El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha comunicado este viernes la imposición de nuevas sanciones al Tribunal Penal Internacional (TPI), en un nuevo capítulo de la ofensiva emprendida por Washington contra la corte con sede en La Haya, que ya afectó el pasado agosto a su presidenta, Tomoko Akane.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha adoptado estas medidas contra el TPI sin ofrecer por ahora información detallada sobre su alcance, aunque ha emitido de forma simultánea hasta cuatro licencias específicas vinculadas a las actividades del tribunal.
De este modo, el Tesoro autoriza hasta el 7 de abril de 2027 determinadas "transacciones" con el TPI que resulten imprescindibles para "la continuidad de las operaciones, incluidos los pagos de los Estados parte (...), el pago de salarios, seguros médicos y servicios médicos para los empleados, beneficiarios de subvenciones o contratistas del TPI; el pago de alquileres, servicios públicos, impuestos, seguros y otras tasas; el pago de servicios rutinarios a la corte".
El departamento dirigido por Scott Bessent permite igualmente que el tribunal siga gestionando el abono de pensiones, así como las operaciones financieras "relacionadas con las telecomunicaciones y el software empresarial en las que interviene" el TPI. También quedan autorizados los "servicios destinados a la salud, la seguridad y el bienestar" de las personas bajo custodia del tribunal y los "servicios para el funcionamiento de las instalaciones" donde se encuentran los detenidos.
Esta decisión profundiza en la confrontación de Estados Unidos con el TPI, al que acusa de ser un organismo "supranacional corrupto" y "politizado" que excede sus competencias. Además de la presidenta de la corte, otros jueces y fiscales han sido objeto de sanciones por parte de la Administración Trump en respuesta a la investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza.