Abascal carga contra Sánchez: "No todos somos iguales, nosotros no tenemos las manos manchadas de sangre"

No hay un paquete único de propuestas de campaña de Vox en tramitación parlamentaria. A 4 de noviembre de 2026, conviene distinguir entre anuncios electorales, iniciativas anteriores rechazadas y propuestas que caducaron con la disolución de las Cortes. Algunas medidas tienen antecedentes parlamentarios, pero eso no significa que los anuncios actuales sean textos nuevos ya registrados.

La disolución cambia el estado de las propuestas

El Congreso y el Senado quedaron disueltos el 6 de octubre; las elecciones serán el 29 de noviembre y la campaña oficial transcurrirá del 13 al 27 de noviembre. Por tanto, los anuncios de octubre corresponden a la precampaña y las proposiciones de ley de Vox que seguían pendientes caducaron: no continúan automáticamente en la siguiente legislatura. (Convocatoria electoral)

Inmigración y prioridad nacional

• Restricción del arraigo: la proposición de ley orgánica para restringir esta vía de regularización fue rechazada el 16 de septiembre de 2025, al votar el Congreso si comenzaba a tramitarla. Su recorrido terminó entonces; no está pendiente de aprobación. (Rechazo publicado)
• Expulsión de extranjeros condenados y pérdida de nacionalidad adquirida: Vox presentó una reforma del Código Penal el 2 de julio de 2026, publicada el 17 de julio. Había sido admitida a trámite, pero caducó el 6 de octubre, sin convertirse en ley. (Texto de la propuesta)
• Preferencia en ayudas y vivienda: existen antecedentes, entre ellos una moción debatida en junio. Las fuentes consultadas documentan su defensa parlamentaria, pero no permiten atribuirle aquí un resultado definitivo; tampoco acreditan una nueva ley estatal registrada durante la precampaña. (Debate de junio)
• Prioridad nacional sanitaria: tiene recorrido autonómico separado. Se han registrado iniciativas en Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana; en Aragón, PP y Vox tramitaron conjuntamente una propuesta no vinculante. La valenciana fue rechazada. Estos procedimientos autonómicos no quedan cancelados por la disolución de las Cortes Generales. (Situación autonómica)

Impuestos, vivienda y pensiones

La reforma del IRPF —mínimo exento de 22.000 euros y tipos del 15 % y 25 %—, las ventajas fiscales para comprar primera vivienda y el modelo mixto de pensiones aparecen como propuestas electorales. No consta en las fuentes consultadas una nueva proposición de ley estatal que reúna esas medidas y siga abierta. No deben confundirse sus anuncios con una reforma ya aprobada. (Propuestas económicas)

Sí hay un antecedente concreto sobre fiscalidad energética: la proposición para suprimir impuestos sobre producción eléctrica y nuclear no pudo continuar su tramitación; el 30 de mayo de 2025 se publicó su no admisión. Ese texto no equivale a toda la rebaja energética anunciada ahora. (Acuerdo publicado)

Desregulación: programa y antecedentes distintos

El programa de desregulación presentado el 27 de junio es un documento político, no una ley por sí mismo. La iniciativa para eliminar la obligatoriedad de las zonas de bajas emisiones y la tasa de residuos sí fue presentada y admitida, pero caducó el 6 de octubre. (Presentación del programa; Proposición presentada)

En definitiva, los anuncios no constituyen un expediente común: sus antecedentes están rechazados, caducados o siguen vías autonómicas. Para convertir las propuestas estatales caducadas en leyes, sería necesario volver a presentarlas en la nueva legislatura.

El presidente del Gobierno de España es la máxima autoridad del poder ejecutivo y su posición está regulada principalmente en la Constitución de 1978, especialmente en los artículos 97, 98, 99, 100, 112, 115 y 116, entre otros. A partir de ellos se derivan una serie de competencias específicas y funciones propias, diferenciadas del resto de miembros del Gobierno.

1. Dirección de la acción del Gobierno

La competencia nuclear del presidente aparece en el artículo 98.2 de la Constitución: dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. Esto significa:

• Fijar las grandes líneas de la política gubernamental (interior, económica, social, exterior, etc.).
• Establecer prioridades, coordinar la actuación de los ministerios y resolver conflictos entre ellos.
• Actuar como centro de impulso político del ejecutivo, asegurando la unidad de criterio del Gobierno.

Aunque el Gobierno es un órgano colegiado, la Constitución configura al presidente como su verdadero director político, lo que le otorga una posición claramente preeminente.

2. Relación con las Cortes Generales

La Constitución atribuye al presidente varias facultades clave en la relación entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados:

• Investidura (art. 99): el Rey propone un candidato a presidente del Gobierno previa consulta con los representantes de las fuerzas políticas. La persona que se somete a la sesión de investidura y presenta su programa ante el Congreso es el futuro presidente. Si obtiene la confianza (mayoría requerida), quedará nombrado por el Rey.
• Planteamiento de la cuestión de confianza (art. 112): el presidente puede someter al Congreso la confianza sobre su programa o una declaración de política general. Si no la obtiene, debe presentar su dimisión.
• Disolución de las Cámaras (art. 115): el presidente puede proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, lo que abre la puerta a nuevas elecciones. Esta facultad tiene límites (por ejemplo, no puede ejercerse mientras esté en curso una moción de censura).
• Responsabilidad política: el Gobierno en su conjunto responde políticamente ante el Congreso, pero el presidente es la figura central frente a la que se dirige la moción de censura (art. 113) y quien pierde el cargo si esa moción prospera.

