Europa se calienta. En España, el problema de la vivienda derivó en una nueva acampada de Sol y provocará una huelga general. En Francia, las calles arden y pierden toda su confianza en Macron. Y, en Italia, son ya varios días de tensión social, con disturbios en Milán y otras ciudades y protestas de transportistas en el sur por el encarecimiento del combustible. Los enfrentamientos entre manifestantes y policías, los saqueos de comercios y los daños materiales han llevado al Gobierno de Giorgia Meloni a aprobar un nuevo decreto de seguridad que endurece las consecuencias penales de determinados actos violentos durante las movilizaciones.
Los focos de conflicto tienen características distintas. En Milán, las protestas del fin de semana por el coste de la vida y los servicios públicos derivaron en enfrentamientos, destrozos y saqueos. La Policía intervino para dispersar a los grupos violentos y practicó detenciones. En el sur del país, los transportistas han protagonizado bloqueos por el aumento del precio del combustible, con consecuencias para el suministro de materias primas y la actividad de empresas alimentarias.
Meloni introduce penas de hasta cinco años de cárcel
En respuesta, el Consejo de Ministros aprobó el 20 de octubre un decreto que crea un nuevo delito de participación violenta en una manifestación. La primera ministra, Giorgia Meloni, explicó que quienes se unan a un grupo de cinco o más personas y lancen piedras, petardos o palos poniendo en peligro la seguridad pública podrán enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros. Las sanciones pueden agravarse en determinados supuestos, como cuando se oculta el rostro o se causan lesiones.
"Si durante una marcha o manifestación te unes a un grupo de cinco o más personas y empiezas a lanzar piedras, petardos, palos, poniendo en peligro la seguridad de todos, corres el riesgo de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 20.000 euros", afirmó Meloni en un vídeo difundido tras la reunión del Ejecutivo.
La mandataria resumió otra de las medidas con la frase "quien rompe, paga". El decreto contempla mecanismos para reclamar los daños ocasionados a bienes públicos y privados y prevé que los padres puedan tener que responder económicamente por los desperfectos causados por sus hijos menores, en los términos establecidos por la norma.
Más medidas sobre menores y responsabilidad por daños
El paquete incluye cambios relacionados con la detención preventiva de menores y adelanta la aplicación de una disposición sobre la capacidad de comprensión de adolescentes de entre 14 y 18 años. Meloni recordó que esta última medida ya se había aprobado anteriormente y estaba en tramitación parlamentaria, pero defendió que el decreto permite aplicarla de inmediato.
El Gobierno de Giorgia Meloni sostiene que las medidas buscan prevenir nuevos episodios violentos y proteger a comerciantes, trabajadores y agentes de seguridad. La reforma abre también un debate sobre los límites de la respuesta penal, el tratamiento de los menores y la necesidad de distinguir entre los actos violentos y el ejercicio pacífico del derecho de manifestación.
El decreto ley deberá ser examinado por el Parlamento italiano y convertido en ley en un plazo de 60 días. Durante la tramitación podrán introducirse modificaciones antes de que quede definido su alcance definitivo.