Garamendi inicia su tercer mandato en la CEOE y acusa al Gobierno de un diálogo más aparente que real

Según la información disponible, las principales políticas de vivienda sobre las que Antonio Garamendi (CEOE) se ha pronunciado –control del alquiler, nuevos decretos de vivienda, protección de la propiedad privada, restricciones a compradores e incentivos a la oferta– se encuentran en situaciones parlamentarias muy distintas. A grandes rasgos, hoy conviven: una ley estatal ya en vigor que él critica (la Ley 12/2023), varias proposiciones de ley que intentan desmontarla o reforzarla, un decreto-ley tumbado por el Congreso, otro borrador de decreto aún sin registrar y algunos proyectos fiscales y urbanísticos en fase de enmiendas.

1. Ley por el Derecho a la Vivienda y sus reformas

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda es el marco que Garamendi y las patronales identifican como muy intervencionista (control de alquileres en zonas tensionadas, límites a actualizaciones de renta, trato a grandes tenedores, etc.). Sobre ella:

• Ley 12/2023: en vigor. No está en discusión su vigencia: se aplica ya en todo el Estado y es la base de muchas medidas que Garamendi critica (contención de precios, zonas tensionadas, refuerzo de la función social de la propiedad).
• Proposición de Ley para modificar la Ley 12/2023 (GP Plurinacional SUMAR, 122/000178): buscaba endurecer y ampliar los mecanismos de control de precios y las obligaciones de grandes tenedores. Fue rechazada el 27/11/2025 en el Congreso, de modo que su tramitación está concluida.
• Proposiciones de Ley del PP y del Senado para “seguridad jurídica, desarrollo urbano y vivienda” (124/000020, 122/000253): ambas reproducen un mismo texto que, entre otras cosas, deroga artículos clave de la Ley 12/2023 y de la LAU (definición de gran tenedor, zonas tensionadas, varios preceptos sobre actualización de rentas, etc.). En el Congreso:
  • 122/000253 (GP Popular) y 124/000020 (procedente del Senado) están admitidas y en fase de enmiendas.
  • El plazo de presentación de enmiendas al articulado se ha ampliado hasta el 07/10/2026, lo que significa que la discusión detallada del texto aún no ha empezado en comisión.

Estas dos últimas iniciativas se alinean con muchas de las objeciones de Garamendi (menos control de precios, más seguridad jurídica y foco en oferta), pero todavía están en una fase relativamente temprana de tramitación.

2. Decretos de vivienda recientes y “decreto de vivienda” tumbado

En 2026 el Gobierno ha intentado vehicular parte de su política de vivienda mediante reales decretos-ley, algunos de ellos dentro de paquetes más amplios (energía, conflicto en Oriente Medio, vulnerabilidad). Sobre los que han entrado o rozado el Parlamento:

• Un primer decreto-ley de vivienda, ligado a la prórroga de contratos de alquiler y otras medidas, fue derrotado en el Congreso. Demócrata recoge que Garamendi “aplaude la caída del decreto de vivienda” y que la CEOE se había opuesto “desde el primer momento” a ese texto. Tras su rechazo, no hay ya tramitación parlamentaria activa: el decreto decae y no se convierte en proyecto de ley.
• El Gobierno trabaja en un nuevo decreto de vivienda, descrito en la prensa como destinado a:
  • Prorrogar automáticamente muchos contratos de alquiler hasta 2028.
  • Regular los alquileres de temporada y de habitaciones.
  • Subir el IVA de los pisos turísticos al 21 %.
  • Refinar medidas sobre desahucios y grandes tenedores.
  Según Demócrata (“Choque por alquileres y desahucios bloquea el nuevo decreto de vivienda”, 27/09/2026), el texto ha tenido dificultades para ser aprobado incluso en Consejo de Ministros. A fecha 01/10/2026 no consta registrado aún como proyecto ni decreto en el Congreso, por lo que no tiene tramitación parlamentaria abierta.
• Real Decreto-ley 1/2025, convertido en el Proyecto de Ley 121/000047 (“medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad”): contiene un bloque social en el que se encuadran medidas de vivienda. Ha sido convalidado y se tramita como proyecto de ley; el plazo de enmiendas sigue abierto, ampliado también hasta el 07/10/2026, de modo que está en fase de discusión técnica, no de votación final.

