Feijóo y Abascal aceptan las entrevistas de Jordi Wild, que espera la respuesta de Sánchez

A 9 de octubre de 2026, la organización y “tramitación” de los debates electorales en medios públicos para las elecciones generales del 29 de noviembre está en dos planos distintos:

• por un lado, una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que quiere hacer obligatorio al menos un debate en medios públicos, pero que aún no está aprobada;
• por otro, la propuesta concreta de RTVE de celebrar tres debates durante la campaña del 29N, que sigue siendo solo una propuesta pendiente de cerrarse con los partidos y de integrarse en el plan de cobertura que revisará la Junta Electoral Central (JEC).

1. Reforma legal sobre debates en medios públicos: todavía en tramitación

En el Congreso se está tramitando el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LOREG (expediente 121/000063), cuyo contenido incluye una reforma del artículo 66 para:

• imponer la obligación de celebrar, al menos, un debate electoral durante la campaña en los medios de comunicación de titularidad pública;
• regular que la asistencia de los candidatos sea obligatoria, salvo causa justificada apreciada por la Junta Electoral competente;
• precisar la participación en los debates de las formaciones con representación y de los llamados “grupos políticos significativos”;
• reforzar las exigencias a las encuestas electorales y otros elementos de la cobertura.

Según el registro del Congreso, este proyecto (121/000063) está en la Comisión Constitucional y el plazo de presentación de enmiendas ha sido ampliado reiteradamente, la última vez hasta el 7 de octubre de 2026. Es decir:

• la reforma que pretende fijar por ley orgánica la obligación de debates en medios públicos aún no ha culminado su tramitación parlamentaria;
• por tanto, para las elecciones del 29N sigue rigiendo, a día de hoy, la LOREG vigente, que en su artículo 66 establece los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa para los medios públicos en periodo electoral, pero no una obligación ya en vigor de un debate concreto.

En paralelo, las Cortes sí han aprobado otra reforma de la LOREG, la Ley Orgánica 2/2026, pero su objeto es adaptar la representación al Parlamento Europeo, no la regulación de los debates en RTVE, por lo que no altera directamente el régimen de los debates del 29N.

2. Propuesta de RTVE para los debates del 29N: fase de negociación

En el plano práctico, RTVE ha presentado a los partidos una propuesta de tres debates para la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según la información recopilada por Demócrata y por la propia corporación pública:

• se plantea un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, inicialmente previsto para el 17 de noviembre;
• un debate a ocho con representantes de todos los grupos con presencia en el Congreso (PSOE, PP, Vox, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV), en torno al 23 de noviembre;
• y un debate a cuatro con las principales fuerzas de ámbito estatal, propuesto para el 26 de noviembre.

RTVE ha indicado que los tres debates se emitirían en horario de máxima audiencia, con señal ofrecida gratuitamente a otros medios y plataformas, y ha subrayado que el objetivo es garantizar el pluralismo y la neutralidad. Pero la propia corporación aclara que esta propuesta “no supone todavía el calendario definitivo de la cobertura electoral” y que el diseño final deberá integrarse en el Plan de Cobertura Informativa que se presentará más adelante a la JEC.

En paralelo, la prensa recoge que el PP se muestra dispuesto a tres debates (cara a cara, debate multilateral y debate de portavoces) repartidos entre cadenas públicas y privadas, pero condiciona su aceptación en RTVE a que la organización y los medios técnicos sean propios de la corporación y no de una productora externa. Esa negociación forma parte de la “tramitación” política de los debates, al margen de la normativa general.

3. Papel de la Junta Electoral Central y qué falta por cerrar

Hasta la fecha de referencia, en las fuentes consultadas no consta aún un acuerdo específico de la JEC que apruebe un calendario cerrado de debates para el 29N. Lo que sí está claro es el encuadre jurídico general:

• los medios públicos deben respetar los principios del artículo 66 de la LOREG (pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa);
• RTVE deberá comunicar a la JEC su plan definitivo de debates, entrevistas y programas de campaña para su supervisión y eventual ajuste;
• cualquier conflicto (por ejemplo, sobre exclusiones o tiempos) puede acabar siendo objeto de recurso ante la JEC, como ya ha ocurrido en otros procesos autonómicos.

En resumen, a 9 de octubre:

• la reforma legal de la LOREG que pretende blindar los debates en medios públicos sigue en tramitación parlamentaria y no ha entrado en vigor;
• RTVE ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta de tres debates para la campaña del 29N, pero el calendario y el formato no son aún definitivos y dependen de la negociación con los partidos y de la presentación del plan de cobertura a la JEC;
• no hay todavía una resolución cerrada de la JEC que fije todo el dispositivo de debates en medios públicos para estas elecciones.

