El Consejo General de Economistas (CGE) ha revisado al alza, en una décima y hasta el 2,5%, su proyección de crecimiento para la economía española en el conjunto del año, apoyándose en el “buen comportamiento” de la actividad durante el primer semestre, pese a que anticipa una desaceleración en la parte final del ejercicio por la actual incertidumbre geopolítica.
Los expertos del CGE alertan de que, si los focos de tensión internacional se prolongan, el encarecimiento del petróleo continuará, trasladándose de forma directa e indirecta a los precios. Consideran que las medidas fiscales desplegadas por el Ejecutivo únicamente serán capaces de mitigar parcialmente ese impacto sobre la inflación.
Con esta evolución, y tomando como referencia los nueve primeros meses del año, el CGE calcula que, si el IPC se mantiene en el último trimestre en niveles similares a los registrados en septiembre, la inflación media en 2026 se situará en una horquilla de entre el 3,6% y el 3,7%.
En el ámbito laboral, los economistas prevén que la tasa de paro cierre el ejercicio en torno al 9,9%, una vez finalizada la campaña estival, anticipando un pequeño incremento del desempleo en los últimos meses del año.
En cuanto a las cuentas públicas, el Consejo General de Economistas proyecta que la deuda pública concluya el año alrededor del 99,2% del PIB. Por su parte, el déficit se mantendría en el 2,5% a pesar del mayor gasto, “gracias al buen comportamiento de la recaudación”.
La vivienda, en el centro del debate económico
En lo referente al mercado residencial, el Consejo General de Economistas insiste en que la política de vivienda debe configurarse, “ahora más que nunca”, como una auténtica política de Estado, en la que se combinen de forma adecuada la protección social, la seguridad jurídica y los incentivos económicos.
En su análisis, subrayan que las medidas de carácter social han de ir acompañadas de iniciativas que impulsen un aumento de la oferta de vivienda, “dado que difícilmente puede resolverse un problema de escasez actuando únicamente sobre las condiciones en las que se distribuye la oferta existente”, advierten.
En esta línea, sostienen que es imprescindible generar un marco que favorezca un incremento sostenido de la oferta residencial.
En el momento de elaborar estas proyecciones, el Consejo de Ministros había aprobado la víspera dos reales decretos-leyes con medidas dirigidas específicamente al ámbito de la vivienda. Los economistas recomiendan priorizar el consenso político y social, evaluar la efectividad de las iniciativas, reforzar su seguimiento y garantizar la seguridad jurídica.