3. Alquiler temporal, habitaciones, fiscalidad e incentivos

Otras piezas del “tablero” de vivienda, también presentes en el discurso empresarial (seguridad jurídica frente a nuevas regulaciones), están así:

• Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y de habitaciones (122/000136): responde al debate sobre que parte de la oferta se traslada a formatos no regulados por la Ley 12/2023. El periodo de enmiendas se cerró en mayo de 2025 y el Congreso ha acordado que el texto sea avocado al Pleno. Está en fase de:
  • Redacción del informe de ponencia y posterior dictamen de la Comisión de Vivienda.
  • Después deberá votarse en el Pleno y remitirse al Senado.
  Es, por tanto, una de las normas de vivienda más avanzadas en tramitación.
• Proposición de Ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles (122/000196, GP Socialista): combina incentivos fiscales en IRPF y Sociedades para alquiler asequible, define figuras de “vivienda asequible incentivada” y anticipa el gravamen de alquileres turísticos en IVA. Está admitida y pendiente de toma en consideración por el Pleno del Congreso.
• Proposición de Ley para una reforma del IBI que lo haga más justo y favorecedor del derecho a la vivienda (122/000278, SUMAR): introduce recargos reforzados de IBI a grandes tenedores y a vivienda turística/temporal en zonas tensionadas. Ha sido admitida y publicada (04/05/2026), pero se encuentra aún en la fase muy inicial de tramitación, también pendiente de toma en consideración.
• Varias proposiciones de ley fiscales contra la especulación inmobiliaria (122/000190 y 122/000211, GP Republicano) –con recargos para vivienda vacía, limitaciones a SOCIMI y penalización de alquiler turístico– han sido retiradas o han decaído, por lo que hoy no siguen en curso.

4. Medidas sin recorrido estatal o de ámbito autonómico

Algunas ideas sobre las que Garamendi se ha pronunciado, como el veto a la compra de vivienda por extranjeros no residentes en Canarias, corresponden a propuestas o borradores de nivel autonómico. En esos casos, no hay tramitación en Congreso o Senado: el debate se sitúa en parlamentos regionales y gobiernos autonómicos.

En síntesis, las políticas de vivienda que Garamendi ha criticado se encuentran en un mosaico: una ley marco en vigor (Ley 12/2023), reformas “desreguladoras” del PP en fase de enmiendas, propuestas pro-regulación parcialmente frenadas (una derrotada y otras en curso) y un nuevo gran decreto de vivienda aún bloqueado antes incluso de entrar en las Cortes.

Antonio Garamendi es, desde noviembre de 2018, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y, en la práctica, la principal voz institucional de los empresarios españoles. Ha sido reelegido en 2022 y de nuevo en 2026, cuando accede a un tercer mandato sin oposición interna, lo que refleja un amplio respaldo de las organizaciones empresariales integradas en la patronal.

Principales competencias como presidente de la CEOE

Según las propias descripciones de la organización y el análisis de su actividad, la presidencia de la CEOE concentra un conjunto de competencias políticas y representativas de alto nivel:

• Representación institucional de las empresas: es el máximo representante del empresariado español ante el Gobierno, los partidos, los sindicatos y la opinión pública. Encabeza la posición de la patronal en cuestiones como el salario mínimo, la reforma laboral, las pensiones o la política fiscal.
• Dirección política y estratégica de la patronal: marca las prioridades de la CEOE en empleo, fiscalidad, regulación, costes laborales, transición verde y digital o gobernanza de la inteligencia artificial. Bajo su mandato se han aprobado planes de acción anuales y se ha reforzado el papel de la patronal en grandes debates económicos.
• Negociación y diálogo social: lidera la interlocución con el Gobierno y los sindicatos en la mesa de diálogo social. Ha estado en el centro de acuerdos clave (como la reforma laboral de 2021) y también de choques recientes, por ejemplo sobre el ritmo de subida del salario mínimo o la regulación de los pluses salariales.
• Coordinación del entramado asociativo: articula internamente una red de más de doscientas organizaciones empresariales territoriales y sectoriales. Su liderazgo consiste en lograr posiciones comunes entre grandes empresas, pymes, autónomos y distintos sectores, y mantener la unidad patronal pese a tensiones como las surgidas con Cepyme.
• Defensa de la independencia política de la CEOE: ha insistido en que la organización “ni depende ni va a depender de ningún partido”, y reivindica la autonomía de la patronal aunque ello implique choques “con absolutamente todos los partidos” en función de cada debate.
• Portavocía pública y construcción de confianza: asume el papel de portavoz sobre el clima de negocios y la seguridad jurídica. En asambleas y foros ha subrayado que la prioridad es generar confianza, estabilidad institucional, moderación y un entorno regulatorio predecible para la inversión.
• Proyección internacional: representa a las empresas españolas en foros europeos e iberoamericanos y en organizaciones empresariales internacionales como BusinessEurope. Su agenda reciente incluye encuentros bilaterales con otras patronales europeas y la participación en debates sobre competitividad, mercado único, defensa o transición energética.

