Montenegro avanza en sus negociaciones para incorporarse a la Unión Europea (UE) con el objetivo de cerrar antes de que termine 2026 los capítulos pendientes de su proceso de adhesión. El país balcánico ha conseguido completar provisionalmente 21 de los 33 capítulos abiertos con Bruselas, después de que ambas partes alcanzaran el pasado lunes 12 de octubre nuevos acuerdos sobre política económica y monetaria, estadísticas y derechos sociales. El Gobierno de Milojko Spajić pretende culminar las conversaciones este año y convertir a Montenegro en el vigesimoctavo Estado miembro de la UE en 2028.
La incorporación, sin embargo, todavía no tiene una fecha aprobada. Aunque las instituciones comunitarias han respaldado los avances de Podgorica, el cierre de las negociaciones no supone la entrada automática en la Unión, ya que el país deberá completar las reformas comprometidas, acordar las condiciones definitivas de su adhesión y obtener el consentimiento de los Estados miembros.
La posible adhesión también tiene implicaciones para España, que ha respaldado la integración de Montenegro como parte de su apuesta por la estabilidad de los Balcanes occidentales y que, además de las oportunidades comerciales que puedan surgir, deberá participar en las decisiones sobre las condiciones de entrada del país en la UE.
Montenegro cierra 21 capítulos y mantiene el objetivo de terminar las negociaciones en 2026
La última conferencia intergubernamental entre Montenegro y la UE, celebrada el 12 de octubre en Luxemburgo, permitió cerrar provisionalmente tres nuevos capítulos relacionados con la política económica y monetaria, las estadísticas y la política social y de empleo. Estos acuerdos se suman a los alcanzados durante los meses anteriores en materias como competencia, unión aduanera, libre circulación de trabajadores y control financiero.
Desde que comenzaron las negociaciones en junio de 2012, Montenegro ha abierto todos los capítulos que integran el proceso ordinario de adhesión, aunque todavía tiene 12 pendientes de cierre provisional. Cada uno de ellos comprende una parte de la legislación comunitaria que los países candidatos deben incorporar y aplicar antes de convertirse en miembros de pleno derecho.
El primer ministro montenegrino, Milojko Spajić, defendió durante la reunión de Luxemburgo que su Gobierno está intensificando las reformas necesarias para cumplir el calendario previsto. La presidencia irlandesa del Consejo de la UE, que concluye en diciembre, también ha situado el avance de las negociaciones entre sus prioridades, aunque cualquier nuevo cierre depende de que Montenegro satisfaga los requisitos establecidos por los Veintisiete.
Los acuerdos alcanzados hasta ahora tienen carácter provisional y las instituciones europeas mantienen la posibilidad de revisar capítulos ya cerrados si detectan incumplimientos. Por tanto, completar el calendario negociador exigirá no solo resolver los asuntos pendientes, sino también conservar los avances registrados en las materias que Bruselas ya ha examinado.
Las reformas judiciales y la lucha contra la corrupción siguen siendo determinantes
Entre las principales exigencias que Montenegro debe cumplir figuran las relacionadas con la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la libertad de expresión y la protección de los derechos fundamentales. La Comisión Europea considera que el funcionamiento de las instituciones judiciales constituye una condición esencial para completar el proceso de adhesión.
En su evaluación de 2025, Bruselas reclamó a las autoridades montenegrinas que profundizaran en la independencia, profesionalidad y responsabilidad de jueces y fiscales, además de cubrir los puestos de mayor responsabilidad que permanecían vacantes. También señaló la necesidad de reforzar las garantías para los medios de comunicación y avanzar en la adaptación de la política de visados a las normas comunitarias.
Montenegro ya había superado en junio de 2024 los requisitos intermedios establecidos para los capítulos sobre poder judicial y derechos fundamentales, y sobre justicia, libertad y seguridad. No obstante, ese avance no equivale al cierre definitivo de ambas materias, cuya evaluación continúa condicionada a la aplicación efectiva de las reformas.
La Comisión Europea examina asimismo la capacidad administrativa del país para ejecutar la legislación comunitaria, gestionar fondos europeos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas y presupuestarias que asumirá cuando se incorpore a la Unión.
Del cierre de las negociaciones a la adhesión efectiva
Una vez concluidas las conversaciones sobre los capítulos pendientes, Montenegro y los Estados miembros deberán alcanzar un acuerdo global sobre las condiciones de incorporación, que quedarán recogidas en un Tratado de Adhesión. El documento establecerá las obligaciones del nuevo socio, las posibles disposiciones transitorias y los ajustes institucionales y financieros derivados de la ampliación.