La Constitución española configura al presidente del Gobierno como la figura central del poder ejecutivo y el principal responsable de la dirección política del país. Sus competencias y funciones aparecen dispersas en varios preceptos, pero el núcleo está en el artículo 97 y en la regulación de la formación, responsabilidad y cese del Gobierno.

Dirección de la política interior y exterior (art. 97 CE)

El artículo 97 establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y que ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Dentro de ese “Gobierno”, el presidente ocupa una posición de prevalencia:

• Fijación de las grandes orientaciones políticas: marca las prioridades en economía, política social, territorial, europea e internacional.
• Coordinación de la acción gubernamental: asegura que los distintos ministerios actúen de forma coherente con la línea política general.
• Representación del Gobierno dentro y fuera de España, especialmente en las relaciones con otros Estados y con organizaciones internacionales.

Relación con los ministros y estructura del Gobierno (art. 98 CE)

El Gobierno se compone del presidente, los vicepresidentes (si los hay), los ministros y otros miembros que la ley pueda establecer. La Constitución no enumera una por una las facultades del presidente sobre los ministros, pero de su posición se derivan varias funciones esenciales:

• Propuesta de nombramiento y cese de ministros: el rey nombra y separa a los ministros a propuesta del presidente. En la práctica, es el presidente quien decide la composición del Gobierno.
• Organización interna del Ejecutivo: puede proponer la creación, supresión o reestructuración de ministerios y vicepresidencias (en el marco de la ley).
• Dirección del Consejo de Ministros: convoca y preside sus reuniones y fija el orden del día, encauzando así la toma de decisiones colegiadas.

Relación con las Cortes Generales y responsabilidad política

La Constitución subraya la responsabilidad política del Gobierno ante el Congreso de los Diputados (art. 108 CE). El presidente es el principal interlocutor con la Cámara:

• Investidura (art. 99 CE): es el candidato que se somete a la confianza del Congreso. Expone su programa y solicita la mayoría necesaria para ser nombrado por el rey.
• Cuestión de confianza (art. 112 CE): puede plantearla al Congreso para respaldar su programa o una declaración de política general. Si la pierde, debe presentar la dimisión del Gobierno.
• Moción de censura (arts. 113 y 114 CE): aunque la inicia el Congreso, se dirige personalmente contra el presidente. Su aprobación implica su cese y la investidura automática del candidato alternativo.
• Control parlamentario ordinario: responde de la acción del Gobierno, rinde cuentas e informa ante Congreso y Senado, directamente o a través de los ministros.

Facultad de disolver las Cámaras (art. 115 CE)

Una competencia de especial relevancia es la capacidad de proponer la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras. El presidente:

• Propone al rey la disolución y la convocatoria de elecciones generales, decisión que se formaliza mediante decreto.
• Debe respetar ciertos límites constitucionales (por ejemplo, no puede disolver durante la tramitación de una moción de censura y hay plazos mínimos entre disoluciones).

Esta facultad otorga al presidente una herramienta decisiva para gestionar bloqueos políticos y recomponer mayorías parlamentarias.

Dirección en situaciones de crisis y estados excepcionales

En el marco de los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE y ley orgánica de desarrollo), el presidente del Gobierno tiene un papel central:

• Impulsa la declaración del estado correspondiente.
• Lidera la respuesta política y administrativa a situaciones de grave crisis, siempre bajo control parlamentario.

Responsabilidad y cese (arts. 101 y concordantes)

El presidente y el Gobierno cesan por pérdida de la confianza parlamentaria (moción de censura, cuestión de confianza fallida), por dimisión, fallecimiento o tras elecciones generales, quedando en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. Esta lógica refuerza que el centro de la responsabilidad política es el presidente.

En síntesis, la Constitución diseña al presidente del Gobierno como el vértice del poder ejecutivo: dirige la política general, organiza y coordina al resto de miembros del Gobierno, es el interlocutor privilegiado con el Parlamento, dispone de la iniciativa para disolver las Cámaras y asume la máxima responsabilidad política ante el Congreso y, de forma mediata, ante la ciudadanía.

Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, Ourense, 1961) es un político español del Partido Popular cuya carrera combina formación jurídica, función pública de alto nivel, gestión de grandes organismos estatales y una extensa etapa como presidente de la Xunta de Galicia, antes de asumir el liderazgo nacional del PP y la jefatura de la oposición en España.

