HRW califica los juicios masivos en El Salvador como una burla a la justicia

HRW denuncia que los juicios masivos bajo el régimen de excepción en El Salvador vulneran el debido proceso y consolidan un encarcelamiento masivo.

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Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Camilo Freedman / Zuma Press / Europa Press

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La organización Human Rights Watch (HRW) ha alertado de que, desde principios de 2026, en El Salvador se están llevando a cabo “juicios masivos de cientos de acusados a la vez”, basados en pruebas “débiles” y “sin oportunidad real de defenderse”, dentro del régimen de excepción decretado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

“Los juicios masivos en El Salvador son una burla a la justicia”, ha afirmado la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, quien sostiene que estos procesos están concebidos para asegurar condenas y “no para sopesar las pruebas bajo el debido proceso”.

Según Goebertus, “El resultado no es la rendición de cuentas paras las víctimas de la violencia de las pandillas, sino simplemente la ratificación del encarcelamiento masivo durante los cuatros años de estado de emergencia”.

HRW ha recogido los testimonios de alrededor de quince abogados que describen obstáculos sistemáticos para ejercer la defensa, además de revisar cuatro expedientes que incluyen a más de 600 acusados y una resolución judicial que afectó a otras 120 personas.

Uno de los letrados consultados por la ONG ha calificado estos procedimientos como “Es macabro”. Los relatos apuntan a que los jueces impiden a los defensores revisar de forma adecuada los expedientes de sus clientes, que tampoco pueden entrevistarse en privado con ellos, y solo disponen de unos minutos para presentar sus argumentos, mientras los fiscales intimidan con procesar a los testigos.

De acuerdo con estos testimonios, los testigos que declaran para negar la pertenencia de un acusado a una pandilla son “intimidados” y “amenazados” con ser arrestados como supuesto “colaborador” de estas organizaciones criminales.

Las quejas de los abogados coinciden con las declaraciones de varios agentes policiales entrevistados por HRW, que han admitido que numerosos informes y elementos de cargo se apoyan en pruebas fabricadas o no verificadas, en un contexto de fuertes presiones de sus superiores para incrementar las detenciones.

“Los fiscales afirman que una persona es miembro de una pandilla porque un policía lo dice. El fiscal se basa en el informe policial, y este se basa en información oficial no especificada o rumores públicos”, ha explicado otro abogado a la ONG.

Las defensas sostienen que buena parte de las imputaciones se originan en testimonios anónimos con promesa de inmunidad, cuyas versiones son aceptadas por los jueces pese a la existencia de otras pruebas y declaraciones que apuntan en sentido contrario.

Estado de emergencia y encarcelamiento masivo

El Salvador permanece bajo un régimen de excepción desde febrero de 2022, decretado por el presidente Nayib Bukele tras un repunte sin precedentes de asesinatos atribuidos a las pandillas. Desde entonces, han sido arrestadas más de 93.000 personas, entre ellas 3.000 menores de edad.

Diversas organizaciones de Derechos Humanos han documentado abusos sistemáticos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos en los centros de reclusión amparados por el estado de emergencia.

Se calcula que actualmente hay unas 120.000 personas encarceladas en el país, alrededor del 2% de la población total, lo que sitúa a El Salvador entre las naciones con mayor tasa de población reclusa del planeta y desborda la capacidad del sistema penitenciario para garantizar condiciones mínimas de salubridad.

Alrededor de 500 personas han fallecido bajo custodia estatal durante la vigencia del régimen de excepción, mientras que más del 90% de los presos continúan en prisión preventiva desde hace años, en parte por las últimas reformas legales que permiten prolongar ampliamente la reclusión sin sentencia firme.

“El Gobierno ha construido un sistema diseñado para condenar a cientos de personas a la vez, sin ningún mecanismo para separar a los inocentes de los culpables”, ha advertido Goebertus, subrayando que la falta de independencia judicial y el uso arbitrario del poder punitivo han extendido el miedo entre la ciudadanía, así como entre abogados y testigos, que temen represalias y hostigamiento policial.