Me presento, soy "cunero": los paracaidistas de las listas electorales

No es necesario ser de una provincia para acabar representándola. Los partidos llevan décadas haciendo aterrizar en sus listas a candidatos llegados de otros territorios, una tradición con raíces en el siglo XIX que no siempre recibe una cálida bienvenida

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Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, encabezará la lista del PSOE en la provincia de Cádiz. Nacido en Madrid, toma el relevo de su compañero del Consejo de Ministros, Fernando Grande-Marlaska que en las últimas tres convocatorias ha sido el número uno por la provincia andaluza. Por su parte, el ministro del Interior, de origen vasco, se integra ahora en la lista socialista por Madrid para las elecciones generales del 29N.

Este juego de sillas, que suele producirse al margen de las estructuras regionales de los partidos, no entiende de siglas. Tampoco es nuevo. Disueltas las Cortes y con las formaciones políticas metidas en faena, florecen los diputados o senadores "cuneros".

Hablamos de aquellos parlamentarios que se presentan a las elecciones por una circunscripción con la que no tienen una vinculación personal, política o territorial destacable. Es decir, candidatos que concurren por una provincia en la que no han nacido, no residen o no han desarrollado su trayectoria política.

Ordena y mando

El término procede del "cunerismo", una práctica habitual durante la Restauración borbónica, cuando los dirigentes de los partidos colocaban a candidatos en distritos electorales con los que apenas tenían relación, aprovechando el control de las estructuras políticas locales para garantizar su elección. Era una práctica que estaba estrechamente relacionada con el caciquismo y el sistema del turno de partidos entre conservadores y liberales.

En la actualidad, este fenómeno ha quedado reducido a la anécdota, y no esconde detrás un juego de escaños entre las élites. No obstante, cuando ocurre, sigue provocando tensiones dentro de los propios partidos.

El malestar surge especialmente dentro de las organizaciones provinciales y regionales, que en ocasiones ven cómo las direcciones nacionales les imponen candidatos ajenos al territorio, desplazando a dirigentes que llevan años trabajando en el día a día.

Normalmente, la llegada de un candidato "paracaidista" en la provincia suele responder a estrategias electorales de las cúpulas, que buscan garantizar un escaño a determinados dirigentes (por ejemplo, ministros) o dar visibilidad a figuras nacionales.

Se busca provincia

Uno de los primeros "cuneros" de la democracia fue José Manuel García-Margallo, que acabaría siendo ministro de Asuntos Exteriores con Mariano Rajoy, y que encontró en Melilla en 1977 la circunscripción desde la que dar el salto al Congreso.

Según relató el propio García-Margallo a DEMÓCRATA, cuando trasladó a Pío Cabanillas su intención de convertirse en diputado en los inicios de la Transición, este le preguntó dónde había nacido y estudiado. "En Madrid y San Sebastián", respondió Margallo. "Pues lo tienes jodido", fue la franca contestación de Cabanillas. Madrid era una lista muy disputada y reservada a las primeras espadas, y la provincia vasca era una plaza difícil para los partidos de centro-derecha en pleno florecimiento del nacionalismo.

Sin embargo, el joven político no se dio por vencido y decidió contratar una agencia de comunicación y marketing para identificar una circunscripción en la que pudiera presentar su candidatura. Tras estudiar el mapa electoral, encontró un vínculo familiar con Melilla: su bisabuelo había muerto allí en 1893 al frente de sus tropas. La ciudad autónoma, que elegía un único diputado, terminó otorgando su escaño a UCD.

Margallo acabaría siendo elegido diputado en otras seis legislaturas y su nombre figurando en la papeleta de Valencia y posteriormente de Alicante, ya en las filas del Partido Popular.

Suma y sigue

Durante los casi cincuenta años de democracia, se han visto casos en todos los partidos y por todo el territorio. Pero en 2019, se vivió una derivada del "cunerismo", normalmente asociado a la etapa puramente electoral, cuando el dirigente del PP Javier Maroto no logró escaño por Álava y acabó siendo senador autonómico por Castilla y León.

Nacido en Vitoria y alcalde de la capital alavesa entre 2011 y 2015, no logró acta en las elecciones generales de abril. La dirección popular, de la que formaba parte, encontró entonces una alternativa para mantenerlo en primera línea: designarlo senador autonómico por Castilla y León, una comunidad con la que no tenía ningún tipo de vinculación hasta la fecha.

Para acceder al cargo, Maroto se empadronó en Sotosalbos, un pequeño municipio segoviano de poco más de un centenar de habitantes. Su desembarco provocó una polémica política y el PSOE llegó a cuestionar la legalidad del empadronamiento, mientras que el dirigente popular defendió que cumplía todos los requisitos. Finalmente, las Cortes de Castilla y León lo designaron senador el 23 de julio de 2019, con los votos favorables de PP y Ciudadanos.

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¿Qué trámites parlamentarios y plazos debe seguir una candidatura para ser incluida oficialmente en las listas electorales de una circunscripción distinta a la de origen del candidato?

Para concurrir al Congreso o al Senado por una circunscripción distinta a la de origen no hay que superar ningún trámite parlamentario especial. La inclusión depende de la decisión de la formación que presenta la candidatura y de su proclamación por la Administración electoral. El nacimiento o la residencia en otra provincia no impiden, por sí solos, presentarse.

1. Elegir circunscripción y comprobar los requisitos

En las elecciones generales no existe un requisito general de haber nacido, residir o estar empadronado en la circunscripción por la que se concurre. Por tanto, no es necesario trasladar el domicilio para ser candidato por otra provincia. Esto no debe confundirse con los requisitos de determinadas elecciones autonómicas, que requieren examinar su legislación específica.

El partido puede decidir en qué circunscripción presenta a cada persona, respetando sus procedimientos internos y los requisitos legales de elegibilidad y composición de las candidaturas. La expresión «paracaidista» es política, no una categoría jurídica que exija autorización adicional.

2. Aprobar internamente y documentar la candidatura

La presentación corresponde a partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, mediante sus representantes. La persona interesada no solicita al Congreso o al Senado que la incorporen a una lista.

  • La formación decide la circunscripción y, en el Congreso, el puesto dentro de la lista ordenada.
  • El candidato acepta expresamente su inclusión y aporta la documentación de identidad y elegibilidad, incluida la declaración de no estar incurso en causas de inelegibilidad.
  • La candidatura debe cumplir las reglas sobre composición, suplentes y paridad aplicables.

Si se concurre mediante una coalición, el pacto debe comunicarse a la Junta Electoral competente dentro de los diez días siguientes a la convocatoria. Este plazo afecta a la coalición, no constituye un permiso especial para presentar candidatos de otra provincia.

3. Presentar, subsanar y obtener la proclamación

La candidatura se presenta ante la Junta Electoral competente, normalmente la Junta Electoral Provincial, dentro del plazo electoral de presentación. Debe distinguirse este plazo del calendario interno del partido: obtener su aprobación no sustituye la presentación formal.

La Junta examina la documentación y publica las candidaturas presentadas. Si comunica irregularidades subsanables, existe un plazo de 48 horas para corregirlas. La subsanación no equivale a poder presentar libremente una candidatura nueva fuera de plazo.

Después, la Junta proclama las candidaturas que cumplen los requisitos. Esa proclamación, y no el anuncio del partido, determina la inclusión oficial. La STC 26/2004 aclara que no puede añadirse una exigencia de comparecencia personal no prevista legalmente cuando la documentación llega dentro de plazo.

4. Impugnar y distinguir la fase parlamentaria

Contra la proclamación o su denegación cabe el recurso judicial específico del artículo 49 de la LOREG: debe interponerse en dos días desde la publicación de la resolución. Proceder de otra circunscripción no constituye, por sí mismo, causa de exclusión.

Ese recurso no debe confundirse con el que impugna la proclamación de electos, después de la votación, cuyo plazo general es de tres días.

