por habitante, frente a los nueve euros per cápita asignados a Castilla y León.
Estas conclusiones se recogen en un informe reciente sobre el coste de las competencias no homogéneas, elaborado por su director, Ángel de la Fuente, en el que se advierte de que el reparto actual provoca diferencias muy acusadas entre las comunidades de régimen común.
Con datos de 2023, Fedea calcula que Cataluña encabeza este capítulo con 3.563 millones de euros, lo que se traduce en un índice de 243,4, casi dos veces y media por encima de la media de las autonomías de régimen común, situada en 185 euros por residente.
Por detrás de Cataluña se colocan Cantabria y La Rioja como las autonomías con mayor dotación por habitante en estas materias, con 320 y 318 euros, respectivamente.
En el extremo contrario del ranking aparecen las regiones que prácticamente no han asumido transferencias singulares. Es el caso de Castilla-La Mancha, con ocho euros por habitante; Castilla y León, con nueve euros, y Extremadura, con 11 euros por residente.
Desigualdades y falta de transparencia
El documento de Fedea subraya que la aplicación de la metodología del “coste histórico” provoca “valoraciones muy dispares e incoherentes” para un mismo servicio según la comunidad. El autor sostiene que estas diferencias son “prácticamente invisibles” para la población debido a que el Ministerio de Hacienda no difunde de forma periódica la información desagregada.
Tras revisar el ejercicio 2023, Fedea cifra en 8.319 millones de euros el gasto total asociado a competencias singulares, esto es, funciones que solo ejercen algunas autonomías.
Después de la policía autonómica catalana, la competencia singular con mayor coste es el personal de la Administración de Justicia, con 1.765 millones de euros, seguida de la participación provincial en los ingresos del Estado, con 1.329 millones.
El estudio detalla que, a continuación, se sitúan los fondos para la normalización lingüística, que suman 813 millones, los hospitales provinciales, con 606 millones, y las instituciones penitenciarias de Cataluña, con 603 millones.
Diferencias en Justicia y educación
En este escenario, el informe recoge ejemplos de costes muy distintos para servicios equivalentes, que califica como “difícilmente justificables”.
En la Administración de Justicia, transferida a diez comunidades, el gasto por habitante presenta una horquilla superior a 80 puntos de índice. Mientras Asturias recibió 81,8 euros por residente, Galicia percibió 35,5 euros y la Comunidad Valenciana se quedó en 37,7 euros.
La brecha es aún mayor en la financiación de los profesores de religión, donde el gasto por alumno en edad escolar muestra desviaciones de más de 150 puntos de índice. Asturias encabeza este reparto con 88,7 euros por estudiante, frente a los 20 euros de Cataluña o los 29,2 euros de Baleares.
Asimismo, la valoración de las competencias de las provincias refleja notables contrastes, con Madrid situada en 136 euros per cápita frente a los 367 euros de Extremadura.