El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha reclamado al Gobierno una revisión urgente del despliegue de Verifactu y de la futura factura electrónica obligatoria, con el fin de ajustar estas obligaciones al tamaño real de autónomos y micropymes mediante criterios de proporcionalidad y de riesgo fiscal.
“De este modo, se evitará que los pequeños negocios asuman obligaciones tecnológicas desproporcionadas y ajenas a su actividad diaria”, ha justificado a través de un comunicado el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos.
El calendario previsto para la implantación de Verifactu fija dos fechas clave para adaptar los programas de facturación en España: el 1 de enero de 2027 para quienes tributan por el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para los autónomos y el resto de contribuyentes obligados.
Los Gestores Administrativos han subrayado que el 99,8% del tejido empresarial español está formado por pequeñas y medianas empresas. En este tipo de negocios la estructura es mínima y, en muchos casos, es el propio empresario quien asume a la vez la dirección, la gestión económica, la contratación de personal y el cumplimiento de todas las obligaciones legales.
Según han advertido los Gestores, cada nueva carga regulatoria consume un tiempo valioso que estos profesionales dejan de dedicar a producir, vender, atender a sus clientes o crear empleo.
“La tecnología permite hoy conocer mucho mejor la realidad de cada contribuyente. Si la Administración dispone de información suficiente para identificar niveles de riesgo diferentes, resulta difícil justificar que un pequeño bar, una peluquería, un autónomo o una multinacional soporten prácticamente las mismas obligaciones administrativas”, ha señalado el presidente del Consejo General, Fernando Jesús Santiago.
El colectivo ha precisado que no cuestiona la digitalización ni las políticas de lucha contra el fraude fiscal. Al contrario, entiende que la inteligencia artificial y las capacidades tecnológicas de la Administración Tributaria suponen una ocasión excepcional para reforzar la eficacia del control.
Por este motivo, han defendido sustituir el esquema rígido del “café para todos” por una normativa más inteligente que distinga de forma nítida entre contribuyentes con perfiles de riesgo muy diferentes.
Propuestas concretas de los Gestores Administrativos
Ante este escenario, el Consejo General ha planteado revisar la normativa para introducir mecanismos correctores y ha solicitado tres líneas de actuación prioritarias: incorporar criterios objetivos en la regulación, aplicar exenciones selectivas y llevar a cabo un estudio de impacto conjunto.
Además, el Consejo General ha preparado un informe técnico detallado que reproduce paso a paso el recorrido por el Informador de la Agencia Tributaria, con el objetivo de evidenciar cómo una única operación extraordinaria puede activar estas obligaciones tecnológicas de forma permanente en pequeños comercios.