El Ejecutivo ha puesto sobre la mesa que una irrupción "abrupta" de centros de datos en el sistema eléctrico podría acarrear "consecuencias indeseadas" tanto en el precio de la electricidad como en las emisiones de CO2 asociadas al 'mix' de generación.
Según la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de Real Decreto que fija los requisitos de sostenibilidad energética, ambiental, de resiliencia y de soberanía digital para los centros de datos, a la que ha accedido Europa Press y que ya se ha remitido al Consejo de Estado tras la fase de información pública, se calcula que la incorporación de 10 gigavatios (GW) de potencia de centros de datos en 2030, frente a un escenario de 1 GW, implicaría "un aumento del funcionamiento de los ciclos combinados (+107%), del coste variable total de generación (+200%) y de las emisiones de CO2 (+65%)".
El documento, elaborado de forma conjunta por los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Economía, Comercio y Empresa y para la Transformación Digital y de la Función Pública, subraya que, por el perfil de carga de este tipo de consumo, sin un marco regulatorio específico sería inevitable recurrir con mayor intensidad a los ciclos combinados cuando haya menos disponibilidad de recursos renovables.
Ese mayor número de horas de funcionamiento de las centrales de gas se traduciría en más emisiones de gases de efecto invernadero y en un encarecimiento de la electricidad, al incorporar el coste del gas natural y de los derechos de emisión necesarios para operar los grupos térmicos convencionales.
La memoria concluye que estos resultados "evidencian los efectos adversos derivados de un despliegue descontrolado" de centros de datos en España si no se aprueba un marco regulatorio específico.
El Gobierno advierte de que el incremento previsto del coste variable total de generación "repercutiría negativamente en el conjunto de los consumidores y el aumento de las emisiones podría comprometer los objetivos climáticos y de descarbonización del Reino de España".
Adicionalidad renovable y correlación horaria
Para evitar estos impactos, el Ejecutivo plantea un esquema de obligaciones basado en la adicionalidad y la correlación horaria. Con el fin de que los centros de datos no desplacen consumo de energía limpia del resto de la economía ni presionen al alza el recibo, se exigirá que el 80% de su demanda se cubra con nueva generación renovable, ya sea mediante autoconsumo o a través de contratos PPA a plazo mínimo de seis años con instalaciones de antigüedad máxima de 36 meses.
Además, se fija que, en cada hora, al menos el 80% de la energía consumida esté respaldada por electricidad de origen renovable producida o desembolsada en esa misma franja horaria, permitiendo el uso de sistemas de almacenamiento, ya sean hibridados o independientes. Con ello se pretende implicar a esta demanda tecnológica en las horas de mayor escasez o tensión del sistema.
En la memoria, adelantada por 'El País', el Ejecutivo sostiene que la adicionalidad es imprescindible para "evitar que un despliegue acelerado de centros de datos detraiga a otros consumidores, ya sea industriales, comerciales o residenciales, y en gran parte de los casos con menor poder adquisitivo o capacidad competitiva que los centros de datos, la posibilidad de aprovechar la energía limpia y competitiva que supone la generación renovable en el sistema eléctrico español".
Para evitar que se busquen resquicios normativos, el proyecto de real decreto incorpora un sistema de recargos progresivos sobre peajes y cargos del sistema. En caso de incumplir las cuotas de correlación horaria y adicionalidad, los recargos irán del 10% hasta el 500% del coste de los peajes, y lo recaudado se reintegrará al sistema eléctrico para compensar al conjunto de consumidores.
Los incumplimientos más graves o reiterados se castigarán con la pérdida de los permisos de acceso y conexión. "La pérdida de los permisos se reserva a los supuestos de incumplimiento renovable significativo y reiterado y a las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa" dictadas en materia de soberanía digital o eficiencia, recoge el texto.
Con la entrada en vigor del nuevo marco, se abre una ventana de renuncia voluntaria de seis meses para que los promotores con permisos concedidos o en tramitación que no quieran asumir las nuevas obligaciones puedan desistir sin ejecución de las garantías económicas depositadas ante los gestores de red.
También se contemplan fórmulas transitorias, como la incorporación gradual mediante el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) durante cinco años, y un régimen específico para proyectos estratégicos europeos ligados a la soberanía digital.
En materia de agua, se fijan exigentes estándares de eficiencia energética e hídrica, alineados con la clase 'A' del futuro etiquetado europeo de centros de datos. Los nuevos proyectos deberán alcanzar ese nivel tras un periodo de adaptación de seis meses desde el inicio de su operación.
Permisos sobredimensionados frente a las previsiones
El Gobierno alerta en la memoria de que ya se han concedido permisos de acceso y conexión a la red por un volumen superior a tres veces los escenarios más optimistas de capacidad de centros de datos prevista para 2030.
En los últimos seis años se han autorizado más de 12 gigavatios (GW) de potencia entre el operador del sistema de transporte y las distribuidoras, un nivel que contrasta con la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, que solo preveía entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica de computación al final de la década.
El objetivo del Ejecutivo es aprobar esta regulación específica para centros de datos antes de las elecciones del 29 de noviembre, pese al rechazo frontal del sector. La patronal Spain DC reclama una normativa "proporcionada, técnicamente viable y alineada con el marco europeo, evitando que nuevas exigencias puedan situar a España en desventaja frente a otros países comunitarios".