El ex presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Dennis Hastert, que pasó más de un año en prisión por delitos financieros relacionados con abusos sexuales a menores, ha muerto a los 84 años en su domicilio de Plano, en el estado de Illinois. Según ha comunicado la oficina del forense del condado de Kendall, el fallecimiento se produjo por causas naturales mientras recibía cuidados paliativos.
La responsable de dicha oficina, Jacquie Purcell, explicó que, tras revisar las circunstancias del deceso y coordinarse con el personal sanitario que lo atendía en casa, las autoridades concluyeron que no era necesaria la apertura de una investigación formal ni la intervención directa del forense, por lo que la certificación oficial de la muerte quedó en manos de su médico de cabecera.
Hastert presidió la Cámara Baja estadounidense entre 1999 y 2007, convirtiéndose en el republicano que más tiempo consecutivo ha ocupado ese puesto en la historia del país. Durante esos ocho años desempeñó un papel institucional destacado como aliado del entonces presidente George W. Bush, respaldando la aprobación de leyes clave tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y apoyando la implicación militar de Estados Unidos en las guerras de Afganistán e Irak. Asimismo, impulsó la denominada “regla Hastert”, que consistía en no someter a votación ninguna iniciativa legislativa que no contara con el apoyo mayoritario de su propio grupo republicano.
Tiempo después de dejar la primera línea política, su carrera pública quedó empañada por un escándalo judicial que destruyó su prestigio institucional. En 2015 fue acusado de delitos financieros por tratar de sortear los controles bancarios federales con el fin de efectuar pagos millonarios destinados a silenciar abusos sexuales cometidos décadas antes contra menores, cuando trabajaba como profesor y entrenador de lucha en un instituto de secundaria. En 2016 fue sentenciado a 15 meses de cárcel en un fallo en el que el juez lo calificó de “abusador de menores en serie”, y llegó a cumplir 13 meses en una prisión federal antes de quedar en libertad supervisada.