Xavier Albiol (PP) respalda un acuerdo con Vox en el Senado: en lo que coincidimos hay que avanzar

A 20 de octubre de 2026, PP y Vox mantienen conversaciones sobre su coordinación electoral para el Senado, pero no hay un pacto cerrado anunciado. Conviene precisar que lo que se negocia ahora son principalmente candidaturas para las elecciones del 29 de noviembre, no un acuerdo parlamentario general para actuar conjuntamente en la Cámara. La disposición al entendimiento es pública; las provincias afectadas, los candidatos y las posibles compensaciones siguen sin concretarse.

Qué está confirmado

La señal pública más reciente es la declaración de Santiago Abascal del 19 de octubre, después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Reiteró su voluntad de alcanzar algún entendimiento con el PP para responder a las candidaturas conjuntas acordadas por PSOE y Frente Amplio, pero no presentó un acuerdo definitivo ni detalló su fórmula territorial. (Demócrata, 19 de octubre).

Por su parte, Feijóo ha confirmado los contactos y ha defendido que se desarrollen con discreción, apelando al «sentido de Estado» de Vox. Esa confirmación acredita que existe interlocución, pero no equivale a anunciar un compromiso cerrado entre ambas direcciones. (El Mundo, 20 de octubre).

Qué fórmulas se están estudiando

• Retirada selectiva de candidaturas de Vox. Es la opción descrita con mayor claridad: Vox dejaría de presentar listas en determinadas provincias para favorecer la concentración del voto en candidatos del PP, sin necesidad de una coalición electoral general. Se trata todavía de una posibilidad, no de una retirada ya anunciada provincia por provincia. (Demócrata, 17 de octubre).
• Incorporación de candidatos de Vox. Otras informaciones apuntan a que podrían integrarse candidatos de Vox en candidaturas del PP en algunas circunscripciones, combinando esa fórmula con retiradas en otras. No se ha publicado un reparto definitivo de puestos. (Vozpópuli, negociación de listas).
• Compensaciones posteriores. También se ha informado de conversaciones sobre apoyos relacionados con senadores de designación autonómica para facilitar que Vox disponga de grupo propio. Es una posibilidad atribuida a la negociación, no un compromiso público confirmado. (El Confidencial, 20 de octubre).

Qué impulsa la negociación

El desencadenante inmediato es el acuerdo de PSOE y Frente Amplio para concurrir conjuntamente al Senado. Ese movimiento ha llevado a PP y Vox a estudiar cómo evitar que la competencia entre sus candidaturas reduzca sus posibilidades de obtener escaños en determinadas provincias. (Demócrata, análisis del reparto).

Además de conservar la mayoría absoluta, las informaciones sitúan entre los objetivos del PP alcanzar, junto con Vox, los tres quintos de la Cámara, una mayoría relevante para la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuya propuesta corresponde al Senado. No hay un acuerdo de nombramientos anunciado como resultado de estos contactos. (El Mundo, objetivos del PP).

Qué falta para hablar de acuerdo

Faltan tres concreciones esenciales: dónde se coordinarán, quiénes serán los candidatos y qué recibirá cada partido. Las noticias describen avances, pero también fricciones sobre el intercambio entre retiradas y representación institucional. Por eso, la caracterización más precisa es una negociación abierta con voluntad de entendimiento, no una coalición ni un pacto parlamentario consolidado. (El Confidencial, estado negociador).

Xavier García Albiol, como alcalde de Badalona, dirige el gobierno y la administración municipal y representa al Ayuntamiento. Sus atribuciones derivan de la legislación de régimen local y se concretan mediante la organización municipal y los acuerdos de delegación. No decide sobre todos los asuntos por sí solo: comparte la actuación municipal con el Pleno, la Junta de Gobierno Local y las concejalías delegadas.

Dirección política y representación

Su responsabilidad principal es fijar la orientación del gobierno municipal, coordinar las áreas y supervisar la ejecución de sus decisiones. Esto comprende impulsar los servicios, las obras y los proyectos de la ciudad, así como mantener las relaciones institucionales con la Generalitat, el Estado, el Área Metropolitana de Barcelona y otras administraciones.

También representa al Ayuntamiento en actos oficiales, convenios y relaciones externas. Convoca y preside el Pleno y la Junta de Gobierno Local, dirige sus sesiones y ejerce las funciones de presidencia que establece la normativa. La distribución entre estos órganos puede consultarse en la organización municipal de Badalona.

Principales ámbitos de actuación

• Seguridad y emergencias. Ejerce la jefatura de la Guardia Urbana y dirige la actuación municipal en seguridad y convivencia dentro del marco legal. Puede adoptar medidas ante catástrofes o situaciones de grave riesgo, dando cuenta al Pleno.
• Personal y administración. Ostenta la jefatura superior del personal municipal y dirige la organización administrativa. Nombra y separa a los tenientes de alcalde y a los integrantes de la Junta de Gobierno Local conforme a las reglas aplicables.
• Servicios y obras. Impulsa, inspecciona y supervisa los servicios municipales: mantenimiento urbano, limpieza, alumbrado, movilidad, equipamientos y atención ciudadana. Su dirección política no significa que tramite personalmente cada expediente.
• Gestión económica. Ejerce las atribuciones de ejecución presupuestaria, aprobación de gastos y gestión económica que le corresponden, respetando el presupuesto y los límites legales. Debe distinguirse esta gestión de la aprobación del presupuesto municipal, que corresponde al Pleno.
• Contratación y patrimonio. Interviene en contratos, concesiones y asuntos patrimoniales cuando la competencia pertenece a la Alcaldía o le ha sido delegada. No todos los contratos son decisión del alcalde: influyen su naturaleza, sus límites legales y las delegaciones vigentes.
• Urbanismo y licencias. Ejerce las atribuciones urbanísticas y de otorgamiento de licencias que le correspondan. El reparto concreto entre Alcaldía, Junta de Gobierno y concejalías determina quién resuelve cada procedimiento.
• Otras potestades. Puede dictar bandos, imponer sanciones dentro de su competencia y ejercer acciones judiciales y administrativas en los supuestos legalmente previstos.

