El Ejecutivo de Brasil expresó este martes que “repudia” la retirada del visado de su embajadora en Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti. La decisión de Washington llega después de que las autoridades brasileñas hayan demorado la autorización del candidato propuesto por la Casa Blanca para encabezar la misión diplomática estadounidense en Brasilia, un proceso cuyo ritmo y forma de tramitación ha sido defendido por Brasil, al igual que la negativa, días antes, a conceder visado a dos funcionarios del Departamento de Estado que tenían previsto desplazarse al país sudamericano.
“El Gobierno de Brasil repudia la decisión anunciada hoy por el Departamento de Estado de Estados Unidos de cambiar la visa de la embajadora de Brasil en Washington”, reza la nota publicada por el Ejecutivo brasileño en respuesta a la cartera diplomática estadounidense.
Washington ha señalado que restaurará el visado de la representante brasileña en cuanto Brasil dé luz verde al nombramiento de Daniel Pérez como embajador de Estados Unidos en Brasilia. El Departamento que lidera Marco Rubio remitió la petición formal a Brasil para designar a Pérez como su enviado, pero lo hizo un mes después de haber hecho público el anuncio, un proceder que generó malestar en el Palacio de Planalto.
En su comunicado, el Gobierno brasileño ha criticado esta forma de actuar y ha recordado que “el proceso de 'agrément' (el consentimiento previo y confidencial que un Estado receptor otorga a otro para aceptar a su candidato a jefe de misión diplomática) es confidencial, y el nombre del candidato solo debe hacerse público una vez otorgada la aprobación, según lo estipulado en el Artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.
Asimismo, Brasil ha defendido el periodo empleado para analizar la propuesta, subrayando que “la Convención de Viena no establece ningún plazo para otorgar el agrément” y que “la solicitud de Estados Unidos aún está en revisión”. “Brasil se rige estrictamente por el Derecho Internacional”, remarca el texto oficial, que insiste en que el país actúa conforme a las normas multilaterales.
Por otro lado, Brasilia ha explicado la negativa de visado, días atrás, a dos altos cargos del Departamento de Estado que iban a viajar al país para tratar sobre la libertad de expresión en el marco de las elecciones, tal y como sostuvo inicialmente Washington. Sin embargo, el diario 'The Washington Post' reveló que los subsecretarios del Departamento Riley M. Barne e Samuel D. Samson tenían la intención de poner en cuestión el sistema de voto electrónico brasileño antes de los comicios de octubre.
“Los dos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos a quienes se les negaron las visas de entrada a Brasil planeaban visitar el país para cuestionar la integridad del sistema electoral brasileño, en un intento inaceptable de interferir en el proceso político nacional”, ha protestado a este respecto el Palacio del Planalto, que considera la maniobra una injerencia directa.
El Gobierno encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva interpreta la decisión de la Administración de Donald Trump como “parte de una escalada deliberada de medidas hostiles contra Brasil, motivada por razones ideológicas incompatibles con una relación bilateral que siempre se ha basado en el respeto mutuo”.
Con estas palabras, alude a un vínculo bilateral tensionado por sanciones, aranceles y represalias procedentes de Washington, vinculadas al juicio por intento de golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro, al impulso desde Brasilia del sistema de pagos Pix —que, según se queja Estados Unidos, perjudica a proveedores estadounidenses— y a las iniciativas para responsabilizar a las plataformas de redes sociales por los contenidos que difunden.
“Cabe recordar que las sanciones individuales contra funcionarios brasileños siguen vigentes, en particular la cancelación de visas estadounidenses, basada en la acusación infundada de persecución política contra el expresidente Bolsonaro”, ha anotado el Gobierno de Brasil, señalando que “entre estos funcionarios se encuentran magistrados del Tribunal Supremo y altos cargos del Poder Ejecutivo”.
Entre ellos figura el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, uno de los blancos del fallido golpe de Estado encabezado por Jair Bolsonaro y figura central en el proceso judicial derivado, así como en otros procedimientos contra el exmandatario y su hijo Eduardo Bolsonaro, actualmente huido en Estados Unidos.
“El Gobierno brasileño no ha escatimado esfuerzos para resolver estas diferencias”, subraya el documento, que recuerda que “el propio presidente Lula, durante su visita a Washington en mayo pasado, solicitó, entre otros asuntos, al presidente Trump que levantara las sanciones individuales”.
Además, Brasilia sostiene que “el interés injustificado en interferir en las próximas elecciones presidenciales también es evidente”. En esos comicios, Lula se enfrentará, entre otros candidatos, al ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y que ya ha recibido el respaldo de Washington.
“En consonancia con su tradición diplomática, el Gobierno brasileño se opone a los enfoques de confrontación y reitera su compromiso con el diálogo y la negociación en todas sus relaciones internacionales”, concluye la nota, insistiendo en que Brasil apuesta por la vía diplomática pese a la escalada de tensiones.