Al menos ocho nicaragüenses exiliados en Estados Unidos y “privados de su nacionalidad” por el Ejecutivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido arrestados por las autoridades migratorias estadounidenses, algunos de ellos en pleno trámite de asilo, según ha denunciado Human Rights Watch (HRW). La organización advierte de que podrían ser enviados a terceros países donde volverían a quedar expuestos a persecución o torturas.
Siete de los detenidos integraban el grupo de 222 presos políticos que Managua expulsó a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. Tras tacharlos de “traidores”, el Gobierno nicaragüense les retiró la nacionalidad. Una vez en suelo estadounidense, Washington les otorgó un permiso de permanencia por razones humanitarias con una vigencia de dos años.
El octavo arrestado es el periodista Luis Galeano, a quien le fue suprimida la nacionalidad seis días después, junto con la de otros 93 opositores al régimen. Fuentes conocedoras de los casos han indicado a HRW que al menos cuatro de estas personas tenían solicitudes de asilo aún en curso.
“Tras ofrecer refugio a estos críticos del Gobierno nicaragüense hace apenas tres años, Estados Unidos ahora los detiene y amenaza con deportarlos”, ha señalado la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.
“El Derecho Internacional prohíbe a Estados Unidos devolver a cualquier persona para que enfrente la amenaza de persecución o tortura. Las autoridades estadounidenses no deberían intentar enviar a estos hombres de vuelta al peligro”, ha subrayado.
Detenciones en pleno proceso migratorio
Al menos dos de los ocho nicaragüenses fueron detenidos entre abril y septiembre de 2026 cuando acudían a una vista judicial o a una entrevista vinculada a sus expedientes de asilo. Según HRW, cinco de los ocho continúan actualmente bajo custodia migratoria.
La ONG tomó declaración en septiembre al abogado de dos de ellos y a la esposa de un tercero. Además, verificó a través del Sistema de Localización de Detenidos en Línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que cuatro seguían retenidos por esta agencia estadounidense.
HRW también consultó el sistema automatizado de información de casos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración para conocer el estado de los procedimientos abiertos. La detención de otro de los afectados ha sido difundida por la prensa, aunque la organización puntualiza que no ha podido corroborarla de forma independiente.
Otros dos hombres han sido excarcelados. El periodista Luis Galeano obtuvo la libertad bajo fianza el 26 de septiembre, mientras que Marvin Castellón Ubilla salió en julio, tras haber permanecido más de dos meses en un centro de detención del ICE.
Dos de los ocho nicaragüenses fueron condenados en su país por delitos vinculados al narcotráfico, pero organizaciones nicaragüenses de Derechos Humanos sostienen que esos procesos fueron de carácter político. En otro caso, un ciudadano fue procesado en Estados Unidos por posesión ilegal de un arma de fuego regulada y posteriormente quedó en libertad condicional, según una resolución judicial analizada por HRW.
El caso del periodista Luis Galeano
Galeano, de 48 años, fue arrestado por el ICE el 14 de septiembre y un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza el 23 de ese mismo mes, abandonando tres días después el centro de detención migratoria de Krome, en Miami, donde había permanecido recluido.
Su familia ha explicado a HRW que Galeano presentó su solicitud de asilo en junio de 2019 y que contaba con permiso de trabajo en Estados Unidos, país en el que no registra antecedentes penales. Su próxima vista ante el tribunal de inmigración está fijada para el 27 de octubre.
El centro de Krome ha sido objeto de fuertes críticas por parte de Human Rights Watch, que ha documentado condiciones que califica de “abusivas”; entre ellas, la permanencia durante días en celdas de ingreso abarrotadas y sometidas a temperaturas muy bajas, en ocasiones sin acceso a ropa de cama.
A estas denuncias se suman las conclusiones de una inspección sorpresa realizada en mayo de 2025 y cuyos resultados se hicieron públicos el 11 de septiembre por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. El informe detectó incumplimientos en materia de atención médica y uso de la fuerza, incluido el empleo indebido de una técnica de estrangulamiento contra un detenido.
Cientos de nicaragüenses sin nacionalidad
Human Rights Watch enmarca estos episodios en la represión ejercida por las autoridades nicaragüenses en los últimos años y sostiene que Nicaragua se ha transformado, bajo el mandato de Ortega y Murillo, en uno de los regímenes más autoritarios del hemisferio occidental. Las personas críticas con el Gobierno se enfrentan con frecuencia a prisión, exilio o despojo de la nacionalidad.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos, una entidad nicaragüense de defensa de los Derechos Humanos, contabilizaba en septiembre de este año al menos 68 presos políticos, de los cuales 31 eran considerados víctimas de desaparición forzada.
Entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, las autoridades nicaragüenses retiraron la nacionalidad a 452 personas y procedieron a la confiscación de sus bienes. Entre ellas figuraban los 222 presos políticos enviados a Estados Unidos en febrero de 2023.
Paralelamente, la Administración estadounidense de Donald Trump ha impuesto sanciones a numerosos cargos nicaragüenses por su presunta implicación en la represión interna.
Auge de las deportaciones desde Estados Unidos
Al mismo tiempo, las expulsiones de nicaragüenses desde Estados Unidos se han incrementado de forma notable. Un análisis de HRW basado en datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estima que más de 6.300 ciudadanos nicaragüenses fueron deportados entre enero y julio de 2026, frente a los 3.323 registrados en el mismo periodo de 2025.
Medios consultados por la organización internacional han informado de que algunos de los retornados han quedado sometidos a vigilancia tras su regreso al país.
El Gobierno estadounidense ha optado también por enviar a nicaragüenses a terceros Estados. De acuerdo con el análisis de HRW a partir de información de ICE, desde enero de 2025 más de 1.100 nicaragüenses han sido trasladados a otros países, principalmente México (864 personas), El Salvador (63), Guatemala (50) y Honduras (49).
La ONU denuncia una red contra exiliados
El riesgo para quienes son deportados a países vecinos se vincula además con las actividades de espionaje exterior atribuidas al Gobierno de Managua.
Expertos de la ONU informaron en marzo de la existencia de una estructura transnacional de vigilancia e inteligencia destinada a localizar, controlar y perseguir a nicaragüenses exiliados, y documentaron al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos del Gobierno en el extranjero, entre ellos el del exmayor del Ejército nicaragüense Roberto Samcam, en junio de 2025 en Costa Rica.
En este contexto, HRW advierte de que el traslado de exiliados nicaragüenses a Honduras u otros países de la región podría facilitar que vuelvan a quedar al alcance de las autoridades de las que huyeron.
En la misma línea, la organización reclama a Estados Unidos que se abstenga de deportar a Nicaragua a quienes puedan enfrentarse allí a persecución o tortura, y pide al Congreso estadounidense que exija al Departamento de Seguridad Nacional información detallada sobre los nicaragüenses despojados de su nacionalidad por Managua que permanecen bajo custodia de ICE.