Trayectoria política y empresarial

Biográficamente, Garamendi es un empresario vasco nacido en Getxo (Bizkaia) en 1958 y licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Su carrera combina la gestión empresarial con un largo recorrido en el asociacionismo patronal, más que en la política partidista estricta.

En el ámbito empresarial ha estado vinculado a negocios familiares y a sectores como el metal, la construcción, el inmobiliario, los seguros o la hostelería. Ha ocupado cargos de responsabilidad en entidades como Bankoa, Babcock & Wilcox, Tubos Reunidos o Red Eléctrica, lo que le ha dado un conocimiento directo del tejido industrial y financiero.

En el campo asociativo su trayectoria es particularmente densa. Comenzó en organizaciones de jóvenes empresarios (Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco, CEJE, Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios) y fue escalando hasta puestos de máxima responsabilidad:

• Presidió la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) entre 2014 y 2019, etapa que le situó como referente de las pymes españolas.
• Ocupó la vicepresidencia de la propia CEOE antes de ser elegido presidente en 2018.
• Ha ejercido responsabilidades en organizaciones sectoriales como Confemetal y en entidades de normalización y representación empresarial, así como en foros europeos empresariales.

Desde su llegada a la presidencia de la CEOE ha pilotado la patronal en una etapa de alta intensidad política y económica: pandemia, reformas laborales y de pensiones, fuerte incremento del salario mínimo, tensiones por la inflación y el coste de la energía, y un ciclo de polarización política. En este contexto, la prensa y numerosos actores económicos lo describen como un dirigente de perfil pactista y moderado, aunque capaz de endurecer el tono cuando percibe que se ponen en riesgo la seguridad jurídica o los márgenes empresariales.

Su “trayectoria política” no pasa por cargos electos en partidos, sino por su papel como actor central del diálogo social y como contraparte del Gobierno en las grandes decisiones económicas. La combinación de experiencia empresarial, liderazgo asociativo y capacidad negociadora explica que las principales organizaciones territoriales y sectoriales hayan apoyado su continuidad al frente de la CEOE para un tercer mandato.

Para que una organización empresarial como la CEOE organice encuentros empresariales internacionales en España (como el Encuentro Empresarial Iberoamericano), no existe una “ley de congresos” única, sino un haz de obligaciones que derivan del régimen de asociaciones, de la normativa de seguridad, fiscal y de protección de datos, y de las reglas sobre transparencia y prevención del blanqueo cuando hay dinero público o patrocinios.

1. Régimen jurídico básico de la CEOE como asociación empresarial

La base general es la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (art. 22 CE y desarrollo legal), que se aplica a las asociaciones sin ánimo de lucro y a sus federaciones y confederaciones. De esta ley resultan, entre otras, las siguientes exigencias:

• Constitución y estatutos: acuerdo de al menos tres personas físicas o jurídicas, acta fundacional y estatutos que definan fines, actividades (entre ellas, la organización de encuentros), órganos de gobierno, régimen económico y de responsabilidad (arts. 5 a 7 LO 1/2002).
• Personalidad jurídica y capacidad de obrar: se adquieren con el otorgamiento del acta fundacional; desde ese momento la asociación tiene plena capacidad para contratar, asumir obligaciones y organizar actividades, sin perjuicio de su inscripción registral a efectos de publicidad (art. 10 LO 1/2002).
• Inscripción registral: en el Registro de Asociaciones competente, para dotar de publicidad a estatutos y órganos de representación y dar seguridad a terceros que contratan con la entidad.
• Funcionamiento democrático y responsabilidad: órganos de gobierno y representación elegidos conforme a estatutos; régimen de administración y contabilidad regulado en los propios estatutos, con responsabilidad frente a terceros por daños causados (arts. 11 y ss.).

Sobre esa base, una confederación empresarial estatal como la CEOE tiene plena capacidad jurídica y de obrar para promover y organizar foros internacionales, firmar convenios con administraciones, contratar sedes, proveedores y patrocinios, etc.