El Consejo de la UE constituyó en abril de 2026 un grupo de trabajo específico para preparar este tratado, mientras que la Comisión Europea presentó en junio una propuesta sobre las consecuencias presupuestarias de la futura incorporación de Montenegro. Ambas iniciativas permiten avanzar en los preparativos jurídicos y económicos antes de que terminen las negociaciones sectoriales.
Sin embargo, la firma del tratado tampoco bastará para formalizar la entrada. El procedimiento previsto en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea exige el consentimiento del Parlamento Europeo, la aprobación unánime de los Estados miembros y la ratificación del acuerdo por todas las partes, conforme a sus respectivos procedimientos constitucionales.
El calendario de 2028 que defiende el Gobierno montenegrino constituye, por tanto, una aspiración política y no una fecha de adhesión jurídicamente garantizada. Su cumplimiento dependerá de los avances de Podgorica, de los acuerdos que alcancen los Veintisiete y del tiempo necesario para completar las ratificaciones nacionales.
España respalda la adhesión y refuerza sus relaciones económicas con Montenegro
El Gobierno español ha manifestado en varias ocasiones su apoyo a la incorporación de Montenegro a la Unión Europea, una posición que vincula con la estabilidad de los Balcanes occidentales y el fortalecimiento de la presencia comunitaria en la región. En julio de 2025, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respaldó expresamente el objetivo de que el país ingresara en 2028, durante un encuentro en Madrid con el viceprimer ministro montenegrino Filip Ivanović.
Ambos países firmaron entonces un acuerdo para reforzar la cooperación administrativa en el proceso de integración europea, mediante el intercambio de experiencias y el asesoramiento técnico sobre la aplicación de la legislación comunitaria. España también ha incrementado su presencia institucional en Montenegro, donde creó en 2025 una antena diplomática en Podgorica, dependiente de su Embajada en Belgrado.
La cooperación bilateral se amplió el pasado 5 de junio de 2026, cuando Pedro Sánchez y Milojko Spajić suscribieron dos acuerdos durante la cumbre entre la UE y los Balcanes occidentales. Los documentos abordan la prevención de la doble imposición y la evasión fiscal, además de establecer un marco de cooperación económica y financiera en sectores como el transporte, la minería, las telecomunicaciones y la ciberseguridad.
Para las empresas españolas, una futura adhesión de Montenegro supondría la integración plena de su economía en el mercado único europeo, con normas comunes para la circulación de mercancías, servicios, capitales y trabajadores. Aunque las inversiones españolas en el país todavía son limitadas, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, existen relaciones comerciales en sectores como los productos químicos, la alimentación, la cerámica y el mobiliario.
La incorporación también tendría consecuencias para España como Estado miembro, puesto que Montenegro participaría en las instituciones comunitarias y en las decisiones sobre las políticas y los presupuestos europeos. El alcance económico concreto dependerá de las condiciones que se pacten en el Tratado de Adhesión y de las reglas financieras vigentes cuando se produzca la entrada.
Una ampliación con consecuencias para los Balcanes occidentales
Montenegro solicitó su ingreso en la UE en 2008, dos años después de independizarse de la unión estatal que mantenía con Serbia, y obtuvo la condición de país candidato en diciembre de 2010. Su proceso negociador, iniciado en 2012, se desarrolla en una región donde otros Estados también aspiran a incorporarse al bloque comunitario, aunque sus respectivas candidaturas presentan distintos grados de avance.
El Gobierno español considera que la integración de los Balcanes occidentales contribuiría a reforzar la seguridad europea y la estabilidad política de una región que mantiene importantes vínculos económicos e institucionales con la Unión. Durante la cumbre celebrada en Montenegro en junio, Pedro Sánchez defendió una incorporación gradual de los países candidatos a determinadas políticas comunitarias, siempre que cumplan previamente las reformas exigidas.
La ampliación ha adquirido, además, una mayor relevancia geopolítica desde la invasión rusa de Ucrania, que llevó a las instituciones europeas a revisar sus prioridades de integración y seguridad. En ese contexto, el avance de Montenegro constituye una prueba de la capacidad de la UE para completar nuevos procesos de adhesión después de la entrada de Croacia en 2013.
Aunque Podgorica mantiene su intención de incorporarse en 2028, los próximos meses serán determinantes para comprobar si consigue completar los compromisos pendientes antes de diciembre. El cierre de las negociaciones permitiría iniciar la última fase del procedimiento, pero la entrada de Montenegro en la UE seguirá dependiendo del acuerdo político y jurídico de los actuales Estados miembros.