La Comisión Europea dará este miércoles un nuevo paso en su estrategia para extender la protección de los consumidores al ámbito digital. El Colegio de Comisarios tiene previsto dar luz verde a la nueva Ley de Equidad Digital, con la que Bruselas pretende actualizar el marco comunitario frente a prácticas comerciales desleales en internet, desde los patrones oscuros de las plataformas digitales hasta el marketing de influencers, la personalización injusta de contenidos o los mecanismos de diseño que fomentan comportamientos compulsivos.
Los últimos borradores de la propuesta analizados por DEMÓCRATA persiguen establecer un marco armonizado para el conjunto de la Unión Europea y ampliar al conjunto de los consumidores las garantías que Bruselas ya ha comenzado a desarrollar para proteger a los menores en el entorno digital. La iniciativa aspira a cubrir los "vacíos legales" que persisten en la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), mediante nuevas obligaciones para los operadores y mayores facultades de supervisión e investigación para las autoridades comunitarias.
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El objetivo es intervenir directamente sobre determinadas prácticas de diseño y comercialización que, aunque se han generalizado en los servicios digitales, no siempre encuentran una respuesta suficientemente precisa en la legislación vigente. La Comisión quiere que la protección del consumidor no dependa únicamente de la información que las empresas ponen a su disposición, sino también de que los propios servicios estén diseñados para evitar inducir a decisiones económicas perjudiciales.
El veto a los patrones oscuros y los mecanismos de manipulación
Uno de los principales pilares de la nueva regulación será la prohibición del diseño de plataformas en línea que "engañen, manipulen o distorsionen" de forma sustancial el comportamiento económico de los consumidores. Bruselas pretende actuar así contra los denominados patrones oscuros (dark patterns), mecanismos de diseño que condicionan las decisiones de los usuarios mediante interfaces o procesos que dificultan la elección libre e informada.
Las fuentes consultadas ponen como ejemplo de estas prácticas las acciones encaminadas a forzar pasos innecesarios durante una compra, dar una preferencia engañosa a las opciones más favorables para el comerciante o recurrir a alertas falsas para inducir una decisión inmediata. El objetivo es evitar que las empresas utilicen la arquitectura de sus servicios para orientar artificialmente las decisiones de los consumidores en beneficio propio. La propuesta también pone el foco en las funcionalidades que prolongan deliberadamente el tiempo de permanencia en las plataformas. Bajo la nueva regulación, los comerciantes deberán proporcionar herramientas fácilmente accesibles para que los usuarios puedan desactivar aquellas funciones que fomentan un uso compulsivo de los servicios digitales.
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Entre ellas figuran la reproducción automática de contenidos sin pausas, el desplazamiento infinito (infinite scrolling) o las notificaciones no solicitadas que simulan relaciones interpersonales. La intención de Bruselas es que estas funcionalidades no puedan imponerse de manera sistemática ni convertirse en mecanismos difíciles de controlar por parte del usuario.
Los influencers, bajo nuevas obligaciones de transparencia
Otro de los puntos clave de la nueva legislación afectará directamente al sector de los influencers y a la publicidad difundida a través de las redes sociales. Bruselas quiere exigir que los creadores de contenido identifiquen la naturaleza comercial de sus publicaciones de forma "clara, destacada y desde el inicio", mediante términos explícitos como "publicidad" o "colaboración comercial".
La medida pretende acabar con la ambigüedad entre las recomendaciones personales y los contenidos patrocinados, especialmente cuando estos últimos se presentan bajo una apariencia de opinión independiente. La Comisión busca que los consumidores puedan identificar desde el primer momento cuándo una publicación responde a un acuerdo comercial y no únicamente a la experiencia o valoración personal de quien la difunde.
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La regulación irá más allá de las obligaciones de transparencia. También prohibirá que los influencers se dirijan directamente a menores de edad para incitarles a comprar productos, así como la promoción de bienes o servicios peligrosos o cuya publicidad esté prohibida por ley, como las apuestas o determinados instrumentos especulativos. Además, las empresas que contraten a estos creadores de contenido deberán asumir contractualmente la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones. De esta manera, Bruselas pretende extender las exigencias de transparencia a toda la cadena comercial y evitar que las compañías puedan desvincularse de las prácticas publicitarias utilizadas por los perfiles con los que colaboran.
Videojuegos, monedas virtuales y compras dentro de las plataformas
La nueva Ley de Equidad Digital también abordará las prácticas comerciales vinculadas al juego en línea y a los entornos virtuales, con especial atención a los mecanismos de monetización que pueden afectar a los consumidores más jóvenes. Las compañías estarán obligadas a mostrar el valor monetario equivalente en dinero real de los artículos o elementos virtuales que comercialicen. Se trata de evitar que el uso de monedas propias de cada plataforma o videojuego dificulte que los usuarios comprendan cuánto están gastando realmente.
En los productos dirigidos a menores, las monedas virtuales de pago deberán permanecer desactivadas por defecto y requerir autorización parental para su utilización. La propuesta incorpora igualmente obligaciones de información sobre las probabilidades de obtener cada artículo en los sistemas de recompensas variables, conocidos como loot boxes o cajas de recompensa. Los operadores deberán informar de manera transparente sobre las posibilidades de conseguir cada elemento y ofrecer herramientas sencillas para desactivar estas funcionalidades. Con ello, la Comisión pretende reducir la opacidad de unos mecanismos que pueden incentivar compras sucesivas sin que el consumidor conozca previamente las probabilidades reales de obtener el artículo deseado.