3. Nombramiento y cese de ministros

El artículo 100 establece que el Rey nombra y separa a los demás miembros del Gobierno a propuesta de su presidente. En la práctica, esto confiere al presidente:

• La facultad de seleccionar a los ministros y proponer su nombramiento.
• La capacidad de reorganizar el Gobierno (ceses, cambios de cartera, remodelaciones) durante la legislatura.

Aunque el acto formal lo realiza el Rey, la decisión política corresponde al presidente, que diseña la estructura del ejecutivo y su equipo ministerial.

4. Otras competencias constitucionales relevantes

Además de las anteriores, la Constitución prevé otras funciones específicas del presidente del Gobierno:

• Convocatoria de referéndum consultivo (art. 92.2): los referendos consultivos sobre cuestiones de especial trascendencia política son convocados por el Rey, pero siempre a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso.
• Refrendo de los actos del Rey (art. 64): muchos actos del Rey deben ser refrendados por el presidente del Gobierno (o por el ministro competente). El refrendo hace políticamente responsable a quien lo presta; así, el presidente asume la responsabilidad política de decisiones como la propuesta de candidato a presidente, la disolución de las Cortes o la convocatoria de referéndum.
• Participación en los estados de crisis (art. 116): el Gobierno, bajo la dirección de su presidente, interviene en la declaración y gestión de los estados de alarma, excepción y sitio, sometido siempre al marco y a los controles fijados por la Constitución y la ley orgánica que los regula.
• Representación del Gobierno: aunque la Constitución no lo formula con una frase única, de su conjunto se deduce que el presidente es la máxima representación del Gobierno hacia el interior (frente a las Cortes y otras instituciones) y hacia el exterior (en las relaciones con otros Estados y organizaciones internacionales, sin perjuicio de la intervención del Rey como Jefe del Estado).

5. Síntesis

En síntesis, las competencias específicas del presidente del Gobierno según la Constitución española se centran en: dirigir y coordinar la acción gubernamental; articular la relación política entre el Gobierno y el Congreso (investidura, confianza, disolución, responsabilidad); proponer el nombramiento y cese de ministros; impulsar referendos consultivos; refrendar actos del Rey y liderar la actuación del ejecutivo en situaciones ordinarias y de crisis. Todo ello configura una posición de claro predominio dentro del poder ejecutivo, aunque siempre sometida al control parlamentario y al marco de la Constitución.

Antes de liderar Vox, Santiago Abascal desarrolló su carrera principalmente en el Partido Popular del País Vasco: fue concejal en Llodio, dirigente de Nuevas Generaciones, representante en las Juntas Generales de Álava y diputado autonómico. Después ocupó cargos en organismos vinculados a la Comunidad de Madrid y presidió la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Su ruptura con el PP en 2013 precedió a la creación de Vox y a su elección como presidente en septiembre de 2014.

Los comienzos en el PP vasco

Abascal, nacido en Bilbao en 1976, se incorporó al PP durante su juventud. Las biografías consultadas discrepan sobre el año exacto de afiliación, que sitúan entre 1994 y 1996. Su primer cargo electo llegó en 1999, cuando, con 23 años, fue elegido concejal del Ayuntamiento de Llodio, en Álava. Permaneció en la corporación municipal hasta 2007, durante dos mandatos. (Perfil en El Español)

Entre 2000 y 2005 presidió Nuevas Generaciones del PP del País Vasco, la organización juvenil del partido. Esa responsabilidad le permitió pasar de la política municipal a tareas de dirección territorial. También formó parte de órganos directivos del PP y, en 2005, asumió la secretaría de Educación de la formación en Euskadi. (Trayectoria en El Correo)

Representación en las instituciones vascas

Entre 2003 y 2004 fue procurador en las Juntas Generales de Álava, la institución representativa del territorio. En enero de 2004 entró en el Parlamento Vasco para sustituir a Carlos Urquijo, nombrado delegado del Gobierno en el País Vasco. No consiguió escaño en las elecciones de 2005, pero regresó ese mismo año mediante otra sustitución y permaneció en la Cámara hasta enero de 2009. (Etapa parlamentaria)

Su actividad en Euskadi se desarrolló en un contexto de amenazas de ETA contra representantes políticos, que también le afectaron personalmente. Durante aquellos años adquirió notoriedad por su oposición al nacionalismo vasco y al Plan Ibarretxe. En 2008 protagonizó un gesto público al romper una papeleta de la consulta promovida por el lehendakari. (Perfil y episodios políticos)

DENAES y los cargos en Madrid

En paralelo, desde 2006 impulsó y presidió la Fundación para la Defensa de la Nación Española, conocida como DENAES. Esta organización defendía la unidad de España y se oponía a los proyectos independentistas. Le proporcionó una plataforma de actividad pública más allá de sus responsabilidades institucionales y de la estructura del PP. (Perfil en El Periódico)

Después de su etapa parlamentaria vasca, pasó a desempeñar cargos de designación en Madrid, con el respaldo de Esperanza Aguirre. Dirigió la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y, entre 2012 y 2013, la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. No eran cargos obtenidos mediante elección ciudadana, sino responsabilidades en organismos vinculados a la Administración autonómica. (Cargos anteriores a Vox)

La ruptura con el PP y la llegada a Vox

El 25 de noviembre de 2013 abandonó el PP mediante una carta a Mariano Rajoy, tras discrepancias sobre terrorismo, nacionalismo y orientación del Gobierno. Participó después en la puesta en marcha de Vox, presentado públicamente en enero de 2014. Fue secretario general provisional en marzo y elegido presidente el 20 de septiembre de 2014: culminaba así su paso de dirigente del PP a fundador y máximo responsable de otra formación. (Ruptura y transición política)