El Gobierno ha ordenado la retirada temporal del mercado del 12% de la producción de aceite de oliva, unas 188.000 toneladas, para evitar que el exceso de oferta provoque un desplome de los precios. La medida, que se aplica por primera vez en España, entra en vigor este viernes 6 de noviembre y obliga a las almazaras a mantener almacenada parte de su producción hasta el 30 de septiembre de 2027.
La resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), afecta a la campaña 2026/2027 y responde al aumento de las previsiones de cosecha, que supera las 1.602.596 toneladas, un 23% más que en la campaña anterior. A esta cantidad se suman las 357.040 toneladas que permanecían almacenadas al comienzo de la temporada, también por encima de las existencias del año pasado.
El volumen disponible supera así el umbral establecido por la normativa para intervenir en el mercado. Con esta decisión, Agricultura pretende limitar temporalmente la cantidad de aceite que llega a los compradores y evitar que el exceso de oferta provoque una caída de los precios que reciben los productores, hasta el punto de comprometer la rentabilidad de sus explotaciones si los ingresos no alcanzan para cubrir los costes de producción.
Una cosecha que podría ser la cuarta mayor de la historia
Las estimaciones comunicadas por las comunidades autónomas apuntan a una de las campañas más productivas del sector oleícola español. Si se cumplen las previsiones, la cosecha de 2026/2027 sería la cuarta mayor de la serie histórica, favorecida por las condiciones meteorológicas de la pasada primavera.
Las temperaturas suaves y las precipitaciones abundantes en las principales zonas olivareras facilitaron la floración y el desarrollo de las aceitunas, lo que ha elevado las expectativas de producción. Al mismo tiempo, el sector ha comenzado la campaña con unas existencias un 23,3% superiores a las del año anterior.
La normativa permite activar la retirada obligatoria cuando la suma del aceite almacenado al inicio de la campaña y la producción prevista alcanza al menos el 120% de la media de las seis campañas anteriores. Los datos examinados por Agricultura cumplen esa condición, por lo que el Ministerio ha fijado en el 12% la cantidad que deberá quedar temporalmente fuera de los circuitos comerciales.
Cómo se aplicará la retirada del aceite de oliva
La obligación afecta a todas las almazaras productoras del territorio nacional, que deberán mantener almacenado el 12% del aceite declarado mensualmente. El porcentaje se calculará sobre la producción acumulada desde noviembre, sin incluir las cantidades correspondientes a octubre, primer mes de la campaña.
Cada almazara podrá elegir qué categoría de aceite retira, ya sea virgen extra, virgen u otra, y decidir si lo conserva en sus propias instalaciones o recurre a almacenes externos. El producto permanece inmovilizado para limitar su comercialización durante el periodo establecido.
Las empresas tendrán que declarar sus volúmenes de producción y existencias mediante el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO), además de conservar la documentación que permita comprobar el cumplimiento de la obligación.
Agricultura coordinará con las comunidades autónomas un plan de control para supervisar las cantidades almacenadas y las instalaciones utilizadas. Las autoridades competentes podrán solicitar documentación y realizar las comprobaciones correspondientes.
Agricultura podrá revisar la retirada a partir de diciembre
Aunque la resolución establece que el aceite deberá permanecer fuera del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027, el Ministerio podrá revisar la medida a partir del 31 de diciembre de 2026, una vez disponga de información más precisa sobre la evolución de la cosecha.
La normativa contempla la posibilidad de reducir el porcentaje de retirada si las nuevas estimaciones de producción o el comportamiento de la demanda y los precios aconsejan modificarlo.
El mecanismo, previsto en la regulación aprobada en 2021 y desarrollado para esta campaña mediante una orden ministerial del 29 de octubre, se utiliza ahora por primera vez ante unas previsiones de producción y unas existencias iniciales que superan los límites establecidos para intervenir en la oferta de aceite de oliva.