Solo si resulta elegido comienza la fase parlamentaria. En el Congreso, el Reglamento de la Cámara exige presentar la credencial electoral, cumplimentar la declaración de actividades y prestar juramento o promesa. Ninguno de estos actos autoriza previamente a concurrir por otra provincia.

¿Cuáles son las principales competencias y funciones del ministro de Asuntos Exteriores según la legislación española?

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación es el responsable ministerial de proponer, desarrollar y ejecutar la política exterior, coordinar la acción internacional y dirigir su departamento. No actúa de forma independiente: la dirección de la política exterior corresponde al Gobierno y sus directrices las determina el presidente.

1. Posición dentro del Gobierno

Los artículos 97 y 98 de la Constitución sitúan al ministro dentro de un Gobierno que dirige colegiadamente la política exterior, bajo la dirección y coordinación presidencial. El ministro participa en las decisiones del Consejo de Ministros y responde directamente de la gestión de su departamento.

El artículo 4.1 de la Ley 50/1997, del Gobierno, le atribuye desarrollar la acción gubernamental en su ámbito, ejercer la potestad reglamentaria, desempeñar las competencias legalmente asignadas y refrendar, cuando corresponda, los actos del rey relacionados con sus materias.

2. Planificación y ejecución de la política exterior

El artículo 1 del Real Decreto 1184/2024, que desarrolla la estructura del ministerio, encomienda al departamento «planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la política exterior del Estado». Estas funciones se ejercen conforme a las directrices gubernamentales y al principio de unidad de acción en el exterior: las actuaciones internacionales deben mantener una orientación coherente.

  • Impulsar las relaciones bilaterales con otros países y la participación española en organizaciones internacionales.
  • Desarrollar la política exterior en materias como derechos humanos, seguridad internacional, construcción de la paz, desarme y no proliferación.
  • Coordinar y supervisar las actuaciones exteriores de otros departamentos y administraciones, respetando sus competencias.
3. Unión Europea, cooperación y proyección internacional

Su ámbito comprende las relaciones con la Unión Europea, con especial atención también a Iberoamérica, y la política de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. A través de los órganos del ministerio, dirige estas áreas y coordina su ejecución.

Asimismo, corresponde al departamento fomentar las relaciones económicas, culturales y científicas internacionales; promover la cooperación transfronteriza e interterritorial; y participar, dentro de sus atribuciones, en las políticas migratorias y de extranjería. La diplomacia económica, la comunicación exterior y la promoción del español forman parte de esta proyección internacional.

4. Tratados internacionales

El ministerio prepara, negocia y tramita los tratados internacionales de los que España sea parte. Sin embargo, el ministro no decide por sí solo todo el procedimiento: el artículo 5 de la Ley del Gobierno reserva al Consejo de Ministros acordar su negociación y firma, su aplicación provisional y su remisión a las Cortes Generales cuando proceda. La intervención ministerial se integra, por tanto, en un procedimiento con responsabilidades compartidas.

5. Servicio Exterior y protección consular

La Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, encuadra su responsabilidad de coordinación y dirección del Servicio Exterior. Este incluye embajadas, representaciones ante organizaciones internacionales y oficinas consulares. Su función consiste en asegurar que esa presencia exterior aplique coherentemente la política gubernamental.

El departamento también tiene encomendada la protección de los españoles en el exterior, desarrollada mediante sus órganos consulares. Esta dirección debe compatibilizarse con las competencias sectoriales de otros ministerios presentes fuera de España.

6. Dirección administrativa y límites

Como titular del departamento, ejerce las funciones generales del artículo 61 de la Ley 40/2015: fijar objetivos, aprobar planes, distribuir recursos y gestionar personal, presupuesto, contratos y convenios dentro de los límites legales. Puede delegar determinadas competencias, pero conserva la responsabilidad política de su gestión. En definitiva, es el principal responsable ministerial de la acción exterior, no su titular exclusivo.