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La transparencia en las suscripciones constituye otro de los ámbitos que los negociadores han tratado de incorporar durante la tramitación de la propuesta. Los últimos borradores contemplan un sistema de recordatorios obligatorios antes de que finalice un periodo de prueba gratuito. Las empresas deberán informar de la fecha de finalización, el precio que se aplicará posteriormente y las condiciones del servicio. El paso de una modalidad gratuita a otra de pago requerirá, además, el consentimiento explícito del consumidor. La intención es evitar que los usuarios terminen abonando servicios por no haber advertido que el periodo de prueba había concluido o por desconocer las condiciones económicas que entraban en vigor a continuación.
Estas obligaciones se extenderán también a las renovaciones de los contratos de suministro continuo. La propuesta contempla la posibilidad de rescindir contratos renovados indefinidamente mediante un preaviso máximo de un mes, con el objetivo de limitar las dificultades que encuentran los consumidores para abandonar servicios a los que se han suscrito. En aquellos contratos formalizados digitalmente, las empresas deberán incorporar un botón o una función claramente identificada con la expresión "cancelar el contrato aquí". El mecanismo de baja tendrá que ser tan accesible y sencillo como el proceso utilizado para contratar el servicio. Bruselas quiere evitar así que las compañías faciliten la suscripción mediante unos pocos clics mientras multiplican los obstáculos cuando el usuario decide darse de baja.
La propuesta también incorpora garantías en la atención al cliente. Los consumidores tendrán derecho a solicitar la intervención de un interlocutor humano en los servicios de atención en línea, una obligación con la que la Comisión pretende evitar que la automatización de estos canales se convierta en una barrera para resolver reclamaciones o gestionar incidencias.
Terminar con la obsolescencia programada
Los textos a los que ha tenido acceso este medio incorporan asimismo nuevas restricciones contra el greenwashing y otras prácticas comerciales desleales relacionadas con la sostenibilidad y la durabilidad de los productos. La propuesta vetará las declaraciones medioambientales genéricas, como "ecológico" o "verde", cuando no estén respaldadas por un rendimiento ambiental demostrado y reconocido. También prohibirá las afirmaciones de neutralidad climática que se sustenten exclusivamente en la compensación de emisiones fuera de la cadena de valor de una empresa, sin acreditar una reducción efectiva de su impacto ambiental.
Bruselas quiere intervenir igualmente sobre los productos diseñados para limitar deliberadamente su vida útil y favorecer su sustitución. La normativa pretende combatir estas prácticas, vinculadas a la obsolescencia programada, y reforzar la información que reciben los consumidores sobre la durabilidad de los bienes que adquieren. En paralelo, la Comisión limitará la posibilidad de ocultar que una actualización de software puede degradar el rendimiento de los dispositivos. Las empresas deberán evitar que los consumidores desconozcan las consecuencias que determinadas actualizaciones pueden tener sobre el funcionamiento de sus productos.
Un modelo replicado
La nueva legislación no se limitará a introducir obligaciones para los operadores. Uno de sus elementos centrales será el refuerzo de las capacidades de supervisión y ejecución de las autoridades comunitarias. Una vez que la normativa entre en vigor, la Comisión Europea contará, siguiendo el modelo de aplicación de la DSA, con competencias directas para investigar posibles infracciones e imponer sanciones. Los borradores contemplan multas de hasta el 6% de la facturación anual global de las compañías que incumplan las obligaciones establecidas.
Este régimen se complementará con las sanciones que deberán establecer los Estados miembros, con multas de al menos el 4% de la facturación anual de los comerciantes en los países afectados. La combinación de ambos niveles de ejecución pretende evitar que las nuevas obligaciones queden reducidas a declaraciones de intenciones y garantizar una aplicación efectiva en el mercado único.
En vísperas de la presentación de la propuesta, los gobiernos de España, Dinamarca y Portugal remitieron un escrito a la Comisión Europea para reclamar una regulación ambiciosa que permita a los usuarios diferenciar fácilmente las recomendaciones independientes que aparecen en los algoritmos de las redes sociales de aquellas que responden a intereses comerciales. Los tres países consideran que la expansión de los sistemas de recomendación obliga a reforzar las garantías de transparencia sobre los contenidos que reciben los usuarios y los criterios que determinan su visibilidad. La iniciativa reclama que estas exigencias vayan acompañadas de un refuerzo de "la transparencia y la rendición de cuentas entre los actores implicados".
Por su parte, los socialistas europeos venían presionando para que la nueva legislación sirviera también para abordar los precios dinámicos que aplican determinadas plataformas de venta de entradas para eventos culturales o de servicios de transporte con conductor. Se trata de prácticas que pueden provocar variaciones en el precio de un mismo producto o servicio en función de la demanda, el momento de compra u otros factores. Sin embargo, estas medidas no aparecen en los últimos borradores analizados por este medio. Su ausencia apunta a que algunas de las reivindicaciones planteadas durante las negociaciones no han encontrado todavía encaje en el texto que llegará al Colegio de Comisarios.
Con todo, las fuentes consultadas recuerdan que "nada está aprobado hasta que todo está aprobado". La presentación de este miércoles marcará el siguiente paso de una iniciativa con la que Bruselas aspira a actualizar las reglas del mercado único para un entorno digital en el que las prácticas comerciales, los mecanismos de persuasión y los modelos de negocio evolucionan más rápido que las herramientas tradicionales de protección del consumidor.