Qué puede delegar y qué límites tiene

Una distinción esencial es la existente entre tener una competencia y ejercerla directamente. Parte de la gestión ordinaria puede delegarse en la Junta de Gobierno Local o en concejales. Por ello, no debe darse por hecho que Albiol firma personalmente todas las licencias, sanciones o adjudicaciones del Ayuntamiento.

La información municipal recoge delegaciones relacionadas con contratación, patrimonio y acciones judiciales, entre otras materias. Para atribuirle una decisión concreta hay que atender al reparto vigente, no a responsabilidades que asumiera en mandatos anteriores.

El Pleno conserva las funciones normativas, presupuestarias y de control político que le reserva la ley. La Junta de Gobierno Local asiste al alcalde y ejerce las competencias legalmente atribuidas o delegadas. Además, las decisiones municipales están sometidas a la legislación de contratación y urbanismo, a los controles de Secretaría e Intervención y a la revisión de los tribunales.

En síntesis, Albiol conduce la acción municipal y responde políticamente por ella, pero su autoridad está delimitada por la ley y por las competencias de los demás órganos municipales.

En el Senado, los acuerdos entre grupos parlamentarios no están sometidos a un procedimiento único de elaboración y aprobación. Los requisitos dependen de si se trata de un pacto político entre grupos o de una propuesta que debe convertirse en una decisión formal de la Cámara. La distinción es esencial: el consenso político no sustituye las competencias ni los trámites establecidos en el Reglamento.

1. Negociación y autonomía de los grupos

El artículo 27.5 del Reglamento del Senado reconoce a los grupos parlamentarios «total autonomía en cuanto a su organización interna». Esta autonomía permite organizar su actuación y negociar posiciones comunes. Sin embargo, no atribuye a los grupos, por separado o mediante un pacto, las facultades de los órganos del Senado.

En los preceptos consultados no aparece una exigencia general de escritura, registro, firmas determinadas o publicidad para cualquier pacto político entre grupos. Tampoco se establece que todos deban aprobarse por unanimidad. Las exigencias concretas surgen cuando el acuerdo se presenta como una actuación parlamentaria regulada.

2. El órgano competente debe adoptar la decisión

Cuando lo pactado afecta al funcionamiento del Senado, hay que distinguir quién negocia de quién decide:

• Mesa: es el órgano rector de la Cámara, bajo la autoridad y dirección de su presidente, según el artículo 35. El artículo 36 le atribuye la organización del trabajo y el régimen interior, además de la calificación, admisión y tramitación de escritos parlamentarios.
• Presidencia: convoca y preside las sesiones del Pleno, dirige los debates y anuncia su orden del día, conforme al artículo 37.
• Junta de Portavoces: reúne al presidente y a los portavoces de los grupos. El artículo 44 dispone que debe ser oída para fijar el orden del día, los criterios de organización de los debates y las normas interpretativas o supletorias de la Presidencia.

Por tanto, que los portavoces alcancen un acuerdo no significa que la Junta pueda adoptar cualquier decisión: su intervención debe respetar las atribuciones del órgano competente. Del mismo modo, un pacto no reemplaza una votación o elección cuando el procedimiento correspondiente la exige.

3. Forma, firmas y tramitación

No deben trasladarse automáticamente a todos los pactos las formalidades previstas para actuaciones específicas. Por ejemplo, el artículo 28 exige que la constitución de un grupo se comunique a la Presidencia mediante una relación nominal, firmada por todos sus integrantes, que identifique su denominación, portavoz y eventuales sustitutos. El plazo general es de cinco días hábiles desde la constitución del Senado.

Asimismo, el artículo 29 exige escrito dirigido a la Presidencia y visto bueno del portavoz para incorporarse a un grupo. Son requisitos de esas actuaciones, no una regulación general de los acuerdos intergrupales. Si el pacto se materializa en un escrito parlamentario, corresponde a la Mesa calificarlo y decidir su admisibilidad y tramitación.

4. Límites, publicidad y garantías

Un acuerdo político no puede desplazar las reglas reglamentarias aplicables. Así, el artículo 31 exige ajustar la representación de los grupos en las comisiones a la proporción correspondiente cuando cambia su número de integrantes: un reparto negociado debe respetar esa previsión.

La publicidad tampoco es idéntica en todos los casos. El artículo 28.3 ordena publicar las relaciones de integrantes de los grupos, mientras que el artículo 36.1.g atribuye a la Mesa aprobar normas y medidas de transparencia y acceso a la información. Estas previsiones no equivalen a una obligación general de publicar toda negociación política.

Finalmente, si una decisión de la Mesa sobre admisión o tramitación afecta directamente a un senador o grupo, el artículo 36.2 permite solicitar su reconsideración y exige una resolución motivada. En suma, deben separarse siempre el pacto negociado y el acto parlamentario que lo ejecuta. Puede consultarse el Reglamento del Senado.