2. Transparencia y recepción de fondos públicos

Si el encuentro empresarial recibe subvenciones, convenios o patrocinios públicos, entra en juego la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta ley extiende ciertas obligaciones de publicidad activa a entidades privadas cuando manejan fondos públicos o ejercen funciones de especial relevancia pública.

• Publicidad de la actividad financiada, importes y procedencia de las subvenciones o convenios, en los términos que exijan las bases reguladoras y la propia Ley 19/2013.
• Sometimiento a controles, justificación de gasto y auditoría propios del régimen de subvenciones y convenios, además de la fiscalización ordinaria (Tribunal de Cuentas, intervención, etc.).

3. Prevención del blanqueo y de la corrupción

La Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 304/2014, fijan obligaciones para determinados “sujetos obligados” (principalmente entidades financieras, determinados profesionales y operadores económicos).

Una asociación como la CEOE no es, por sí sola, un sujeto obligado típico, pero la organización de encuentros internacionales con pagos de inscripciones, donaciones y patrocinios aconseja:

• Aplicar controles internos de diligencia debida en la identificación de patrocinadores y grandes aportantes, especialmente si son personas con responsabilidad pública o entidades de alto riesgo.
• Evitar el uso de efectivo en cuantías significativas y canalizar los flujos económicos por vías bancarias trazables.
• Documentar la trazabilidad de fondos para responder ante eventuales requerimientos de autoridades de supervisión o fiscales.

4. Requisitos administrativos del propio evento

La regulación específica de congresos y encuentros es eminentemente autonómica y municipal, pero el marco estatal ofrece varias referencias:

• Seguridad ciudadana: la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, y la normativa de espectáculos públicos (históricamente, el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, parcialmente desplazado por normas posteriores y la Norma Básica de Autoprotección) exigen:
  • Licencias o autorizaciones para actividades abiertas al público.
  • Planes de emergencia y autoprotección, control de aforos y medidas de seguridad.
• Responsabilidad civil: contratación de seguros de responsabilidad civil y, en su caso, de accidentes colectivos, en las cuantías y condiciones que establezcan la normativa autonómica y municipal sobre espectáculos y actividades recreativas.
• Protección de datos: el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 obligan a:
  • Informar a asistentes, ponentes y patrocinadores sobre tratamiento de datos (inscripciones, acreditaciones, grabaciones).
  • Contar con una base jurídica válida (contrato, interés legítimo, consentimiento, etc.) y respetar derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, etc.
  • Atender especialmente el uso de imágenes y vídeo de los participantes y su eventual difusión en web o redes sociales.
• Fiscalidad y mecenazgo: la Ley 49/2002, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de incentivos al mecenazgo, configura un régimen especial al que pueden acogerse ciertas entidades sin ánimo de lucro:
  • Tratamiento fiscal favorable para donaciones y patrocinios (deducciones para el donante y reglas específicas para los gastos de publicidad vinculados a “acontecimientos de excepcional interés público”).
  • Obligaciones de contabilidad, aplicación de rentas a fines de interés general y justificación para mantener el régimen especial.
  Además, rigen las obligaciones tributarias ordinarias (Impuesto sobre Sociedades, IVA, retenciones por honorarios, etc.).

5. Encuentros vinculados a cumbres internacionales

Los instrumentos internacionales consultados (acuerdos de sede y convenios en el marco de la Conferencia Iberoamericana) se refieren sobre todo al estatuto de secretarías y organismos iberoamericanos, no a la regulación directa de foros empresariales privados. Cuando un encuentro empresarial se integra en una Cumbre Iberoamericana, las condiciones específicas suelen fijarse mediante acuerdos de colaboración entre la organización (por ejemplo, CEOE), la Secretaría General Iberoamericana y las administraciones anfitrionas, sin un régimen legal sectorial propio más allá del marco general descrito.

En síntesis, la CEOE puede organizar un encuentro empresarial internacional siempre que actúe conforme a la Ley Orgánica 1/2002 (asociaciones), cumpla las obligaciones de transparencia y justificación de fondos públicos que procedan, observe las reglas de prevención del blanqueo en la gestión económica, obtenga las licencias y seguros exigibles para eventos multitudinarios, respete la normativa de protección de datos y atienda a sus obligaciones fiscales y de mecenazgo si aplica el régimen especial de la Ley 49/2002.