¿Qué requisitos legales y documentación exige la Junta Electoral Central para la designación de senadores autonómicos por comunidades distintas a la de nacimiento o residencia habitual del candidato?

No existe un requisito estatal general de haber nacido o residir habitualmente en la comunidad que designa al senador. Sin embargo, deben cumplirse las condiciones que establezca la normativa de esa comunidad. Además, hay que corregir una premisa: la acreditación ordinaria de estos senadores se realiza mediante una credencial de la asamblea autonómica presentada ante el Senado, no mediante una autorización de la Junta Electoral Central (JEC).

1. Qué vínculo territorial resulta exigible

El artículo 69.5 de la Constitución atribuye la designación a las comunidades autónomas conforme a sus estatutos y exige asegurar la adecuada representación proporcional. El artículo 1.1.a de la LOREG salva expresamente lo dispuesto en esos estatutos para esta modalidad de designación.

Por tanto, nacimiento, residencia habitual y condición política autonómica no deben confundirse. Haber nacido fuera no impide por sí solo la designación; tampoco permite concluir automáticamente que cualquier persona residente fuera pueda ser designada. La respuesta concreta la determina el estatuto, la legislación autonómica de designación y las reglas parlamentarias aplicables.

La STC 123/2017 reconoce la posibilidad de establecer determinadas condiciones e incompatibilidades adicionales. Así, no sería correcto transformar la ausencia de una exigencia estatal de nacimiento o residencia en una exención de los requisitos autonómicos.

2. Documentación y órgano destinatario

El artículo 1.2 del Reglamento del Senado establece expresamente que los senadores autonómicos presentarán «credencial expedida por el órgano correspondiente de la Asamblea de la Comunidad Autónoma». Deben distinguirse estos documentos y actuaciones:

  • Credencial autonómica: acredita la designación acordada por la asamblea y se presenta ante el Senado. No debe confundirse con las credenciales electorales de los senadores elegidos directamente.
  • Nueva credencial o certificación de vigencia: después de elecciones al Senado, cuando la designación abarque un período no coincidente con su legislatura, conforme al artículo 1.2.
  • Declaraciones personales: el artículo 1.3, en su redacción publicada en noviembre de 2025, exige declaraciones de actividades, bienes patrimoniales y rentas, e intereses económicos, relacionadas con el artículo 26.
  • Acatamiento de la Constitución: debe prestarse el juramento o promesa correspondiente. El artículo 12 regula la presentación de la credencial dentro de los treinta días siguientes a su expedición, con posibilidad de ampliación por enfermedad o imposibilidad física.

La reforma reglamentaria de 2025 debe tenerse presente al consultar versiones anteriores del Reglamento.

3. Qué exige realmente la JEC

En las fuentes consultadas no consta un procedimiento general de autorización de estas designaciones ante la JEC, ni una relación uniforme de certificados de nacimiento, empadronamiento o residencia que deban remitírsele por designar a alguien procedente de otra comunidad. Tampoco consta que deba enviarse a la JEC, con carácter general, el acta íntegra de la asamblea.

La Instrucción de 20 de enero de 2000 exige para candidaturas en elecciones generales copia del DNI y declaración de aceptación y ausencia de inelegibilidad. No debe trasladarse automáticamente ese expediente electoral a la designación parlamentaria autonómica.

Finalmente, el examen de incompatibilidades corresponde a la Comisión de Incompatibilidades y al Pleno del Senado, conforme a los artículos 15 a 17 de su Reglamento. Para un candidato concreto, la comprobación decisiva es la normativa de la comunidad designante: de ella dependerán los requisitos territoriales adicionales y su acreditación, no del lugar de nacimiento por sí solo.

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¿Por qué se denomina 'cuneros' a ciertos candidatos en las listas electorales?

Pregunta 1 de 3

¿Qué ministro encabezará la lista del PSOE por Cádiz en las próximas elecciones generales?

Pregunta 2 de 3

¿Qué acción realizó Javier Maroto para poder ser designado senador autonómico por Castilla y León?

Pregunta 3 de 3