Formación académica y acceso a la función pública

Feijóo se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, estudios que completó a mediados de los años ochenta. Su orientación profesional fue pronto hacia el Derecho público y la gestión administrativa más que hacia el ejercicio clásico de la abogacía o la judicatura.

En 1985 superó las oposiciones al Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta de Galicia, convirtiéndose en funcionario de carrera de la administración autonómica. Diversas biografías oficiales destacan, además, formación específica para directivos de la Xunta, que refuerza su perfil técnico en gestión pública.

Primeros pasos en la administración gallega

Su trayectoria profesional arranca en puestos técnicos dentro de la Xunta, donde trabaja como alto funcionario en distintas unidades a partir de la segunda mitad de los años ochenta. El salto a responsabilidades de carácter político-administrativo llega a comienzos de los noventa:

• 1991‑1996: secretario general técnico de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Xunta de Galicia.
• 1991‑1996: secretario general de la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales.
• 1992‑1996: vicepresidente y secretario general del Servicio Gallego de Salud (Sergas), adquiriendo una experiencia intensa en gestión sanitaria.

Estas responsabilidades lo sitúan ya en la intersección entre administración y política, con un perfil de gestor ligado a la sanidad y a la estructura autonómica gallega.

Etapa en la Administración General del Estado

En 1996 da el salto a la Administración del Estado, en el contexto del primer Gobierno de José María Aznar. En el ámbito sanitario ocupa cargos directivos de relevancia:

• Secretario general de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo.
• Presidente del Insalud, organismo que entonces gestionaba la sanidad en varias comunidades antes de completarse las transferencias autonómicas.

Posteriormente amplía su perfil como gestor público más allá del sector sanitario:

• 2000‑2001: consejero‑director general de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos.
• 2001‑2003: presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, dirigiendo una de las mayores empresas públicas del país.

Esta etapa en Madrid le otorga experiencia en dirección de grandes organizaciones y en políticas de modernización de servicios públicos.

Regreso a Galicia y liderazgo autonómico

Feijóo regresa a Galicia en 2003 para integrarse en el Gobierno autonómico presidido por Manuel Fraga:

• 2003‑2005: conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda de la Xunta de Galicia.
• Desde 2004: vicepresidente primero de la Xunta, asumiendo funciones de coordinación política y de gobierno.

En enero de 2006 es elegido presidente del Partido Popular de Galicia (PPdeG), heredando el liderazgo de Fraga y convirtiéndose en jefe de la oposición autonómica frente al Gobierno de coalición PSdeG‑BNG.

Presidente de la Xunta de Galicia (2009‑2022)

En las elecciones de 2009 el PPdeG logra la mayoría absoluta y Feijóo es investido presidente de la Xunta de Galicia. Revalidará esa mayoría en tres ocasiones consecutivas (2012, 2016 y 2020), encadenando cuatro mayorías absolutas y más de trece años al frente del Gobierno gallego.

Durante este periodo consolida un perfil de gestor prudente y continuista, con énfasis en la estabilidad presupuestaria, la sanidad pública, los servicios sociales y la política económica, y proyecta al PPdeG como fuerza hegemónica de la política gallega.

Salto a la política nacional y presidencia del PP

Tras la crisis interna que fuerza la salida de Pablo Casado, el congreso extraordinario de Sevilla de abril de 2022 elige a Feijóo presidente nacional del Partido Popular, con un apoyo muy amplio de la organización. Para asumir el cargo abandona la presidencia de la Xunta en 2022.

A continuación es designado senador por el Parlamento de Galicia, paso habitual para facilitar su presencia en las Cortes Generales. En las elecciones generales de julio de 2023 pasa a ser diputado en el Congreso y ejerce el liderazgo parlamentario del PP, que se convierte en la fuerza más votada pero sin apoyos suficientes para la investidura.

Desde entonces, Feijóo mantiene la presidencia del PP y la condición de jefe de la oposición, con un papel central en la política estatal y una trayectoria que puede resumirse en cuatro fases: jurista y alto funcionario, gestor sanitario y de empresas públicas, presidente autonómico de larga duración y líder nacional del principal partido de la derecha española.

Para más información biográfica oficial pueden consultarse, entre otras, la ficha del PP sobre su líder en la web del Partido Popular o los perfiles institucionales sobre los presidentes gallegos en la página de la Xunta de Galicia.