Las autoridades colombianas han informado este martes de que cerca de 24.000 personas han resultado afectadas por “eventos de desplazamiento forzado masivo” vinculados al conflicto armado interno entre enero y agosto de 2026. De ese total, alrededor de 6.000 personas, es decir, casi una cuarta parte, corresponden únicamente al mes de agosto, el primero con Abelardo de la Espriella al frente del Gobierno de Colombia.
“En agosto de 2026 se registraron once eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 5.976 personas”, ha indicado la Defensoría del Pueblo de Colombia en un comunicado sobre su más reciente Boletín de Movilidad Humana, en el que también se precisa que “entre enero y agosto de 2026, (...) un total de 111 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 23.931 personas”.
El departamento de Cauca encabeza la lista de territorios más golpeados, con más de 6.700 personas desplazadas. A continuación se sitúan Norte de Santander, con más de 4.350 afectados; Antioquia, con más de 3.150; Nariño, con más de 2.550, y Magdalena, con más de 1.900 personas obligadas a abandonar sus hogares.
La Defensoría, que remarca que estos hechos están “asociados a los efectos derivados del conflicto armado interno”, ha señalado además que en agosto “nueve eventos de confinamiento restringieron la movilidad de 6.201 personas”, una cifra que representa algo más del 7,7% de las 80.369 personas afectadas por los 63 episodios de confinamiento contabilizados desde comienzos de año.
En lo que respecta al confinamiento, el departamento más impactado ha sido Chocó, con 15.641 personas afectadas, seguido por Cauca, con 13.350; Putumayo, con 12.646; Caquetá, con 11.651, y Bolívar, con 6.593.
El Boletín de Movilidad también detalla que más de 69.000 personas migrantes “estuvieron en tránsito irregular por el país entre enero y agosto de 2026”, aunque esta cantidad “representa una reducción del 39,1% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 113.338 personas migrantes”. “En su mayoría, estas personas provienen de Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Perú”, añade el documento.
En este contexto y “como entidad nacional de Derechos Humanos”, la Defensoría ha instado al Gobierno y al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) a que “revisen y ajusten los procedimientos establecidos para la atención de emergencias por desplazamiento forzado y confinamiento”.
El objetivo, ha subrayado, “es reducir las barreras y cargas administrativas que retrasan la respuesta institucional, priorizar la urgencia humanitaria y garantizar de manera efectiva los derechos de las comunidades afectadas”.
Así, el último Boletín de Movilidad Humana ofrece un panorama actualizado de la evolución del desplazamiento forzado ligado al conflicto armado interno de Colombia durante el primer mes de Abelardo de la Espriella en la Presidencia.
El dirigente ultraderechista había prometido un giro en la estrategia frente a las guerrillas y otros grupos armados presentes en el territorio colombiano, adoptando decisiones como el desmantelamiento de los diálogos de paz y elevando la intensidad de los bombardeos sobre los campamentos de estas organizaciones, una medida a la que su adversario político y antecesor, Gustavo Petro, empezó a mostrarse más receptivo e incluso a aplicar en la fase final de su mandato, pese a su anterior rechazo frontal.