La Justicia de Honduras ha decidido este lunes que el expresidente Juan Orlando Hernández sea procesado en libertad y ante un tribunal ordinario, en vez de en la Corte Suprema como se había contemplado inicialmente, por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude en perjuicio del Estado.
La resolución ha sido adoptada por el Juzgado Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de salida del país y que el exmandatario quede “al cuidado y vigilancia” de su equipo de defensa, “debiendo rendir un informe semanalmente de su condición”, además de una caución juratoria.
“Juan Orlando Hernández quedará bajo el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa, el cual deberá presentar un informe semanal sobre su situación jurídica”, ha indicado ante los medios el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, en declaraciones recogidas por el diario ‘El Heraldo’.
En relación con la caución juratoria, Silva ha detallado que “tendrá que emitirse un acta por las partes procesales, donde el imputado (...) se deberá juramentar e indicará que se va a someter al proceso”.
Según ha informado el Poder Judicial hondureño en un comunicado difundido en redes sociales, la audiencia inicial ha sido programada para el próximo 12 de agosto en la sala sexta del Tribunal de Sentencia.
Este órgano jurisdiccional ordinario asumirá la causa después de que este mismo lunes se haya declarado “sin lugar” el recurso presentado el pasado viernes por la defensa de Hernández, que pretendía mantener el expediente en la Corte Suprema de Justicia.
En octubre de 2023, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción del país incorporó a Hernández al expediente del caso Pandora II, al considerar que figuraba entre los supuestos favorecidos por una red que habría desviado fondos públicos hacia fines político-electorales.
En concreto, el exgobernante fue imputado ‘in absentia’ por la Fiscalía del Estado el 11 de octubre de 2023 por los delitos de lavado de activos y fraude contra el Estado, a raíz del presunto desvío de más de 62 millones de lempiras (unos dos millones de euros) para financiar su campaña electoral de 2013, cuando se presentó por primera vez como candidato a la Presidencia.
Hernández regresó a Honduras el pasado 26 de julio, tras un periodo de más de cuatro años fuera del país desde su extradición a Estados Unidos, su posterior condena a 45 años de prisión por narcotráfico y el indulto que le fue concedido a finales del año pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
La sentencia, dictada en junio de 2024 tras su arresto dos años antes, acreditó sus vínculos con cárteles de la droga para facilitar el envío de hasta 400 toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos.