La organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado este jueves la decisión de la Justicia militar israelí de no abrir un procedimiento penal por la muerte de varios de sus trabajadores en bombardeos ocurridos en la Franja de Gaza en 2023 y 2024, y reclama que estos hechos sean examinados por un órgano de investigación independiente y ajeno a las autoridades israelíes.
“El personal de MSF y sus familiares han muerto. Se conocen sus nombres. Se comunicó su ubicación. Se identificaron sus vehículos. Siempre hemos sostenido que todos los indicios apuntan a una clara responsabilidad del Ejército israelí en los ataques mortales. Y, sin embargo, los responsables de sus muertes se han negado a llevar a cabo cualquier investigación penal”, ha lamentado en un comunicado.
La ONG recuerda que los casos abarcan “múltiples ataques contra un convoy humanitario” en ciudad de Gaza en noviembre de 2023, que provocaron dos fallecidos, así como otro ataque en febrero de 2024 contra un refugio en Jan Yunis, donde murieron otras dos personas y seis resultaron heridas. MSF insiste en que ambos episodios deben ser revisados por un “órgano de investigación imparcial” tras “dos años de silencio” desde que presentaron su petición ante la jurisdicción militar israelí.
En su análisis, la organización subraya que esta negativa demuestra que “no hay perspectivas de que se exijan responsabilidades dentro del sistema jurídico israelí” ni por la muerte de sus cooperantes ni por “el genocidio que Israel sigue cometiendo contra los palestinos”.
“La decisión de ‘archivar’ estos incidentes debe entenderse en su contexto adecuado: en Gaza han sido asesinados decenas de miles de palestinos. Se han destruido centros sanitarios. Se han atacado convoyes humanitarios. Periodistas, personal médico, personal de la ONU y trabajadores humanitarios han sido asesinados en un número sin precedentes en ningún conflicto reciente”, ha argüido.
MSF detalla que los 15 miembros de su personal sanitario fallecidos en el enclave desde octubre de 2023 en ataques atribuidos a fuerzas israelíes representan “solo una fracción de los 1.700 trabajadores sanitarios que han perdido la vida en ese periodo”, en un escenario de ofensivas continuas contra “civiles” que, según denuncia, se desarrollan “con impunidad”.
“MSF reafirma lo que ha venido afirmando desde el inicio de esta violencia: no existe ningún objetivo militar que justifique el sacrificio masivo de civiles. Y no hay ninguna revisión militar interna que pueda sustituir a una rendición de cuentas genuina, independiente e imparcial”, ha indicado.
La ONG añade que no aceptará que las muertes de sus compañeros, de otros trabajadores humanitarios o de la población civil en Gaza “quedan archivadas como inevitabilidades procesales”. “Merecíais protección. Merecéis justicia”, ha zanjado.
Condena de World Central Kitchen a la decisión israelí
En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) admitieron el miércoles por primera vez que dispararon en enero de 2024 contra el vehículo en el que viajaba la niña de 6 años Hind Rajab en la Franja de Gaza, y comunicaron la apertura de una investigación tras dos años negando su implicación en uno de los episodios más documentados de los ataques sobre el enclave.
El mando militar informó igualmente de que ha revisado otros bombardeos de gran repercusión internacional, como el que costó la vida a siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK) en abril de 2024 y los ataques mencionados contra personal de MSF.
En ambos expedientes, la Justicia militar israelí resolvió no iniciar nuevas diligencias ni un proceso penal, una determinación rechazada por la organización fundada por el chef español José Andrés, que considera que la resolución es “inconsistente con toda la verdad y profundamente ofensiva” y reclama que sea examinada por una “comisión independiente”.
“Las FDI sabían que nuestro equipo en Gaza estaba desarmado y no representaba una amenaza para nadie. Durante los múltiples ataques aéreos prolongados, tuvo visibilidad total de nuestros vehículos humanitarios claramente identificados”, indicó en un comunicado.
Además, la ONG sostiene que las autoridades israelíes “conocían de antemano los movimientos, identidades y actividades” de su personal. “La investigación militar mezcla diferentes cronologías y eventos, ensombrece el relato y desvía la responsabilidad por la conducta ilegal de las FDI”, señaló.
El Ejército israelí llegó a reconocer que se produjeron varios fallos graves que llevaron a sus tropas a creer erróneamente que un combatiente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) viajaba en el convoy. Al mismo tiempo, argumentó que WCK no habría informado de la presencia de personal de seguridad armado en los vehículos y que estos se desviaron de la ruta acordada con las autoridades, una versión que choca frontalmente con lo defendido por la organización humanitaria.