El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha expresado este jueves su pesar por el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de la lucha por la vivienda tras su desahucio. Cuerpo ha subrayado que su caso vuelve a poner de manifiesto el “drama humano” que hay detrás del problema habitacional y la necesidad de que las administraciones públicas “seguir actuando” para impedir que se repitan situaciones similares.
“Esta tragedia nos recuerda, sin duda, que detrás del drama de la vivienda hay un drama humano esencialmente y también nos interpela a seguir actuando para evitar que estas situaciones vuelvan a producirse y también, por supuesto, para garantizar un acceso a la vivienda a todos los ciudadanos”, ha afirmado a su llegada a la reunión con los titulares del ramo de la eurozona (Eurogrupo) en Luxemburgo.
El ministro ha comenzado su comparecencia ante la prensa con un mensaje de “recuerdo” hacia Maricarmen y de “pésame para sus familiares y amigos”, un día después de que se conociera su muerte en el Hospital Gregorio Marañón, donde estaba ingresada desde el pasado 23 de septiembre, fecha en la que fue desalojada de la vivienda madrileña en la que había vivido durante 71 años.
Cuerpo ha enlazado lo sucedido con la obligación de los poderes públicos de dar respuesta al problema de la vivienda y ha mencionado una encuesta difundida este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en la que una amplia mayoría de ciudadanos considera la vivienda un “derecho” y no un “activo”.
“Hemos conocido hoy una encuesta sobre vivienda del CIS que señala que nuestros compatriotas, en su gran mayoría, un 80%, consideran la vivienda como un derecho, no como un activo, y el 76% nos interpela a las autoridades públicas a actuar precisamente para corregir esta situación y garantizar un acceso asequible a la vivienda”, ha señalado.
Maricarmen se transformó en referente de las movilizaciones por el acceso a una vivienda digna tras ser desahuciada de la casa en la que residía desde hacía 71 años, un inmueble propiedad de Urbagestión desde 2018. Su caso desencadenó protestas y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, que más tarde se extendieron a otras ciudades del país.
Su equipo jurídico logró finalmente un acuerdo con la empresa propietaria del piso, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), que preveía un nuevo contrato de alquiler por ocho años y una renta limitada al 30% de sus ingresos netos. No obstante, Maricarmen falleció antes de poder regresar a su hogar.